Bogotá, 18 marzo de 2025.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, mostró este martes fuerza en las calles con multitudinarias manifestaciones para defender la reforma laboral de su Gobierno, que sin embargo fue hundida esta tarde en la Comisión Séptima del Senado y que ahora el mandatario busca aprobar con una consulta popular.
Miles de sindicalistas, empleados públicos y simpatizantes del Gobierno colombiano salieron este martes a las calles de Bogotá y otras ciudades del país para reclamar la aprobación de las reformas sociales del Gobierno ante la inminencia del hundimiento de la laboral como finalmente sucedió.
Petro achaca el estancamiento de sus reformas a «la corrupción, la codicia» de la vieja clase política que no quiere cambios ni que mejoren las condiciones de vida y laborales de los trabajadores, y por eso la semana pasada anunció que convocará una consulta popular para que la gente sea la que decida.
«Quedan convocados, arranca la consulta popular», dijo hoy ante miles de manifestantes reunidos en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, sobre ese mecanismo previsto en la Constitución Nacional y añadió que «la movilización es permanente y creciente».
La reforma laboral, según el Gobierno, estaba orientada a mejorar las condiciones de los trabajadores y buscaba crear 91.000 empleos a partir de su implementación, pero los empresarios y otros sectores alegan que esos beneficios fomentarían la informalidad.
Reforma archivada
La semana pasada, ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral, lo que llevó al presidente a anunciar una consulta popular para aprobar la iniciativa, que fue una de sus promesas de campaña.
El hundimiento de la reforma se confirmó este martes cuando la ponencia fue debatida en un acalorado debate al que no solo asistieron los miembros de la Comisión Séptima, sino también buena parte de la bancada del Pacto Histórico, el partido de Petro, y varios funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Finalmente los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo mantuvieron su posición y votaron a favor de archivar la reforma, mientras que seis lo hicieron en contra.
«Fue un festival de falacias. Hemos demostrado en este debate que hay mentiras, que son absolutamente falaces los argumentos que han esgrimido (los senadores que rechazaron el proyecto de ley que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes)», expresó a periodistas Sanguino.
El ministro señaló que tras ese revés legislativo, el Gobierno expedirá «nueve decretos reglamentarios de esta reforma» y que otra parte del proyecto será preguntada en la consulta popular, que aún no tiene fecha para su celebración.
Los senadores que votaron para archivar el proyecto son Esperanza Andrade y Nadia Blel, del Partido Conservador; Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Ana Paola Agudelo (Partido Mira), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Berenice Bedoya (ASI).
«No modificaron ni una sola de sus posiciones, demostramos que lo que pasó en Cámara fue un proceso de concertación, de discusión amplia y ellos se negaron a que esa concertación siguiera en el Senado de la República», expresó Sanguino.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Gobierno ya tiene listas 11 de las 12 preguntas que presentará en la consulta popular, que para realizarse debe ser aprobada por el Senado.
«No hay fecha límite para presentar las preguntas, todo tendrá que ser acorde a los tiempos y ya tenemos estructuradas 11. No hay afán, lo importante es que queden bien hechas», precisó Benedetti.
Reformas estancadas
Esta es la cuarta reforma que el Congreso le hunde al Gobierno de Petro tras la primera versión de la de la salud, archivada en 2023; la de educación, hundida en junio del año pasado, y la segunda ley de financiamiento, tumbada en diciembre pasado.
La misma Comisión Séptima del Senado que hoy archivó la reforma laboral tiene en sus manos el futuro de la segunda reforma de la salud, aprobada a finales del año pasado por la Cámara de Representantes.
La nueva reforma, según el Gobierno, busca que las entidades promotoras de salud (EPS) se transformen «en gestoras de salud y vida» y también pretende que los ciudadanos sean atendidos por una red integral e integrada de servicios.
Igualmente busca dar más poder a la Administradora de los Recursos de la Salud (Adres), la entidad pública que es la encargada de girar los recursos a las EPS privadas, que son a su vez las que atienden a la ciudadanía.
También, como el anterior texto, busca enfocarse en la atención de prevención, con mayor capacitación de los profesionales de la salud y apostando por Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y por los Equipos de Salud Territorial.
EFE