Managua, 4 agosto.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en los comicios de noviembre próximo, quiere controlar no solo el proceso electoral, sino el «discurso» e «imponer un silencio total», según valoraron este miércoles analistas consultados por Efe.
Las autoridades nicaragüenses, además de detener a siete aspirantes presidenciales de la oposición por supuesta traición a la patria, dejaron bajo arresto domiciliario e inhabilitaron la candidatura a la vicepresidencia de la República de la exreina de belleza Berenice Quezada, de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), por presunta apología del delito e incitación al odio.
SANDINISTAS BUSCAN DESINCENTIVAR PARTICIPACIÓN
Para Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, el Gobierno de Ortega pretende «controlar no solamente el proceso electoral, sino también el discurso, el debate público, los temas de debate público en el proceso electoral».
«Me parece que quieren imponer una especie de silencio total, una especie de veto de cualquier referencia a los acontecimientos de 2018, al papel de la comunidad internacional en esa situación y básicamente a cualquier narrativa que pueda contradecir a la retórica oficialista», señaló.
El analista de Crisis Group dijo que la detención de la candidata opositora «responde un poco al temor desmedido de que básicamente vuelva a tomar fuerza el discurso crítico, de demanda y de denuncia en contra del Gobierno» sobre lo ocurrido en abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular que dejó al menos 328 muertos y decenas de miles en el exilio, «así venga de unos representantes que tampoco de por sí han sido percibidos como desafiantes».
«Eso responde a ese temor y a este intento de seguir aplastando cualquier tipo de discurso que no esté acorde con la retórica gubernamental para seguir desincentivando la participación en este proceso y la expresión libre de los nicaragüenses», indicó.
CONTROLAR LA NARRATIVA
Por su lado, para el analista político nicaragüense Eliseo Núñez, de tendencia liberal, la inhabilitación de Quezada «deja un mensaje bien claro y es que Ortega ya no solo quiere, por medio de las inhibiciones, capturas, juicios, escoger quienes son sus contrincantes».
«Ahora, con la captura de ella, lo que deja claro es que también quiere controlar qué dicen sus contrincantes», alertó.
«Como ella dijo algo sobre abril (de 2018), algo sobre la rebelión, ese tema, según la actitud que tomó el régimen, es un tema que está vedado y que quien hable de ese tema, seguramente le va a pasar lo mismo que a Berenice», agregó.
El sociólogo nicaragüense José Luis Rocha opinó que para el Gobierno «es razón más que suficiente la declaración que dio Berenice, mostrando su apoyo, que tuvo simpatía por la rebelión de abril de 2018».
«Eso no estaba previsto en el guion, eso lo sintieron como una provocación, como un límite dentro de la escasísima tolerancia que tienen ahora, que esta candidata no debió haber traspasado. Una muestra de extrema intolerancia, como una demarcación de los límites que nadie debe traspasar», anotó Rocha, investigador asociado de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y autor de «Autoconvocados y conectados: los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua».
LO QUE DIJO LA CANDIDATA
La exreina de belleza de Nicaragua 2017 se convirtió en la primera candidata inscrita en ser detenida e inhabilitada con miras a las elecciones del 7 de noviembre próximo, en los que Ortega buscará su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo.
Quezada, de 27 años, fue arrestada a petición de un grupo de ciudadanos que se identifican como «víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018», afines al Gobierno, que solicitaron la inhabilitación a su candidatura por supuesta apología del delito e incitación al odio.
La joven dijo a los periodistas que quiere que «Nicaragua sea libre», abogó por los denominados «presos políticos», y llamó a los nicaragüenses a votar y salir a las calles como en abril de 2018, una revuelta popular que el Ejecutivo califica como un intento de golpe de Estado.
