Buenos Aires, 7 julio.- Varias organizaciones sociales, políticas y sindicales argentinas iniciaron una acampada para pedir la liberación de la activista Milagro Sala, que este viernes cumple 2.000 días detenida por delitos de corrupción, y es considerada por algunos sectores del país una «presa política».
El acampe, que se inició ayer en la icónica Plaza de Mayo de Buenos Aires, se mantendrá hasta el próximo sábado e incluirá varias actividades como paneles, programas de radio, misas y marchas.
«De los dos mil días que Milagro y nuestras compañeras siguen presas, más de quinientos cincuenta días han transitado con el peronismo gobernando. Es en defensa de la democracia que precisamos reconquistar es que vamos a estar ocupando la Plaza de Mayo del 6 al 9 de Julio con un masivo acampe popular», indicó el coordinador nacional de la Tupac Amaru -a la que pertenecía Sala-, Alejandro Garfagnini.
Garfagnini señaló que el acampe «no es en contra del Gobierno», y que su objetivo es «darle la fuerza necesaria para torcer la voluntad de una minoría privilegiada que pretende dirigir los destinos del país mas allá de la voluntad electoral».
«Milagro Sala y nuestras presas y presos políticos, son un dolor terrible en las entrañas de una militancia que reconquistó la mayoría popular sin abandonar jamás la bandera de la persecución política sufrida», agregó.
La dirigente, que actualmente cumple prisión domiciliaria, fue detenida el 16 de enero de 2016 en la norteña provincia de Jujuy, poco más de un mes después de la asunción del conservador Mauricio Macri (2015-2019), cuando fue acusada de instigación al tumulto durante una protesta contra el gobernador provincial, aliado del entonces presidente.
El año pasado la Justicia ratificó una condena a 13 años de prisión al considerar que la dirigente de la organización política argentina Tupac Amaru era «jefa de una asociación ilícita» en el marco de la causa «Pibes Villeros», contra ella y otros 29 imputados.
Sala, que llegó a ser elegida en 2015 para ocupar un escaño en el Parlamento del Mercosur por el Frente de la Victoria, de corte kirchnerista, también afronta una condena de 4 años en la causa conocida como «Luca Arias», que dictaminó que agredió a un dirigente social jujeño en 2006.
La causa prescribió en 2009, pero fue reabierta en 2016 por orden del Juez Pablo Pullen Llermanos, a quien las fuentes de la acusada apuntaron como un «aliado judicial del contador Gerardo Morales, como parte del entramado de persecución y hostigamiento que sufren las organizaciones sociales en la provincia de Jujuy».
