El Espectador contactó a varias familias que saben que los restos de sus seres queridos, ejecutados extrajudicialmente, están en Jardines del Ecce Homo, pero ninguna autoridad les ayuda a recuperarlos y no cuenta con medidas cautelares de la JEP. La Fiscalía afirma que en una fosa común habría entre 450 y 500 cuerpos.
El país vio cómo, la semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz exhumó 54 cadáveres en el camposanto Las Mercedes, de Dabeiba (Antioquia), que corresponderían a víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, según informaciones de integrantes del Ejército. Esa realidad, reflejo del horror y del exceso de las armas, podría extenderse a múltiples cementerios del país que tienen bajo tierra miles de víctimas más. Algunos están en la mira de la JEP —que ha dictado medidas cautelares para su protección— y otros donde solo los familiares de las víctimas parecen buscar justicia y salvaguardar la memoria. Es el caso de Jardines del Ecce Homo, en Valledupar (Cesar).
Este presenta una característica diferente: que varias familias sí saben que los cuerpos de sus seres queridos, ejecutados extrajudicialmente, están en dicho camposanto. Específicamente, en la fosa común n.° 7, ubicada en la parte posterior izquierda del cementerio. Allí reposan entre 450 y 500 cuerpos, según estableció la Fiscalía en 2016 ante el Tribunal Superior de Valledupar. La Fiscalía aseguró que los restos óseos que allí se encuentran fueron depositados sin ningún cuidado que permitiera extraerlos ni identificarlos. Tampoco es posible establecer cuántos cadáveres de los que allí reposan corresponden a víctimas de falsos positivos y cuántas no.
Esa respuesta la dio la Fiscalía por la tutela que presentó la familia de Orlando Villarreal Cortés para conseguir que su cuerpo fuera inhumado y poder despedirse debidamente. Orlando, estudiante de contaduría, salió de su casa en Barranquilla en abril de 2004 hacia Valledupar, a trabajar en una finca. Nunca volvió. Solo el 7 de septiembre de 2007 hubo luz para su familia, cuando su nombre apareció en una noticia en El Heraldo titulada “Los muertos que buscan sus dolientes”. “Nos fuimos el 11 (de septiembre) a Valledupar y nos mostraron una fotografía del levantamiento del cuerpo. Supuestamente el Ejército le dio de baja como extorsionista del frente 41 (de las Farc)”, relata Luz Villarreal, su hermana. Falso.
En realidad, Orlando Villarreal y Rubiel López González cayeron víctimas del Batallón La Popa del Ejército. Ocurrió el 21 de abril de 2004, en la Operación Azabache, en el sector de San Antonio de Manaure, en La Guajira. Después de catorce años, en septiembre de 2018, la Fiscalía 90 de Derechos Humanos dictó medida de aseguramiento en contra de cuatro militares por el delito de homicidio en persona protegida, tras acreditar que los hombres no pertenecían a ningún grupo ilegal. El suplicio de la familia Villarreal se profundizó desde que en el cementerio Jardines del Ecce Homo les dijeron que Orlando había estado sepultado en la bóveda 617 por tres años, pero que fue trasladado a la fosa común n.° 7.
“Nos dijeron que teníamos que pagarles a los sepultureros $50.000 diarios (si querían exhumación) y que (ese proceso) podía durar hasta una semana”, agrega Luz Villarreal. No había con qué pagar. En marzo de 2016, el Tribunal de Valledupar falló a favor de la familia y le dio 48 horas a la Fiscalía para que iniciara las gestiones y recuperara el cuerpo de Villarreal. ¿Qué ha pasado? Nada. Al menos no para la familia, a la cual, en 2019, el despacho a cargo le preguntó si aceptaba una entrega simbólica de restos. Dijeron que sí por deseo de su madre, doña Aída Cortés, con la condición de que siguieran buscando los restos de su hermano desaparecido. El acto solemne no se ha hecho.
“Ahora salió una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Allá fui, redacté mi caso, estoy esperando respuesta”, agrega Luz Villarreal, quien conoce a algunas madres que tienen a sus hijos en dicho cementerio en medio de esta lucha de trece años. La Fiscalía le dijo a este diario que, en cumplimiento de la tutela, el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) ya recuperó unos cuerpos que están en proceso de identificación.
“Quieren que aceptemos una entrega simbólica porque al Estado le sale muy costoso realizarle una prueba de ADN a cada cadáver que se encuentra allí, pero no le resultó costoso coger a un inocente, a mi hermano, y a miles de colombianos más y asesinarlos de la forma que lo hicieron. Eso al Estado eso no le pareció costoso”. Estas palabras, llenas de rabia, son de Karen Castro Aguirre, hermana de Carlos Alberto Castro Aguirre, quien tenía 21 años cuando fue ejecutado extrajudicialmente el 30 de junio de 2004 por tropas del Batallón La Popa en la vereda Cuesta Plata de Pueblo Bello, en el Cesar.
Carlos Castro, junto a John Jaider Escorcia Bennett, Esnel Matute Ibáñez, Wilson Darío Ruiz Arboleda y Luis Javier Molina Gutiérrez fueron presentados como integrantes de organizaciones criminales cuando, en realidad —según testimonios que dieron a la Fiscalía solados involucrados en ese caso—, su muerte habría sido resultado de un acuerdo entre oficiales de alto rango y las Autodefensas al mando de alias J-10, quien habría cometido personalmente el crimen. En mayo de 2018, la Fiscalía 90 Especializada dictó medida de aseguramiento en contra de Gabriel Ocampo Guette y Olson Humberto Muñoz por los hechos y ordenó su captura. Ocampo, según la decisión en poder de este diario, en su indagatoria reconoció ser paramilitar y haber acordado con esa organización mandar a “recoger desechables” en Fundación (Magdalena) para hacerlos pasar por guerrilleros.
