Lima, 20 abril.- Las autoridades de los Países Bajos aceptaron este martes una denuncia contra la compañía Pluspetrol, de capitales argentinos, por la contaminación ambiental que sus operaciones han dejado en territorios amazónicos peruanos, así como por sus prácticas de elusión fiscal.
Pluspetrol será investigada por «su negligencia para desarrollar la diligencia debida en temas ambientales y de derechos humanos» así como por su uso de «estructuras y estrategias para la evasión fiscal», según informó el Ministerio de Exteriores neerlandés.
El caso estará a cargo del Punto de Contacto Nacional (PCN), entidad encargada de velar por el cumplimiento de los criterios de responsabilidad social de las compañías que operan en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La decisión llega más de un año después de que, con apoyo de varias ONG, fuera presentada la denuncia por cuatro federaciones indígenas (Fediquep, Feconacor, Opikafpe y Acodecospat), que representan a comunidades nativas vecinas a los pozos petroleros que Pluspetrol operaba en la Amazonía peruana.
Países Bajos aceptó la denuncia debido a que Pluspetrol emplea una estructura empresarial que tiene su sede en Ámsterdam por motivos fiscales pese a desarrollar toda su actividad en Perú, lo que se denomina «empresa buzón».
Las autoridades neerlandesas informaron además que han ofrecido mediar entre las organizaciones que presentaron la denuncia y la empresa, si bien esta última rechazó esa opción.
REPERCUSIONES
«Esto tiene varias implicaciones. Primero, que tenemos un organismo fuera de Perú que da validez a la denuncias de los pueblos indígenas», dijo a Efe Yaizha Campanario, portavoz de la ONG Perú Equidad.
«Segundo, que se van a investigar las acciones de Pluspetrol y así se avalan las denuncias que hay en su contra, y tercero, es la primera vez que se acepta una queja contra una ‘empresa buzón’ holandesa, un modelo que es una suerte de paraíso fiscal», añadió Campanario.
«Es un hito y eso puede hacer que las empresas empiecen a responder en un nuevo marco de derechos», apostilló.
Según explicó Campanario, la demanda solo pide a la empresa que garantice el pago de los trabajos de descontaminación y limpieza de los más de 1.900 puntos afectados por derrames de petróleo dentro de los territorios indígenas, algo que la empresa, según ellos, se niega a hacer.
A finales de 2020, Pluspetrol anunció la liquidación de la empresa de su filial Pluspetrol Norte, operadora de dos yacimientos petroleros de la selva peruana, como respuesta a las millonarias multas impuestas por el Estado peruano por valor de 17 millones de soles (4,66 millones de dólares) por no cumplir con la descontaminación.
PULSO ENTRE ESTADO Y EMPRESA
Mientras la empresa señala que solo es responsable de la contaminación causada durante el periodo que tuvo a cargo la explotación de los pozos, el Estado le exige hacerse cargo también de la contaminación de otras empresas que pasaron anteriormente por allí, porque así se comprometió en su contrato.
«Primero dicen que los pasivos son anteriores a su gestión y que no se hacen cargo. Los organismos públicos peruanos los han multado por no asumir esos temas y han llevado las multas a los tribunales. Precisamente dicen que no participan en mediaciones con las comunidades debido a que hay juicios activos», indicó Campanario.
El organismo neerlandés anunció que en un plazo no mayor a 120 días emitirá una resolución sobre el tema, resolución que sin embargo no tendrá carácter coactivo.
«La única consecuencia es que Pluspetrol no podría utilizar ciertas ventajas públicas que Holanda ofrece a sus empresas. En términos generales este es un mecanismo blando, no tiene capacidad de sanción. Solo emite una declaración y señala si se cumplieron o no las recomendaciones», admitió Campanario.
«Con eso en mano, solo quedaría presionar al Gobierno holandés para que actúe contra las ‘empresa buzón’ o que al menos se las pueda denunciar en los tribunales holandeses», concluyó.
