Asunción, 22 de octubre de 2024.– La Dirección de Material Bélico (Dimabel) de Paraguay detectó una presunta red de tráfico de armas hacia Brasil que al parecer involucra a militares y policías en la compra y legalización de al menos un centenar de pistolas 9 milímetros, reveló este martes el ministro de Defensa, Óscar González.
En una conferencia de prensa, González dio cuentas de las «intervenciones» efectuadas el lunes por la Dimabel, como parte de las investigaciones «de un presunto desvío de armas desde una casa comercial al crimen organizado».
«El Gobierno de Paraguay con esto deja un claro mensaje de ser implacable en la lucha contra la delincuencia transnacional, la delincuencia asociada al tráfico de armas y municiones», sentenció el titular de Defensa tras reunirse con el gobernante, Santiago Peña, en la residencia presidencial.
El director de la Dimabel, general Melanio Servín, explicó que las pesquisas se activaron después de que un arma comprada el pasado 3 de octubre en el país y denunciada como sustraída el día 13, fue incautada por la Policía Federal de Brasil durante su traslado hacia la ciudad de Sao Paulo.
Servín señaló que el esquema presuntamente se valía de terceros para utilizar su identidad, previo pago, en la legalización del armamento.
«Ese modo operandi ha migrado lastimosamente dentro de personales uniformados, tanto militares y policías, que podríamos decir fueron víctimas del esquema», agregó.
El jefe castrense reveló que habría entre 46 militares y 55 policías involucrados, que se supone recibieron entre 500.000 y 800.000 guaraníes (entre 63,20 y 101,12 dólares).
En ese sentido, informó que desde la segunda quincena de julio pasado hasta la fecha se detectaron 100 armas que se presume «han sido entregadas al crimen organizado».
Los uniformados eran encargados de retirar las armas bajo el supuesto de que «no llamarían la atención».
«Entonces, empezaron a comprar las armas sin llamar mucho la atención», agregó Servín.
Los involucrados -aseguró- fueron convocados a dar su testimonio, «en donde reconocen el hecho».
«Lo ilegal está en que esa arma la compran ellos legalmente, la entregan para el crimen organizado y hacen una denuncia posteriormente», complementó el portavoz, quien admitió que desconocen la organización a la cual iba el armamento.
Sobre la posible pena que enfrentarían los investigados, Servín afirmó que la ley tipifica el tráfico ilícito de armas y establece una pena de hasta 10 años de cárcel.
EFE