Antioquia, Colombia, 9 julio de 2022.- La historia de la violencia en nuestro país tiene un lamentable capítulo en el municipio de San Roque, lugar en donde operó el Bloque Metro de las AUC comandado por Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero” dejando cerca de 95.000 víctimas, 40.000 cadáveres, miles de desplazados y despojados en las zonas donde tuvieron influencia.
Ahora, bajo la figura de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o Clan del Golfo, se expanden en un proyecto paramilitar muy similar al del Bloque Metro.
Con la ayuda de patrones del crimen organizado han logrado copar cerca de 100 municipios del departamento de Antioquia y cerca de cerca de 300 en todo el país.
En el municipio de San Roque, habitan campesinos que buscan subsistir con la siembra de Plátano, Caña de Azúcar para la producción de Panela, pero también hay ganaderos y actividades de piscicultura que dinamizan la economía de este municipio.
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Un caso completamente evidente ocurre en los corregimientos de Cristales, Diamante, Nare, la Floresta, La Planta, Las Palmas, Providencia y San José del Nus del municipio de San Roque, en donde se implementa el ambicioso proyecto minero llamado Gramalote y en el cual se pretende explotar todo el oro que hay en esta zona del Nordeste de Antioquia.
Intereses paramilitares
La estructura “Jorge Iván Arboleda” de las AGC tiene un poder criminal que alcanza desde el municipio de San Roque hacia los municipios de Anorí, Amalfi, Caracolí, Cisneros, Maceo, Puerto Berrío, Remedios, Segovia, Yondó y Yalí. Ese interés supera el control armado que tiene una forma de financiación a través del comercio legal e ilegal del oro extraído en el Bajo Cauca y, en este caso especial, nordeste.
Aquí, cobra vigencia el empoderamiento territorial de lugartenientes e integrantes de las AGC, algunos de ellos, plenamente identificados, pero poco perseguidos por una justicia débil o permisiva.
Un caso particular es el de alias “Gallinazo” y “Nando”, quienes recientemente salieron de prisión y tienen atemorizada a toda una comunidad. Pese a estar condenados por homicidio, por concierto para delinquir, extorsión, porte ilegal de armas, fueron fácilmente dejados en libertad y, ahora, ya reintegrados a las operaciones criminales imponen su orden ante unas comunidades temerosas.
El hallazgo de minerales preciosos es solo una de las razones por las que San Roque se ha convertido en un foco de interés de los paramafiosos que buscan controlar cada gramo de oro, se imponen por sobre los intereses de los pequeños mineros ancestrales sin el cuestionamiento institucional y han adquirido un peligroso status en el Municipio.
Como es común en estas zonas, existen otros intereses de grandes multinacionales y empresas mineras como la Gramalote Colombia Limited de la Anglo Gold Ashanti, el Consorcio SS, Grupo de Bullet, Trident Gold SAS que, junto a otras empresas y particulares poderosos para usufructuarse 18 títulos mineros, 17 contratos de concesión, 16 solicitudes mineras de las cuales serán los grandes ganadores.
El Proyecto Gramalote en San Roque que inició labores en el año 2013, está proyectado para producir 400.000 onzas de oro anuales durante 10 años, para extraer el preciado metal con un impacto ambiental sin precedentes pero con los permisos avalados por la el Ministerio de Minas, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y Cornare.
Al principio, esta multinacional empezó a presionar, y con la ayuda de las autoridades, iniciaron una campaña de persecución a pequeños mineros afectando a más de 300 familias para beneficiar a unos pocos.
Una de las evidencias de la persecución ocurrió en octubre 2020. Más de 30 mineros fueron tratados por la Fiscalía, la Policía y el Ejército con apelativos de “terroristas” y “delincuentes”. Los oficiales argumentaron que la orden fue emitida a través del alto gobierno por la multinacional Anglo Gold Ashanti. Un nuevo caso de falso positivo judicial.
