Lima, 27 de septiembre de 2024.- Los distritos limeños de Santa Rosa y Rímac serán también declarados en emergencia, junto a otros 12 de la capital peruana y su vecina Callao, ante la ola de extorsión e inseguridad que sufren las empresas de transporte, informó este viernes el ministro peruano del Interior, Juan José Santiváñez.
Santiváñez dijo que el hecho de declarar en emergencia a los 14 distritos responde a una solicitud de la Policía Nacional por «el incremento de la criminalidad» en esas jurisdicciones o la posibilidad de que pudieran incurrir esos delitos en los distritos colindantes.
«El tema aquí es una lucha contra la extorsión y el sicariato», expresó el ministro en entrevista con la emisora RPP, un día después del paro de transportistas por la ola de extorsiones que ha provocado la muerte de varios conductores en las últimas semanas.
El titular del Interior agregó que el Gobierno también evalúa implementar el toque de queda en los distritos declarados en emergencia porque esta medida considera la «suspensión de (algunos) derechos constitucionales».
Santiváñez aseguró que no pueden fallar en el combate a estos delitos, pero que «si eso no fuera así, tendríamos que dar un paso al costado», al responder a la posibilidad de renunciar al cargo.
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte anunció el jueves la declaración del estado de emergencia en los distritos de Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, y en el distrito de Ventanilla, en la vecina provincia del Callao.
En lo que va de 2024, ya se han reportado más de 14.000 denuncias por extorsión, mientras que, en todo, 2022 fueron 15.974. En 2023 hubo 22.294 y, en 2021, 4.500.
«No estamos pidiendo que baje el combustible, no estamos pidiendo mejores económicas, estamos pidiendo garantías, seguridad para el ciudadano, para todos los transportistas, es lo que estamos pidiendo», dijo a EFE el presidente de la Federación Nacional de Mototaxi en Perú, Julio García.
Durante la protesta, recordaron a un joven conductor de autobús que fue asesinado este lunes a los 21 años por no aceptar un pago de 7 soles (2,15 dólares o 1,90 euros).
La manifestación de transportistas concluyó en el Congreso, donde una delegación de representantes del sector expusieron sus denuncias a un grupo de parlamentarios en una rueda de prensa.
«No hay más dirigentes afuera porque muchos han querido venir, pero no quieren dar la cara por miedo. Quienes estamos al frente pedimos a las autoridades que nos den seguridad porque es difícil estar al frente (y saber que) mañana nos pueden meter un balazo», dijo uno de los dirigentes.
La jornada de protesta fue pacífica, empezó temprano y la ciudad experimentó tramos con fuerte tráfico y largas colas de pasajeros que intentaban llegar a sus lugares de trabajo, pero en general, la población empatizó con los transportistas por la causa que defendían.
EFE