Asunción, 6 septiembre.– El Gobierno de Paraguay anunció este domingo que «retira su confianza» a Jan Jarab, representante en América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y tachó de «irresponsables» algunas de la expresiones de su comunicado sobre la muerte de dos niñas de 11 años en un enfrentamiento entre militares y la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Jarab había subrayado que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.
Además, apeló a la importancia de tener presente el Protocolo de Minnesota, sobre el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
A ese respecto, la Cancillería calificó de «irresponsables las expresiones del representante Jan Jarab, que insinúa posible alteración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado».
Agrega que se trata de un «hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina del Alto Comisionado llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo».
Asimismo, la Cancillería aclara «que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no es un grupo armado no estatal, como erróneamente afirma dicha oficina, sino una organización criminal, con objetivos y acciones terroristas, como ya ha sido confirmado en fallos firmes y ejecutoriados por los tribunales de la República».
«EN PARAGUAY RIGE EL ESTADO DE DERECHO»
En su comunicado, Jarab señaló también que Paraguay «debe investigar sin demora y de forma imparcial» la muerte de las dos niñas, que se encontraban el miércoles en un campamento de EPP, en una zona boscosa del departamento de Concepción (norte).
«Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país», dijo Jarab, según el comunicado de la oficina regional de DDHH de la ONU, con sede en Santiago de Chile.
En su nota de respuesta, la Cancillería de Paraguay indicó que no recibió ninguna solicitud de información de esa dependencia, a la que recomendó que «se nutra igualmente de la información oficial para emitir pronunciamientos más equilibrados y objetivos».
La Cancillería añadió que «en el Paraguay rige el Estado de Derecho, en consecuencia, las investigaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales son imparciales e independientes».
Al tiempo que expresa «nuevamente el profundo pesar por las circunstancias en las que lamentablemente perdieron la vida dos menores» y «reitera su repudio, rechazo y condena a la práctica deleznable de la organización criminal EPP, de utilizar a niñas, niños y adolescentes como escudos humanos».
El comunicado destaca que «todo el procedimiento realizado el día 2 de septiembre tuvo autorización y acompañamiento de agentes del Ministerio Público y del juez competente, y así también la prensa ha tenido acceso a todas las evidencias encontradas en el lugar de los hechos».
En ese sentido, el comunicado manifiesta que el «Estado paraguayo renueva su total apego a las normas de protección de los derechos fundamentales y las garantías judiciales, contenidas en la Constitución Nacional, así como a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario».
Y el compromiso de Paraguay a ponerse «a disposición de todos los órganos de supervisión de tratados para cooperar en torno a este tema».
INVESTIGACIÓN EN CURSO
El cruce de comunicados se produce un día después de que el segundo análisis de la Fiscalía estableciera en 11 la edad de las niñas, que en un primer examen forense estipuló en entre 15 y 17.
La última prueba se realizó tras el pedido de una investigación por parte de la Cancillería de Argentina, que comunicó que las niñas tenían nacionalidad de ese país.
El Gobierno maneja la hipótesis de que las menores nacieron en Paraguay y de padres guerrilleros, sin descartar que pudieron crecer en Argentina.
La versión oficial sostiene que las niñas tomaron parte junto a los guerrilleros en el enfrentamiento, en los alrededores de un campamento del EPP.
El grueso de los guerrilleros, según los militares algo más de una docena, escaparon tras los choques armados.
EFE
