Bogotá, 20 jun – Tras conseguir luz verde para su reforma laboral este viernes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dio marcha atrás en la consulta popular que había tensado al máximo las instituciones, pero reavivó la crispación con una nueva propuesta de impulsar una asamblea constituyente.
En una de sus victorias legislativas más significativas en casi tres años de gobierno, Petro logró que las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaran esta mañana, a contrarreloj, la reforma de las leyes de trabajo que presentó hace dos años y con las que prometió restituir derechos laborales a millones de colombianos.
La conciliación entre ambas cámaras, en el día que culminaba la tercera legislatura, era la última oportunidad para salvar el proyecto, que agonizó en el Senado y que ahora queda listo para convertirse en ley, ampliando la jornada de trabajo nocturno, que comenzará a las 7:00 pm, aumentando el pago por trabajo en fines de semana y festivos, y exigiendo aportes a la seguridad social a empresas de aplicaciones de reparto.
Petro firmó la semana pasada un decreto que convocaba a los colombianos a las urnas en agosto para que se expresaran en una consulta popular sobre esta reforma, en un intento para presionar al Senado y desafiar a la oposición política, que consideraba que la medida ignoraba los cauces institucionales y ponía en riesgo la separación de poderes.
Eso porque los senadores ya habían rechazado la reforma en marzo y en mayo archivaron la consulta por un estrecho margen de 49 contra 47 en una votación que el mandatario calificó de «fraude».
El llamado ‘decretazo’ fue su última carta para sacar adelante la reforma, aunque el día que lo anunció prometió retirarlo si el Congreso finalmente aprobaba su proyecto laboral.
Y así lo hizo hoy: tras superar la conciliación, y luego de una avalancha de demandas contra el decreto y la suspensión del mismo por parte del Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo colombiano, Petro anunció en X: «Dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria».
Nueva polémica: La constituyente
En esa misma publicación, el mandatario sorprendió anunciando que, en las próximas elecciones legislativas de marzo de 2026, «será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente» con el objetivo de impulsar cambios más profundos en las leyes del país.
«El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo quiénes están con él, quiénes lo abofetean y condenan, quiénes prohíben que hable, ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas», escribió el presidente.
Desde hace meses, Petro ha planteado la posibilidad de convocar una asamblea constituyente argumentando que la Constitución vigente, de 1991, contempla un «Estado social de derecho», pero en su opinión algunos sectores políticos y magistrados de altas cortes siguen hablando solo del concepto de «Estado de derecho» presente en la Carta Magna de 1886.
El anuncio, sin mayores precisiones, despertó de inmediato las primeras voces de rechazo, entre ellas la del presidente del Senado, el opositor Efraín Cepeda, quien recordó que solo el brazo legislativo puede proponer la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.
Si bien la Constitución colombiana prevé este mecanismo como vía para reformarla, su artículo 376 establece que debe aprobarse una ley por mayoría en ambas cámaras antes de someter la decisión a votación popular.
El antecedente de la papeleta para una asamblea constituyente en Colombia se remonta a 1990 cuando la sociedad civil, liderada por un movimiento estudiantil, consiguió que en las elecciones legislativas de ese año una tarjeta no oficial preguntara si debía convocarse ese mecanismo para cambiar una carta magna de más de 100 años.
Aunque la llamada ‘séptima papeleta’ no fue reconocida oficialmente, el entonces presidente, Virgilio Barco, decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales de ese mismo año, lo que dio origen a la Constitución actual.
EFE