Desde el 2018, magistrados de este alto tribunal debaten sobre el futuro de las adjudicaciones de predios probablemente de la Nación por vía judicial que va en contravía de las normas agrarias y en detrimento de labriegos sin tierra. El gobierno nacional ha pedido que se aplace la decisión, programada para este viernes.
Marzo, 12 de 2021.- Por lo menos trece organizaciones campesinas de diversas regiones del país expresaron sus inquietudes sobre la petición del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras de aplazar la decisión sobre varias tutelas instauradas hace varios años con el fin de recuperar tierras de la Nación que acabaron, en su mayoría, en manos de terratenientes, políticos y narcotraficantes que no cumplían ningún requisito de reforma agraria.
Unos y otros acudieron ante juzgados municipales y de circuito para que les aplicaran la cuestionada figura de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, reglada por normas civiles y no por las leyes agrarias, y que se convirtió en una práctica cuestionada por diversos sectores sociales que le reclaman a la Corte una definición concreta. (Leer más en: Tras los baldíos de la Nación)
Dado que este portal ha incentivado la discusión con varias investigaciones periodísticas, apoyadas por la organización Dejusticia, consideramos importante publicar la carta completa que las organizaciones campesinas enviaron hace algunos momentos a la Corte Constitucional.
Desde las distintas regiones del país, 12 de marzo de 2021
Magistradas y Magistrados
Corte Constitucional
E.S.D.
Referencia: carta pública del campesinado a la Corte Constitucional en los casos T 6.091.370, T-6.154.475, T-6.343.152, T-6.379.131, T6.387.749, T-6.390.673, T-6.489.549, T-6.489.741 y T-6.688.471 (acumulados)
Las organizaciones campesinas abajo firmantes dirigimos esta comunicación pública a la Corte Constitucional frente a la solicitud que el gobierno nacional y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hicieron el día de ayer a este Tribunal para que aplace la toma de una decisión trascendental sobre la disponibilidad de los baldíos dentro de la reforma agraria. Una vez más, insistimos en la urgencia de que el Estado colombiano adopte medidas de largo alcance y articuladas para revertir las condiciones de empobrecimiento y exclusión en que nos encontramos las campesinas y campesinos, las cuales han sido y serán agravadas con el desvío de las tierras públicas destinadas a la reforma agraria a otros fines, como lo ilustra el caso que hoy la Corte estudia. Como lo hemos expuesto en repetidas ocasiones y en distintos escenarios—desde derechos de petición, tutelas, mesas de diálogo con las entidades estatales hasta paros y protestas—, las y los campesinos hemos demandado unas condiciones de vida más dignas y en igualdad de condiciones que nos permitan gozar de plenos derechos, como lo promete la Constitución del 91 a todas las personas sin distinciones de trato.
A través de los medios de comunicación, conocimos la solicitud del gobierno nacional y la Agencia Nacional de Tierras que hicieron a la Corte Constitucional, el día de ayer 11 de marzo, para que suspendiera el proceso que ese Tribunal analiza desde 2018, el cual agrupa varias acciones de tutelas dirigidas a recuperar baldíos que fueron entregados a particulares por parte de jueces civiles, en procesos de prescripción adquisitiva de dominio y sin el cumplimiento de los requisitos de la reforma agraria. Dicha solicitud se sustenta en que la Corte no tendría los elementos de juicio necesarios para decidir las tutelas que están acumuladas en ese proceso, debido a que las entidades encargadas de la gobernanza de la tierra aún no han finalizado el inventario de baldíos ordenado en la sentencia T-488 de 2014. En palabras del gobierno nacional y la ANT,
[S]e hace necesario revisar, analizar y establecer unas rutas que integren salidas jurídicas a las situaciones de prescripción adquisitiva de dominio proferidas y cuyos beneficiarios han sido en su gran mayoría, sujetos de acceso de acceso a tierra sobre extensiones inferiores UAF que muy posiblemente han Carta pública del campesinado colombiano a la Corte Constitucional equivocado la ruta para consolidar un derecho legítimo, y que por motivos de la normatividad actual, vendría incierta su situación jurídica frente a la tierra.