“Él salió de Fundación para trabajar en una finca de la Sierra Nevada. Es todo lo que sabemos. Él no era guerrillero. Es totalmente falso. Él había salido de prestar el servicio. Se lo llevaron con engaños y no hemos podido recuperar el cuerpo. Mi mamá murió en 2019 después de años de dolor, de búsqueda, de espera. Él está en el cementerio Jardines de Ecce Homo de Valledupar”, cuenta Karen Castro. De la suerte de su hermano se enteraron solo en 2007, de nuevo, por un periódico que registró la noticia de unos cuerpos sepultados como sin identificación. Se había puesto denuncia y se habían hecho búsquedas por fincas y pueblos sin resultado.
Como ocurrió con Orlando Villarreal, a Carlos Castro lo sepultaron en una bóveda y, luego de un año, lo pasaron a la fosa común. Alguien del cementerio les dijo, sin consideración alguna, que si lo querían tendrían que cavar ellos mismos, porque fácil no iba a ser. Hubo una exhumación, sí, para tomar muestras de ADN. Allí supieron que la fosa común contenía cientos de cuerpos depositados con un número de identificación. “Es como si hubiera varias capas de cuerpos en esa fosa común”, expresa Karen Castro. “Dicen que él está en la del lado B, no se cómo medirán eso, no nos dan mayores indicios”, agrega. Intentaron que la justicia, con una tutela, ordenara la exhumación, pero el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado les dijeron que no, que había otro método adecuado para pedirla: por orden de la Fiscalía.
“Para mí es una burla que tienen con los familiares, como si no tuvieran doliente, como si no hubiera quién llorara su pérdida, como si no fuera suficiente con que lo hayan matado de la forma en que lo hicieron. No contentos con eso desaparecen sus restos. Para mí, es algo hecho adrede y de una manera premeditada para evitar que nosotros tengamos los restos de mi hermano y que puedan esclarecerse tantas cosas que ocurrieron el día de su muerte”, agrega Karen Castro. ¿Cómo poner en palabras más de doce años de dolor y angustia? Jaime Humberto Matute Ibáñez, hermano de Esnel Matute, víctima en este mismo caso, también hace su reclamo.
Esnel, a quien su familia llamaba Nelito, vivía con su mamá, que hoy tiene más de setenta años. Era albañil, pero no tenía trabajo y por eso aceptó uno en una finca a las afueras de Fundación. Tenía un problema de nacimiento para caminar, no era miembro de un grupo irregular y desapareció el 28 de junio de 2004. Cuatro días después, una mujer que estaba en la morgue lo reconoció y avisó a la familia. En esas llegó su hermano Jaime y pudo ver a las cinco víctimas, pero ante el grado de descomposición de sus cuerpos, fueron enterrados rápidamente sin identificar, cuenta: “Uno en medio del dolor trata de hacer las cosas, pero en ese momento todo era muy difícil. Era el concepto de uno contra una organización (el Ejército)”.
Jaime Matute espera que ahora, cuando el fenómeno de los falsos positivos es ya conocido, sea posible recuperar los restos de su hermano. “Si hay tantos cuerpos. ¿cómo hacen para saber quién es quién? En Colombia debe haber una ley que ordene al Estado a reparar los daños. Esperamos eso y que sea devuelto el cadáver”, relata. En condiciones similares se encuentra la familia de Édgar Beltrán Hurtado, quien, con 21 años, salió de Luruaco (Atlántico) , donde vía con sus padres, el 10 de agosto de 2003, hacia Pueblo Bello (Cesar). Lo hizo acompañado de Albeiro Flórez Hernández, Donaldo Vizcaíno de los Reyes y José de los Santos Ariza Rodríguez para trabajar.
De Édgar Hurtado y Albeiro Flórez no se supo más. De nuevo, por la publicación en El Heraldo de septiembre de 2007, la familia de este último acudió al cementerio de Valledupar y los reconoció a ambos, a pesar de que Hurtado no aparecía en el artículo. Las informaciones señalan que fueron asesinados el 15 de agosto de 2003, apenas cinco días después que salieron de casa, por integrantes del Batallón La Popa, que los presentó como muertos en combate. En el reporte aparecía con interiores rojos (que no tenía) y botas. En este caso, poco han avanzado las pesquisas. Jaime Beltrán, hermano de Édgar, dice que nada le han dicho las autoridades para poder reclamar sus cuerpos.
“No dieron información, solo que había muchos cuerpos en el mismo lugar. A mi mamá le dijeron que era imposible saber cuál era el cuerpo. Queremos los restos y la judicialización de las personas que cometieron el asesinato. Se comprobó que era un falso positivo, sí, pero, ajá, ¿quiénes los mataron? Porque, entre otras cosas, en el mismo reporte que tiene el Ejército dice que él fue muerto con un tiro de gracia. Lo mataron como a metro y medio. Entonces, ¿en qué país vivimos? ¿Cuáles son nuestras leyes? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿A quién le exigimos para que se resuelvan todas estas cosas?”, agrega.
En todos los casos mencionados, la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, que representa a las víctimas, ha solicitado información a la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que la justicia ordinaria suspendió las pesquisas y las respuestas han sido una explicación de cómo las víctimas pueden participar en los procedimientos de esa justicia especial. Al respecto, El Espectador buscó a la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas, que indicó que sus labores son confidenciales para proteger la integridad de las personas que la aportan y los lugares en donde hace la búsqueda. Esa entidad ha formulado doce planes regionales. Uno de ellos, en el Cesar.
Tomado de El Espectador