Por fortuna, la justicia logró demostrar la inocencia de estas personas, aunque las persecuciones continuaron. La presión ejercida por organizaciones sociales de la zona, lograron abrir una mesa de diálogo para que por medio de acuerdos los pequeños mineros ancestrales afectados por el megaproyecto, fueran formalizados con Unidades Productivas Mineras UPM.
Una figura contemplada en las leyes colombianas pero que han servido posiblemente para favorecer los intereses de las AGC, sectores privados, funcionarios locales y algunos privilegiados.
Cada uno de estos hechos está denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, se está a la espera de que se haga justicia.
Toda está información ha sido dispuesta al Secretario de Minas Jorge Alberto Jaramillo Pereira con las suficientes evidencias para que realice las acciones de ley que sean necesarias y darle freno a cualquier irregularidad.
Por su parte, la Dra Yucelly Rincón Torrado, tiene conocimiento de cada uno de los comportamientos anormales de la adjudicación de estas UPM, también se espera que, cómo parte del ministerio público realice las acciones pertinente.
La Procuraduría General de la Nación, en manos de Sandra Lucia Rodríguez Rojas, Defensora delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo conoció de primera mano los pormenores que se presumen en la adjudicación de las UPM.
Hay una cuestión que inquieta sobremanera y tiene que ver con muchas tierras despojadas que están siendo vendidas a las multinacionales para su explotación, pero no han sido regresadas a sus verdaderos dueños. Estás tierras fueron arrebatadas durante la violencia del Bloque Metro que, bajo amenazas, desplazamientos forzados, masacres se adueñaron de grandes de éstas.
Muchas de esas tierras han pasado de mano en mano de poderosas personas del municipio para que se pierda el rastro de su verdadero dueño.
El ultimo desplazamiento conocido, ocurrió en el año 2012, 155 mineros fueron obligados a salir de sus tierras, algunos lograron alcanzar una indemnización, otros no contaron con la misma suerte.
Lo claro es que el desplazamiento tenía un fin muy específico y era adueñarse de unas tierras ricas en oro para posteriormente ser explotadas. El caso no fue registrado pero aún hay testimonios de varias víctimas
HAY MÁS
Lo otro cierto, es que tanto la Multinacional, la Alcaldía de San Roque y la Personería Municipal podrían ser conocedores de todas estas irregularidades sin que hasta el momento se enciendan las alarmas para frenar cualquier manto de duda.
Las denuncias reposan en los escritorios de las autoridades competentes, todas duermen ese “sueño de los justos”, con una apacible lentitud de impresentable legalidad, sin embargo, si esas investigaciones avanzarán podrían relacionar el concierto de graves delitos contra el patrimonio público, lavado de activos, graves violaciones a los derechos humanos y posiblemente una relación entre el crimen con algunos funcionarios municipales.
Peligro suelto en San Roque
La salida de alias “Gallinazo” y “Nando” se mantiene el control armado de las AGC en la zona. Ahora, se les ve ingiriendo licor a cualquier hora del día, amenazando a habitantes, ordenando, agrediendo y gritando que gozan de inmunidad, abiertamente dicen que son pistoleros de las AGC, “nacidos y criados para matar a quien se atraviese en su camino”.
La situación de orden público en el municipio de San Roque es cada día más compleja. Por un lado el aparato paramilitar tiene gran poder, por otro, las tasas de homicidios de 2020 y 2021 mostraron un aumento de 84 casos por cada cien mil habitantes a 114, un incremento del 36%.
Entre el 1 de enero del 2022 al 31 de mayo del 2022 ya se han presentado 14 asesinatos.
El poder armado podría estarse imponiendo en las dinámicas del municipio de San Roque, ¿Dónde quedan los órganos de justicia? ¿Dónde está el Ministerio Publico? ¿La Policía?
¿Qué dice la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Minas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y Cornare? ¿Investigarán?
