Este lunes 27 de mayo en la ciudad de Medellín, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC, Corporación Jurídica Libertad –CJL y Humanidad Vigente Corporación Jurídica – HVCJ, Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial- EQUITAS presentarán ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de hechos y conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el informe titulado “Ni Descuidos, Ni Manzanas Podridas: Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquía, una política de Estado”.

Con el fin de contribuir al esclarecimiento de la verdad y aportar a la justicia restaurativa, el informe recoge información de más de 112 casos y 154 víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos” ocurridas entre los años 2002 y 2008, (periodo de implementación de la política de seguridad democrática) en tres subregiones del departamento de Antioquia; Oriente, Nordeste y Magdalena Medio antioqueño, cometidas presuntamente por agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública, pertenecientes a las Brigadas IV y XIV, adscritas para entonces a la Primera y Séptima División del Ejército Nacional, respectivamente.

Se agruparon en un sólo informe las Ejecuciones Extrajudiciales de las tres subregiones mencionadas dado que el Coronel retirado, Juan Carlos Barrera Jurado, estuvo a cargo entre el año 2003 y 2004 del Batallón de Artillería N4 Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez BAJES y fungió como Comandante de la Brigada XIV entre el 2007 y 2008. Otros militares posiblemente implicados en crímenes de lesa humanidad y mencionados en el informe son: Óscar Enrique González Peña, Luís Roberto Pico Hernández y Mario Montoya Uribe, quienes ocuparon altos cargos militares y fueron decisivos en la implementación de la política de defensa y seguridad democrática.

De acuerdo al cruce de información recolectada se determinó que la práctica de las Ejecuciones Extrajudiciales se dio bajo una dinámica de funcionamiento caracterizada en tres etapas, a saber: 1.) Planeación; ii) Ejecución; y iii) Encubrimiento.

Estas fases, según el informe que será entregado, fueron desplegadas por una organización criminal al interior de las distintas unidades militares del Ejército, para lo cual se contó con una organización criminal para llevar a cabo su práctica al interior de las Unidades Militares del Ejército Nacional.

El coronel Juan Carlos Barrera Jurado, quien fue llamado a calificar servicios en 2008 por su probable responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, permaneció vinculado como contratista de las fuerzas militares, como asesor de la dirección de modernización del Comando de Transformación Ejército del Futuro, en el diseño e implementación de la nueva doctrina militar del Ejército Nacional. Barrera adicionalmente se ha desempeñado en reiteradas ocasiones como docente en el Centro de Educación Militar.

Adicionalmente, las organizaciones que elaboraron el informe emprenderemos otras acciones complementarias en la búsqueda del esclarecimiento de la verdad y la justicia, juzgamiento de máximos responsables, averiguación, identificación y entrega de personas dadas por desaparecidas inhumadas como NN a los familiares.

Así mismo, se elevarán solicitudes concretas de medidas de reparación integral para las víctimas con el propósito de mitigar las afectaciones causadas en razón a la vulneración de los derechos humanos.