TOLIMA, COLOMBIA, (1 SEP 2024) – La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), imputó cargos a dos hombres presuntamente responsables de agredir a perros en casos separados ocurridos en Ibagué y Mariquita, Tolima. En uno de los incidentes, la agresión resultó en la muerte de una canina.
El primer caso involucra a Edwin Rafael Sierra Sánchez, quien habría causado una lesión ocular a un perro de raza pinscher llamado ‘Dollar’ el pasado 2 de marzo en Ibagué. Según la investigación, Sierra Sánchez, al sacar a pasear a su propia canina, golpeó a ‘Dollar’ con una cadena para espantarlo cuando se acercó a olerla. La agresión, que ocurrió frente a varios miembros de una familia, incluidos tres menores de edad, le provocó al perro una herida en el ojo. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Sierra Sánchez el delito de maltrato animal agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado.
El segundo caso ocurrió el 1 de enero en Mariquita, donde Nelson Enrique Alvarado Molina habría golpeado mortalmente a una canina llamada ‘Mona’. Durante una reunión familiar, ‘Mona’ ingresó al inmueble donde se realizaba un asado y se acercó a los comensales en busca de comida. En respuesta, Alvarado Molina presuntamente la pateó en el tórax y las extremidades inferiores. La propietaria de ‘Mona’ la llevó a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Mariquita (UMATA), donde le diagnosticaron una fractura en el fémur izquierdo y complicaciones respiratorias que, días después, resultaron en su muerte. Alvarado Molina también fue imputado por el delito de maltrato animal agravado.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.