Miami, 21 abril.- Los periodistas paraguayos mantuvieron los últimos meses sus luchas por el acceso a la transparencia, en un contexto de crisis social y protestas contra el Gobierno, según un informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su reunión semestral, que realiza esta semana.
El informe arranca con una denuncia de octubre de 2020, cuando el periodista Aníbal Gómez Caballero denunció irregularidades en el manejo de la causa por difamación y calumnia impulsada en su contra por el diputado Robert Acevedo, del opositor Partido Liberal.
De esta forma, quedaba en entredicho el derecho a la defensa del periodista y sentaba un precedente para disuadir a los comunicadores de criticar a políticos.
Un mes más tarde, la periodista de ABC Color Mabel Rehnfeldt declaró como testigo en el juicio oral por el caso de unos audios filtrados en 2017, que destaparon un esquema de corrupción en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, encabezado por el exlegislador oficialista Óscar González Daher, condenado por tráfico de influencias.
Durante su declaración, la abogada defensora preguntó a Rehnfeldt si sabía que difundir audios filtrados está «penado por ley».
En estos primeros meses de 2021, la libertad de prensa ha seguido mostrando carencias en Paraguay.
En enero, la fiscal Lolia Zunilda Martínez se comunicó con el fotógrafo del diario La Nación Gustavo Galeano, detenido y golpeado en marzo de 2020 por militares de la Base Naval de Ciudad del Este.
Ese mismo mes, el reportero gráfico Luis Enríquez, del diario Última Hora, recibió amenazas de unos guardias mientras reportaba las inseguras condiciones de trabajo en la construcción de un paso peatonal en altura en las proximidades de Asunción.
A comienzos de marzo, durante las protestas ciudadanas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia, simpatizantes liberales atacaron al periodista Alexis Aveiro, de canal C9N, quien presentó denuncia a la Policía.
En estas manifestaciones también fue herido el periodista Osvaldo Cazenave, de ABC Color.
La escasez de medicamentos en los hospitales fue un tema recurrente en las publicaciones esos días, cuando Telefuturo emitió un reportaje sobre los viajes de paraguayos a Clorinda, ciudad argentina fronteriza con Asunción, para buscar los fármacos carentes en el país.
El reporte recibió críticas de otros medios, que vieron en la pieza una forma de delatar a esas personas.
SUMISIÓN DE LA JUSTICIA A LA POLÍTICA
El informe refleja un «sistema judicial sumiso al poder político» evidenciado en el juez Elio Ovelar, quien en marzo denunció sentirse atacado por ABC Color.
La Contraloría investiga a Ovelar por varias publicaciones de ese diario que informaron sobre el aumento patrimonial del magistrado y su mujer, la fiscal Marlene González.
Ovelar está a cargo de una querella por difamación presentada en septiembre de 2019 por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala contra la directora de ese medio, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, por unas publicaciones en las que se le acusaba de supuestas irregularidades durante su gestión.
El informe sostiene que el caso no debió llegar a juicio en base al papel reservado a la prensa en la Constitución.
TRANSPARENCIA Y BINACIONALES
En abril, la Entidad Binacional Yacyretá, hidroeléctrica compartida con Argentina, fue denunciada por desacato al incumplir la Ley de Transparencia, al proporcionar de forma incompleta sus gastos en inversiones sociales solicitados por un periodista del Grupo La Nación.
Ese mes la Sociedad de Comunicadores del Paraguay pidió a la otra binacional, Itaipú, compartida con Brasil, acceder a información del Consejo de Administración sobre la posición de los consejeros paraguayos, así como la transmisión de sus reuniones e informes sobre esos encuentros.
AVANCES
Entre los avances constatados figuran el de octubre de 2020, cuando la Justicia obligó a publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios desde 1992, ahora disponibles en la web de la Contraloría por un amparo constitucional presentado por el periodista Juan Carlos Lezcano.
Y en marzo de 2021 un Tribunal de Apelación ratificó una sentencia que rechazó un habeas data presentado por el ciudadano Claudio Notoli Micheli contra ABC Color y Última Hora.
El hombre pretendía eliminar los registros de publicaciones de marzo de 2013, cuando fue arrestado en el aeropuerto Silvio Pettirossi con 3,5 kilos de oro.
La jueza sostuvo que su pretensión se oponía al derecho a la información por ser publicaciones de hechos acontecidos y no de carácter personal.
