Lima, 28 agosto de 2021.- El Gobierno de Perú oficializó la solicitud a la Justicia chilena de ampliar los cargos de extradición del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) para que sea procesado por la venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, durante su gestión gubernamental.
A través de una resolución ministerial publicada el viernes en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Justicia resolvió acceder a dicha solicitud, que será remitida a las autoridades chilenas para su evaluación, tal y como había anunciado la semana pasada el primer ministro peruano, Guido Bellido.
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La norma pide que el exmandatario siga siendo procesado en Perú por la presunta comisión de delitos contra la seguridad, la tranquilidad y la fe públicas, entre otros, por la venta a las FARC de 10.000 fusiles AK-47 procedentes de Jordania.
Por este episodio ya fue condenado en 2006 a 20 años de prisión Vladimiro Montesinos, el exasesor de Fujimori, quien adquirió este cargamento de armas de fuego con la ayuda de traficantes y luego lo revendió a la organización guerrillera colombiana.
LARGA LISTA DE CONDENAS
El expresidente, de 83 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, aunque desde que fue extraditado de Chile también ha sido sentenciado por distintos casos de corrupción.
Después de dimitir por fax desde Japón en el año 2000 tras descubrirse la gigantesca red de corrupción que se había instaurado en la administración pública durante su mandato, Fujimori fue capturado en 2005 en Chile, cuando se disponía a intentar regresar a Perú para las elecciones presidenciales del siguiente año.
En 2007 fue extraditado a Perú y en 2009 recibió la principal condena, de 25 años de prisión por ser el autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
También por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, este último durante el «autogolpe» de Estado que Fujimori dio el 5 de abril de 1992, lo que le permitió clausurar el Parlamento, redactar una nueva Constitución y controlar la Fiscalía y la judicatura.
Asimismo, el exmandatario fue condenado por los sobornos a congresistas opositores y periodistas, así como por espionaje y por ordenar a un militar que se hiciese pasar por fiscal para registrar la vivienda de la esposa de Montesinos.
Actualmente está procesado por la matanza de Pativilca, también cometida por el grupo Colina, y acusado por las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato, caso cuya apertura de juicio es evaluada por la Justicia.
Tras haber sido anulado el indulto que le dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 por irregularidades en el proceso, a Fujimori le quedan por cumplir aproximadamente una docena de años de cárcel, por lo que no saldría libre hasta 2033, cuando tuviese 94 años.