Como organizaciones campesinas, consideramos que dicha solicitud del gobierno nacional y la ANT, que coincide con la petición que la Sociedad de Agricultores de Colombia difundió ayer en redes sociales, no tiene ningún fundamento y, por tanto, debe ser rechazada por la Corte Constitucional. Primero, si bien es cierto que la prescripción sobre presuntos baldíos ha ocurrido, en algunas ocasiones, sobre predios pequeños y probablemente haya beneficiado a sujetos de la reforma agraria—como sería el caso de Boyacá—, también es cierto que, como lo han documentado la academia y medios de comunicación independientes, la prescripción ha servido en varias ocasiones a la acumulación de la propiedad rural. En distintos departamentos, la prescripción adquisitiva ha permitido que particulares se apropien de grandes extensiones de tierra que sobrepasan los límites de la Unidad Agrícola Familiar. Además, los beneficiarios no eran sujetos de reforma agraria, según las reglas vigentes al momento de las sentencias civiles y, aún en los términos del Decreto-Ley 902 de 2017, no puede ser catalogados sujetos de acceso a tierra a título gratuito, es decir, no son campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
Segundo, desde el 2014, la Corte Constitucional ha emitido órdenes estructurales en la materia, incluyendo la elaboración del plan nacional de clarificación de baldíos. Sin embargo, después de siete años, los avances en la materia son exiguos. Las organizaciones campesinas consideramos que siete años son suficientes para que las entidades estatales ya hubieran precisado e iniciado a ejecutar rutas dirigidas tanto a proteger a los campesinos que acudieron a la prescripción para formalizar la tierra que ocupan, como a recuperar la tierra que ha sido apropiada de manera indebida y que debe destinarse a favor del campesinado. Las respuestas de las entidades en el seguimiento de la T-488 de 2014 y esta carta suscrita por la ANT y el gobierno nacional evidencian que esas tareas no han sido ejecutadas por las instituciones encargadas de la tierra, a pesar de que han tenido siete años para ello, tras el último pronunciamiento de la Corte al respecto.
Tercero, las entidades estatales y el gobierno nacional han contado con distintas oportunidades para participar no solo en este proceso, sino en otras acciones judiciales que la Corte ha emprendido en este tema, desde 2014. En el seguimiento a la sentencia T488 de 2014, la Corte convocó a las entidades encargadas de la gobernanza de la tierra a que conformaran una mesa de diálogo en la que cada una pudiera presentar los avances en el cumplimiento de las órdenes judiciales con información y discutir los resultados de las demás en el desarrollo de las actividades ordenadas por el Tribunal. Dentro de este proceso, esas entidades y el gobierno han participado de manera activa, como lo muestran sus intervenciones en la audiencia pública del 7 de febrero de 2019. Luego, el gobierno le pidió a la Corte Constitucional una reunión para exponer los resultados de sus acciones frente a la clarificación de baldíos y la implementación del catastro Carta pública del campesinado colombiano a la Corte Constitucional multipropósito. Ese espacio de escucha privilegiado ocurrió el 23 de octubre de 2020 y, en un principio, fue cerrado, pero luego contó con la asistencia de otros sectores sociales.
Cuarto, la suspensión de la decisión que hoy estudia la Corte no protege al campesinado que, como lo afirma de manera acertada el gobierno nacional y la ANT en su carta, somos sujetos de especial protección constitucional, que requerimos políticas y programas estatales que remuevan las condiciones estructurales de desigualdad en las que nos encontramos. Contrario a favorecer al campesinado, la prolongación de acciones concretas en este asunto amenaza gravemente nuestros derechos a acceso a tierra, a igualdad material y a la vida digna tanto de los campesinos que acudieron a la prescripción adquisitiva de dominio, quienes requieren una decisión pronta que les brinde seguridad jurídica; como los campesinos sin tierra que seguimos esperando que la autoridad agraria recupere los baldíos que fueron prescritos y quedaron en manos de sujetos poderosos, quienes no tienen derecho alguno de beneficiarse de la tierra pública destinada a la reforma agraria.
Pareciera, entonces, que los intentos reiterados por postergar la decisión de la Corte no obedecen a la preocupación por las prescripciones inferiores a la UAF y los posibles efectos de un fallo que dejara a miles de campesinos en una situación de inseguridad jurídica. Los pronunciamientos de gremios muestran que los mismos poderes que han concentrado la tierra a lo largo de la historia del país pretenden ahora manipular esta decisión de la Corte, para mantener sus privilegios y eliminar la posibilidad de que los baldíos sirvan para la reforma agraria que los y las campesinas venimos anhelando por décadas.
La Corte hoy tiene una oportunidad histórica de proteger los derechos del campesinado, quienes continuamos exigiendo no solo el acceso a la tierra, sino también la implementación de una verdadera reforma agraria y el cumplimiento de las promesas de cambio contenidas en el Acuerdo Final de Paz de 2016.
Organizaciones firmantes:
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)
Coordinador Nacional Agrario
Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-Cut)
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC)
Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – Coccam
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción
Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales (MIPRC)
Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro – Asonalca
Mesa Coordinadora de Organizaciones Sociales de La Macarena Meta
Comité de Integración del Macizo Colombiano
Carta pública del campesinado colombiano a la Corte Constitucional
Asociación Campesina de Inzá Tierradentro
Aliate -Alianza territorial de Mujeres del Sur del Pais
Asociación de campesinos y comunidades sin tierra del Cesar ASOCAMTICE.
Plataforma de Mujeres de Caquetá
Red Departamental de Mujeres de Vélez
Mujeres Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego
Mujeres, Amazonía y Paz
Asociación de parceleros del Toco ASOCOMPARTO.
Asociación de Campesinos víctimas del conflicto armado de Aguas blancas y mariangola
ASOGUAMAR.
Asociación para el desarrollo de la mujer campesina y urbana ASODEMCUR
Unión Nacional de Integración Rural – UNIR
Red de mujeres rurales del norte de Bolívar
Tomado de Verdad Abierta
