Por decisión de la Inspectora 17 Distrital de Policía de Atención Prioritaria, Mireya Peña García, al joven Steven Claros le será devuelto el dinero que por concepto de multa tuvo que pagar tras ser sancionado por la Policía el pasado 11 de febrero en el barrio La Castellana de Bogotá.
Ese día, agentes de la Policía le impusieron un comparendo de 830 mil pesos por comprarle empanadas a una señora que, al parecer, estaba invadiendo el espacio público con un puesto de venta de fritos. Según los uniformados, la acción del ciudadano va en contravía del artículo 140 del Código de Policía, numeral 4, que la define como un comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público al promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente.
Claros pagó dentro de los primeros cinco días hábiles, por lo que obtuvo una rebaja del 50 % y canceló solo 441 mil pesos. Ese dinero es el que tiene que devolverle el Distrito Capital.
La Personería de Bogotá hizo un acompañamiento “en garantía de los derechos de defensa y debido proceso del ciudadano”, dijo Carmen Teresa Castañeda, personera de la capital colombiana, que apoyó al estudiante y solicitó que no se aplicara la sanción, por interpretación desmedida de la norma y desproporcionada frente a la circunstancia.
La inspectora Peña García accedió a la pretensión en audiencia realizada el pasado 1 de marzo pasado a la que acudieron el policía, el afectado y el Ministerio Público y decidió dejar sin efecto la medida.