Tras 17 años de pedir justicia y verdad por la Operación Orión en la que «paras» y Ejército desaparecieron, desplazaron y asesinaron, la impunidad es total. Familiares de desaparecidos siguen esperando que busquen en la llamada Escombrera y que los actores armados, y responsables políticos y militares de la época respondan. Revista Generación Paz presenta algunas pistas y caras no conocidas de la historia de Orión.
Un niño en brazos de varios adultos llora, gime, parece implorar ayuda. Stiven publica la imagen en redes. «Este soy yo hace 17 años», explica desde su cuenta de twitter y agrega que de esa horrible fecha le quedaron varias discapacidades. Pero no quiere ahondar en el tema. El hoy joven Stiven es una de las miles de víctimas de la Operación Orión que se realizó el 16 y 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín por parte del Ejército y, como se supo tras la extradición de alias Don Berna, también con participación de paramilitares.
El Bloque Cacique Nutibara diseñó y ejecutó la última de una veintena de operaciones que el entonces presidente Alvaro Uribe ordenó desplegar en esta zona marginal de Medellín donde el imperio de la ley estaba en manos de la insurgencia. Fueron décadas de abandono y estigmatización que diversas facciones de grupos rebeldes aprovecharon para expandir su proyecto político. Nadie ha pagado un día de cárcel por Orión hasta la fecha. Y los aportes a la verdad vienen apenas de un lado: las confesiones de Berna y de otros desmovilizados paras como alias «Móvil 8» han empezado a formar el rompecabezas de la verdad de esta terrible operación que sometió al miedo a más de 130 mil habitantes durante más de 40 horas continuas. Sin embargo, los gobernantes de la época no solo se niegan a responder por el tema sino que vuelven sobre las justificaciones atroces de la violencia estatal en esta, la operación militar más grande en un territorio urbano en la historia de Colombia.
La mañana de hoy, Luis Pérez, gobernador de Antioquia, dijo en la radio comercial que Orión había servido para pacificar la Comuna 13. Su discurso es replicado en redes sociales como una copia por quienes desconocen que no solo ese año sino los siguientes la exclusión y la violencia siguieron reinando, a la par que surgieron iniciativas de resistencia pacífica desde la sociedad civil, en especial jóvenes y mujeres que hoy recordaron que su caso sigue esperando justicia.
Entre tanto, quienes aspiran al poder en las próximas elecciones también revictimizaron la población: A Alfredo Ramos y Santiago Gómez, candidatos de la derecha local a la Alcaldía, les preguntaron si repetirían la operación durante un debate en Eafit la mañana de este 16 de octubre. Ambos respondieron afirmativamente. Cientos de ciudadanos y Stiven, ofendidos, les responden sobre su insensatez y muchos se movilizan usando una frase repetida cada año: Orión Nunca Más. El llamado se extendió con rap, flores y velas en las instalaciones de Casa Kolacho en la noche de este miércoles y continuará hasta el 2 de noviembre en colegios y espacios públicos de la Comuna 13 donde con plantas y artes seguirán recordando a las víctimas.
Esperan que, por fin, su coro llegue a las oficinas del poder que sigue impávido ante el horror de no saber dónde están los desaparecidos y de ver a los responsables de la Operación gobernando una vez más y, lo que es indignante para muchos, consiguiendo votos y adeptos en su propia comuna.
¿Cómo fue Orión?
Todo comenzó con Fuego, Contrafuego, Mariscal, Potestad y una decena más de operaciones militares con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia. «Varios informantes, gente que se nos había torcido a nosotros, venía con ellos, dándole dedo a los que hacían parte de la estructura clandestina», relatan ex combatientes de Farc que participaron de la confrontación durante Orión. En la zona se habían establecido milicias del Eln, las Farc y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). En los grupos de gente armada que señalaba y torturaba también había paramilitares con rostros cubiertos, con prendas del Ejército e integrantes del Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara según relatos de sus altos mandos tras la desmovilización en 2005. La emblemática foto de Jesús Abad Colorado donde un hombre señala y otros dirigen su mirada y sus armas -todos uniformados militares-, es una evidencia de los abusos cometidos en la Operación que comenzó dejando a oscuras la comunidad.
