Pelea de empresarios por manejo de contrato en Juegos Nacionales

“Por eso se inicia la auditoría, que estamos en disposición de facilitar”, dijo. Y Baltazar Medina, del Comité Olímpico, afirmó que “los de la unión fueron poco serios y terminaron peleados”.

Dos de los empresarios más reconocidos en el mundo del espectáculo se acaban de trenzar en una disputa jurídica, por cuenta de un millonario contrato que se firmó para las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Nacionales de Cartagena 2019.

La génesis de la discordia es un contrato por 2.984 millones de pesos que se adjudicó a finales de octubre en una segunda fase de licitación –la primera se declaró desierta– y que se firmó el 6 de noviembre entre la Unión Temporal Erreconerre Creativos y el Comité Olímpico Colombiano. Esa unión se conformó entre la firma de la reconocida empresaria Raquel Sofía Amaya, que lleva el mismo nombre, y la de Juan Camilo Velásquez Leyva, denominada 100 % Colombiana de Eventos, quien fue llevado a esta sociedad por el reputado promotor de conciertos Ricardo Leyva, su tío.

El objetivo era contratar a los artistas y equipamientos para dos eventos claves de los Juegos de Cartagena.

Pero en documentos que están siendo analizados por la Contraloría, y cuyo contenido conoció el periódico El Tiempo, se habla de posibles irregularidades que sobrepasan lo técnico y lo artístico.

En efecto, Amaya denunció que fue víctima de una presión indebida por parte de Velásquez y funcionarios que, según su relato, la habrían obligado a ceder los derechos y compromisos del contrato que ganó.

El primer giro

“Yo me constituí como la representante legal principal de la unión temporal que conformamos con el señor Velásquez, y él quedó como representante suplente. Pero usurpó mis funciones y, sin mediar palabra o documentación formal, terminó metiendo a su tío en la ejecución del contrato y haciendo uso del dinero que nos dieron de anticipo”, asegura Amaya en su denuncia.

El desembolso del que habla fue cercano a los 1.000 millones de pesos y se consignó en una cuenta abierta el 6 de noviembre a nombre de la unión temporal en Davivienda, banco que, de acuerdo con Amaya, sugirió usar Velásquez. El giro del Comité Olímpico llegó al día siguiente y fue retirado 24 horas después.

Sin embargo, según la denuncia, que ya es objeto de una auditoría especial en la Contraloría delegada para temas de educación y deporte –por tratarse de recursos públicos–, ese retiro no contó con la autorización de la representante legal titular de la unión temporal, que era Amaya.

El periódico El Tiempo conoció una comunicación de la entidad bancaria en la que aclara que, con base en el principio de buena fe, no es necesario que el suplente acredite la ausencia del titular para hacer movimientos, pero que se abrió una investigación para analizar si es viable retornar los casi 1.000 millones del anticipo que retiró Velásquez.

“Pero los problemas no pararon ahí. Velásquez, a nombre de nuestra unión, y la firma de su tío, Ave Fénix Entretenimiento, firmaron un contrato de prestación de servicios para ejecutar la ceremonia de inauguración, el 15 de noviembre en el estadio Jaime Morón. Pero yo, como representante principal, nunca autoricé ese procedimiento”, precisa Amaya en sus denuncias.

Agrega que esta posible inconsistencia la puso en conocimiento directo de Baltazar Medina, del Comité Olímpico, y de Ernesto Lucena, actual ministro del Deporte. Para confirmarlo, entregó los chats que cruzó con ellos y varios documentos oficiales.

De hecho, en uno de ellos, del 2 de diciembre firmado por Medina, se indica que el Comité Olímpico es ajeno a esas disputas societarias y que se han cumplido con los compromisos derivados del contrato.

Los auditados

Incluso, se aclara que la unión temporal de Amaya reconoció como proveedor a un tercero –la firma de Leyva– y que, como tal, se le hicieron otros desembolsos para cumplir con las ceremonias contratadas.

Tanto Leyva como Medina, al igual que Velásquez y Lucena, sostienen que toda su actuación ha sido legal y que así se lo notificarán a las autoridades.

Al final, de acuerdo con la documentación que analiza la Contraloría, la ceremonia de clausura –el 8 de diciembre– también la realizó Ricardo Leyva, pero para Raquel Amaya esa situación se forzó acudiendo a presiones “indebidas” para apropiarse del contrato.

“Este caso también está en conocimiento de un juzgado ejecutivo y en enero, tras la vacancia judicial, interpongo la denuncia penal, porque yo no he manejado un solo peso de lo que desembolsó el Comité, pero como figuro como representante titular, pues a nombre mío también está la deuda de impuestos con la Dian. Me utilizaron de testaferro para quedarse con plata pública”, precisa Amaya.

El periódico El Tiempo estableció que la Contraloría alista procedimientos para auditar en la Alcaldía de Cartagena, el Ministerio del Deporte y en la Gobernación de Bolívar todos los procesos contractuales que se hayan dado en torno a la inauguración y clausura de unos juegos en los que participaron más de 9.000 deportistas en al menos 30 disciplinas distintas.

‘Todo se hizo ceñido a la ley’: empresarios

El periódico El Tiempo habló con los empresarios Ricardo Leyva y Juan Camilo Velásquez, su sobrino, para conocer su postura sobre las denuncias. Coincidieron en que “todo se hizo ceñido a la ley” y que tienen sus documentos listos para ser revisados. “Cuando ganamos el contrato ya estaban muy encima las ceremonias y era necesario el proveedor para cumplir, por eso firmé con la empresa de mi tío”, dijo Velásquez.

Agregó que cuando se constituyó la unión temporal con Raquel Amaya no se establecieron impedimentos para contratar con personas que tuviesen algún grado de consanguinidad. Además, que las facultades legales eran casi iguales para ambos representantes.

Leyva, por su parte, aseguró que él solo fue un proveedor de la unión y que así cumplió con las dos ceremonias: “No conozco los pormenores de esa sociedad, porque mi sobrino trabaja independiente. Es bueno que se indague y que un juez diga quién tiene la razón”.

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, aseguró que desde que recibió las comunicaciones de Amaya les dio traslado a la Contraloría. “Por eso se inicia la auditoría, que estamos en disposición de facilitar”, dijo. Y Baltazar Medina, del Comité Olímpico, afirmó que “los de la unión fueron poco serios y terminaron peleados”.

Tomado de El Tiempo

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