Patricia Linares entregó balance a la Procuraduría sobre su gestión durante 3 años en la JEP

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Patricia Linares, magistrada de la Sección de Apelación, el órgano de cierre de la JEP, fue la mujer llamada a despejar el camino para el modelo de justicia transicional que se encargará de sancionar los crímenes más atroces cometidos en el marco de 50 años de conflicto armado. Este 4 de noviembre terminan el periodo para el que fue elegida la primera presidenta que tuvo el alto tribunal, que surgió fruto del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

¿Cuál es el legado que deja la magistrada Patricia Linares luego tres años de gestión? La lista es larga: 12.617 personas sometidas al sistema entre exintegrantes de las Farc, militares y terceros civiles; 7 GRANDES casos abiertos por secuestro, falsos positivos y reclutamiento, etc.; 33.400 decisiones judiciales adoptadas que entre otras cosas incluyen 270 peticiones de amnistías concedidas 1.749 negadas, 394 libertades transitorias condicionadas concedidas y 124 rechazadas, además de 66 garantías de no extradición tramitadas. Es decir, “hoy la JEP está funcionando al 100%, cumpliendo y honrando su mandato”, dijo.

Entre las cifras, especialmente sobresalen los resultados sobre los mecanismos que garantizan que las víctimas participen en el proceso ante la JEP como nunca antes lo habían hecho en la justicia ordinaria. A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad, por ejemplo, ha recibido más de 311 informes presentados por organizaciones, colectivos de víctimas e instituciones del Estado. Hay más de 308.000 víctimas acreditadas que han intervenido en 463 versiones en las que han participado 736 comparecientes. Esto sin contar que a través de 21 medidas acautelares los magistrados han protegido sitios donde habría restos de personas desaparecidas, de comparecientes que han sufrido amenazas y de archivos de memoria y de información.

“Nuestra tarea ha sido materializar y darle vía a una forma de justicia inédita en el mundo, tan esperanzadora como difícil y compleja. Nuestro principal propósito es la realización de los derechos de más de 10 millones de víctimas de la guerra cuyo fin se empieza a vislumbrar pero que algunos se empecinan en no dejar terminar. Para ello debemos reclamar a los comparecientes una verdad plena que deberá ser detallada, exhaustiva, minuciosa y prodiga en detalles que alivien el dolor de las víctimas y den vía a las certezas de una sociedad que ha vivido en las penumbras de la impunidad”, empezó su relato de despedida este martes Linares.

Ante una decena de asistentes del Gobierno Nacional que acompañaron el solemne evento en el Parque el Chicó, en el nororiente de Bogotá, la saliente presidenta de la JEP entregó al procurador Fernando Carillo un minucioso informe de lo que se logró desde cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2017 que creó este nuevo alto tribunal y le dio el estatus constitucional; hasta junio de 2019 cuando empezó a funcionar con todas las normas de ley, cuando el presidente Iván Duque sancionó la Ley Estatutaria de la Jurisdicción que fijaba las reglas de funcionamiento del sistema.

Durante su intervención Linares señaló que “las garantías consagradas en la constitución y la ley, no pueden ceder a los reclamos y presiones, mediáticas y políticas, que auspician aquellos que han encontrado equivocadamente en el ataque al proceso y la JEP, el núcleo central de sus propuestas políticas para negarle el paso a una alternativa histórica que prescindiendo de las armas quiere hacer realidad la paz en Colombia”. En seguida, recordó que “no habrá sanciones propias para quienes omitan verdad o la tergiversen. Para ellos habrá penas privativas de la libertad hasta de 20 años. Callar la verdad, pretender ocultarla o minimizarla será inútil porque los jueces estamos para identificar esa verdad verdadera que reclaman las víctimas.

A su juicio, los “avances son firmes y significativos a pesar de los múltiples obstáculos que hemos podido superar gracias al apoyo de las víctimas que reivindican este proceso como propio, de la sociedad civil que trabaja por la paz, de la comunidad internacional que con respeto generosidad han brindado su apoyo al proceso de paz de Colombia, entendiéndolo como un referente esperanzador a nivel mundial y de varios sectores políticos que como la Comisión de Paz del Congreso han defendido esta oportunidad histórica”.

La saliente presidenta de la JEP hizo un llamado para que se cumpla de manera integral el acuerdo de paz. “No podemos permitir la prolongación de tiempos mezquinos que nos quieren condenar al exilio del territorio de paz que aspiramos todos”, dijo. Finalmente, reconoció que arribar a la verdad que tanto reclaman el país y las víctimas “es difícil y más lento de lo que quisiéramos (…) pero honraremos el mandato recibido. 50 años de confrontación armada exigen de un trabajo sostenido y riguroso ajeno a las presiones que se ejercen aplicando las lógicas propias de la guerra”, concluyó.

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