Primero, hicieron estallar los transformadores de energía eléctrica. Luego, a las tres de la mañana, cuando la gente dormía, los más de mil hombres armados empezaron a colarse entre los callejones de la 13 por los barrios Independencias, 20 de julio y Nuevos Conquistadores. Participaron el Ejército, la Policía, el CTI, la Armada y autoridades judiciales. No había presencia de organismos de Derechos Humanos. Y entonces iniciaron los disparos, los golpes a las puertas, y los cuerpos de jóvenes y señoras arrastrados por escalones acusados de ser guerrilleros. ¿Órdenes de captura? Las detenciones fueron en su mayoría ilegales. Por eso y la persecución que vino después contra lideresas que capturaron y denunciaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano. Pero en el país aún no se hace justicia. Y muchos no regresaron.
«Se los llevaban amarrados, o sin camisa, subiéndose al bus, o los sacaban de la cama, y se los llevaban hacia el lago, hacia La Escombrera, donde nadie podía pasar; escuchábamos los tiros, y ya; esa gente nunca volvía», nos contó Natalia* hace un par de años cuando abrieron La Escombrera y encontraron apenas restos óseos de perros. Ella busca a su papá que todavía se le aparece en sueños y le dice que lo busque bajo el agua. Sobre lo que antes eran charcos para el esparcimiento, los ilegales establecieron una zona vedada que luego se colmó de escombros. Esa montaña de basuras y tierra sigue creciendo sin lograr que el Estado busque más entre los 5 millones de metros cúbicos de material. Abajo estarían, según relatos de la comunidad y reportes de Ongs, un centenar de personas que fueron desaparecidas durante Orión y en los meses posteriores. También versiones de ex paras confirman que sí habría cuerpos en este sector.
Tan solo en 2002, 68 casos de desaparición fueron denunciados ante la Fiscalía. Pero muchos no fueron a las oficinas por temor.
Un helicóptero vigilaba el cielo durante los dos días de la Operación y además disparaba. En los colegios del sector y barrios vecinos se tiraron al piso durante horas para refugiarse de la lluvia de plomo, la lluvia de Orión -según más adelante tituló el cronista y habitante de la 13, Robinson Úsuga-. Esa lluvia se ha convertido en tormenta a lo largo de los años. Primero con las muertes, las detenciones ilegales y los desplazamientos. Luego, con la falta de voluntad de las dependencias del Estado por investigar, judicializar y buscar. Se calcula que unas 2 mil familias salieron huyendo en ese año 2000 y que serían 650 las víctimas directas de la Operación, según registros de la Corporación Jurídica Libertad y Cophades. Pero las cifras siguen también nubladas. El Estado poco ha hecho para esclarecer lo sucedido.
Sin embargo, en investigaciones como la que promovió -y censuró- la Alcaldía de Medellín de Alonso Salazar y fue realizada por la UdeA, muchas personas se atrevieron a hablar. Recientemente, en la audiencia de la JEP por la situación de los desaparecidos de La Escombrera se mencionó dicho informe y que se había archivado. Ni Lucía Mercedes Ossa, entonces directora del Programa de Víctimas de la Alcaldía, ni Salazar han explicado porqué engavetaron el material. Un investigador del equipo dijo a Revista Generación Paz que los hallazgos eran tan horrendos como inconvenientes para una administración que impulsó el primer programa estatal para víctimas (incluso antes de la Ley 1448 de 2011): violaciones, amenazas, y nombres propios de desaparecidos estarían en este informe que fue publicado por Semana y bajado del aire horas después por contener los nombres de las víctimas. Incluso -según pudo conocer GeneracionPaz.Co- una de las investigadoras fue víctima de abuso sexual durante el trabajo de campo realizado en el marco de esta investigación.
¿Y los responsables?
Como entonces, el gobierno de hoy sigue haciéndose el de la vista gorda. Y las víctimas siguen esperando que se reúnan y amplíen las versiones de los ex paramilitares, así como que sean llamados a declarar los responsables: El General Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército para entonces, el ex presidente Alvaro Uribe; el entonces Alcalde de Medellín hoy gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, y la ex ministra de Defensa hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ninguno ha pasado por escenarios judiciales donde den explicaciones. Tampoco el General Leonardo Gallego, para la época Comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. ¿Los llamará la Jep o la Comisión de la Verdad en algún momento?
Por su parte, desde una cárcel en Estados Unidos, Don Berna declaró que Orión se hizo a cuatro manos entre paras y Ejército.
