Ante el anuncio de la Superintendencia de Transporte de que someterá a control a la sociedad CAP Technologies S.A.S, bajo la que está alojada la aplicación de mototaxismo Picap, y que convocará a su liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, a través de un comunicado la plataforma aseguró que es respetuosa de las autoridades y que están prestos a aclarar cualquier inquietud.
«CAP Technologies S.A.S., ha sido notificada del acto administrativo emitido por la Superintendencia de Transporte, el cual concede los recursos de ley que serán presentados en los términos establecidos (…) Mientras este proceso surte el trámite respectivo, el funcionamiento de la plataforma no tendrá ningún cambio para los usuarios», dice el documento.
La compañía tendrá 10 días hábiles para defenderse y, tras cumplirse dicho plazo, la Superintendencia de Transporte, tendrá dos meses para pronunciarse.
Las declaraciones se dan luego de que la superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, hiciera pública la medida afirmando que esta plataforma de mototaxismo se encuentra realizando una actividad insegura para los pasajeros e ilegal ante la justicia, ya que la mencionada sociedad utilizaba la herramienta tecnológica con el fin de prestar servicio de transporte público terrestre en vehículos no homologados para ello (entre los que se encuentran las motocicletas).
#Atención La @Supertransporte acaba de anunciar que someterá a control a la empresa @Picapco y la convoca a proceso de liquidación por prestar un servicio de transporte público ilegal y no garantizar la seguridad de los usuarios @Citytv pic.twitter.com/KN9QypJim9— Stephanie Valencia (@stephanie_valen) December 21, 2019
«La decisión de la Superintendencia de Transporte obedece a la situación crítica de orden jurídico, financiero y contable de la sociedad, pero sobretodo, para brindar una solución a la seguridad de los usuarios y a la debida prestación del servicio público de transporte», aseguró Valderrama.
Según la entidad, en una inspección a la empresa se encontró que el Representante Legal incurrió en presuntos delitos bajo la gravedad de juramento al manifestar, entre otros, que no era representante de otras sociedades, cuando sí lo es de «Softlab S.A.S. (pasarela de pagos utilizada por la sociedad para aparentemente evadir su real actividad de prestación del servicio público de transporte). Por lo que compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia».
La Supertransporte también afirmó que la situación crítica de la compañía consiste, entre otras, «en registrar como su controlante a una sociedad extranjera, sin identificar a su real socio principal, lo cual puede llegar a ser una conducta reprochable por la autoridad competente».
Tomado de El Tiempo
