Buenos Aires (Argentina), 11 Merzo 2025.- Un grupo de ciudadanos solicitó este martes a la Justicia de Argentina una medida cautelar en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente argentino, Javier Milei, para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según informaron los denunciantes en un comunicado, en su presentación pidieron a la Justicia que declare la nulidad «absoluta e insanable» y la inconstitucionalidad del decreto, publicado este martes en el Boletín Oficial.
Como medida cautelar, los ciudadanos solicitaron que la Justicia dicte la suspensión de la vigencia y de los efectos del decreto y que se ordene al Ejecutivo a no firmar con el FMI ninguna operación de crédito público que se realice en el marco del instrumento rubricado por Milei y todos los miembros de su Gabinete de ministros.
La presentación judicial fue firmada por el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad; el abogado Marcos Zelaya; María Eva Koutsovitis, fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; y el economista Claudio Lozano, presidente del partido político Unidad Popular (izquierda).
El decreto establece que, en el marco de un nuevo programa de facilidades extendidas, el FMI otorgará a Argentina nuevos créditos -por un monto que no se precisa- con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia adicional de cuatro años y seis meses.
El instrumento, que entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para iniciar el proceso de revisión del decreto.
Muchos dirigentes opositores ya han expresado que el decreto contradice la ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada por el Parlamento en febrero de 2021, por impulso del Gobierno del entonces presidente Alberto Fernández (2019-2023).
Esa norma, que está vigente, establece que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público» realizado con el FMI «requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente».
Según diversos sectores de oposición, en orden a esa norma, el Gobierno debió enviar un proyecto de ley al Parlamento para que el Legislativo debata y, eventualmente, apruebe la operación con el FMI con el visto bueno de las dos cámaras legislativas.
Por el contrario, Milei optó por firmar un DNU, un instrumento que ha de ser revisado y, eventualmente, avalado por el Congreso, para lo cual basta con el visto bueno de una de las cámaras por mayoría simple.
En el decreto publicado este martes, el Gobierno alega que la ley de 2021 «no implica que el Congreso se haga cargo de los fundamentos y de los términos concretos de los acuerdos en particular, sino que únicamente hace referencia a la aprobación legal de la operación de crédito público a ser celebrada por el Ejecutivo».
El Gobierno argumenta, además, que el carácter de «necesidad y urgencia» del decreto se basa en que el objetivo de fortalecimiento de la economía «hace necesario aprobar de forma urgente las operaciones de crédito» con el FMI.
EFE.