Casa Orión, una vivienda ubicada en El Barrio Santa Mónica, sigue siendo recordada por ser el cuartel general de la Operación donde, según relatos de la época, llegaban toda clase de «pillos» día y noche. Entre tanto, algunos desmovilizados contaron en sus versiones libres detalles sobre cómo desaparecieron y dónde enterraron las personas que capturaban en la Comuna 13. «Era gente nuestra y también informantes», le dijo un ex paramilitar a este medio a propósito del aniversario de la Operación que le recuerda al mundo la impotencia de la población civil que ha llevado la peor parte en las guerras.
El conflicto armado colombiano ha dejado más de 80 mil desaparecidos y 220 mil víctimas fatales -80% civiles- según estableció el Centro Nacional de Memoria Histórica que este 2019 estuvo ausente en la conmemoración de Orión. Bajo la dirección de uno de los principales aliados de Uribe, el CNMH guardó silencio en su sitio web y redes sociales ante el aniversario del horror.
También otras instituciones del Estado hicieron de este un día cualquiera. Hasta Medicina Legal y Fiscalía que, según se expuso en la audiencia de Jep hace unas semanas en Medellín, habrían extraviado varios cuerpos hallados en una fosa en el corregimiento de San Cristóbal y que podrían corresponder, según versiones de un ex para en Justicia y Paz, a personas desaparecidas en la Comuna 13 en el año 2002.
Según los relatos públicos en la Audiencia realizada en el Palacio de Justicia con presencia de magistrados de la Jep, víctimas y dependencias del Estado, los cuerpos estarían marcados con los siguientes números y habrían sido llevados al Cementerio Universal. Pero Fiscalía y Medicina Legal les habrían perdido el rastro: 2044, 2045, 2048, 2049, 2050, 2099 y 2100.
El área de Prensa de Fiscalía de Medellín dijo tras la audiencia a este medio que la responsabilidad del cuidado le competía a Medicina Legal; y esta institución no responde aún a nuestra solicitud de información. Estos 6 números son personas sin identificar y cuyo paradero sería «alguna zona del cementerio, pero tenemos que tomar un tiempo en rastrear cuál y si están marcados, y dónde», de acuerdo a la explicación que dio Medicina Legal durante la audiencia en la que también quedaron mal parados la Alcaldía y la Gobernación.
Paulina Suárez, secretaria de Inclusión Social, recibió un llamado de los magistrados de Jep cuando dijo que esta Alcaldía no tenía responsabilidad en las desapariciones y su búsqueda pues los hechos habían ocurrido en administraciones pasadas. El magistrado Gustavo Salazar le recordó que la desaparición es un delito que no cesa, y que el Estado tiene el deber en todo momento, indistinto del gobierno de turno, de atender las demandas de las víctimas. Ante la pregunta por las acciones y presupuesto invertido en la administración de Federico Gutiérrez para encontrar los desaparecidos de la Comuna 13, Suárez se refierió una y otra vez al Plan Integral de Búsqueda de Medellín, sin dar información específica sobre Escombrera o Comuna 13. ¿Por qué la Alcaldía está haciendo funciones judiciales? Preguntó el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, uno de los principales defensores de las víctimas. Ella explicó que están haciendo el aporte presupuestal a Fiscalía.
Por su parte, las Farc dicen haber perdido a tres de sus integrantes durante Orión, pero que tienen que reconstruir la historia con mayor precisión para realizar aportes en ese sentido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. «Diana», «Esneider» y «Dani Quiroz» serían los combatientes que desaparecieron durante la Operación y, como en el caso de un centenar de civiles, no se sabe dónde están.
Las instituciones creadas con el Acuerdo de Paz son la esperanza de quienes insisten en que los reponsables cuenten lo sucedido, reparen las víctimas y horrores como Orión sirvan para mirarse al espejo de la no repetición. Justamente, los responsables de esta operación como Uribe son algunos de los principales atacantes del Sistema Integral de Verdad. Con el caso de Orión, la Jurisdiccción Especial de Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad se juegan una prueba de fuego ante la utlidad de su puesta en marcha.
“Nunca será justo cuando la violencia la pagamos los que nada tenemos que ver con la guerra. 17 años esperando verdad, justicia y reparación. Aún duele”, dice Stiven Torres en su trino cuando cae la tarde este 16 de octubre y en la comuna 13 destellan las luces de las velas de quienes recuerdan, también con flores y música en la Casa Cultural Kolacho, que la gente está de pie volteándole la cara a la historia a pesar de que tantos le dan la espalda.
Tomado de Generación Paz
