Como siguiendo una trágica ruta, el Inpec trasladó en bus a varios reclusos de la cárcel de Villavicencio que habían participado en los distintos motines de la semana del 21 al 28 de marzo. El problema es que varios de los 8 trasladados estaban infectados con el coronavirus y llevaron el contagioso virus a municipios donde no se había presentado siquiera un caso.
Por esta razón, el representante Alejandro Vega, del Partido Liberal, citó a un debate de control político al Ministerio de Justicia y a los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para que dieran cuenta de esta acción que llevó en bus al coronavirus a centros de reclusión como Picaleña (Tolima), Las Heliconias (Florencia), La Picota (Bogotá) y La Esperanza (Guaduas).
El representante por el Meta hizo un profundo análisis de la prisión que se convirtió en la zona cero del contagio del coronavirus en los centros carcelarios del país. Este aseguró que las condiciones de hacinamiento en Villavicencio son de cerca del 100% -se supone que la capacidad máxima es de 900 reclusos, pero actualmente hay cerca de 1.800-. El congresista también llamó la atención sobre los traslados cuando ya se había dicho a la necesidad de restringirlos.
“El Inpec hizo varios traslados a pesar de sus directrices”, dijo el citante al debate de control político, para luego revelar que, a pesar de que los contagios en el penal superan los 300 casos, aún no se han instalado las carpas medicalizadas para atender a los reos. Asimismo, llamó la atención frente al temor de contagio que tiene la población de Villavicencio en general, pues la cárcel está justo en el centro de la ciudad. En este punto pidió que se reanudarán los esfuerzos para sacar el penal a las afueras de la capital del Meta.
Por último, el representante hizo referencia a las palabras del director del Inpec, general Norberto Mujica, que dijo que lo ocurrido en la cárcel de Villavicencio les había servido de aprendizaje. “Perdieron el año”, les reclamó. Además, agregó que no habían estado a la altura de la crisis y que las fallas cometidas para enfrentar el coronavirus eran inaceptables, por lo que le pidió al general Mujica que presentara su carta de renuncia.
Otro de los representantes que le había pedido la renuncia al director del Inpec, Óscar Villamizar, del Centro Democrático, le pidió excusas más adelante en el debate tras conocer al detalle cómo funciona el sistema de salud en las cárceles, que está a cargo de la Uspec, entidad que subcontrata a Fiduprevisora y Fiduagraria para que manejen los recursos y contraten a las IPS en terreno. “Son ellos los que le han quedado mal al país y por eso general le pido me excuse porque tuve una salida en falso y debo reconocerlo”, aseguró el congresista.
Yenifer Arias, también representante por el Meta, secundó lo dicho por Alejandro Vega y señaló que es necesario hacerle pruebas aleatorias tanto a internos como guardias. Un elemento que despertó preocupación de la intervención de Arias fue la advertencia de que no se conocía el paradero de varios de los que habían recuperado la libertad y que habían estado en la prisión de Villavicencio en los últimos días.
Harry González, representante de Caquetá por el Partido Liberal, comenzó su intervención con la sentencia de que “la embarrada ya está hecha”, haciendo referencia al envío a su departamento de uno de los presos con coronavirus. “El caso de COVID que llegó a la cárcel nos tiene preocupados”, señaló el representante.
González aseguró en su intervención que el traslado del caso 0 de coronavirus en las Heliconias ocurrió cuando este ya había manifestado síntomas de coronavirus en la cárcel de Villavicencio. Además, prendió las alarmas al revelar que hasta el momento hay 7 nuevos casos de coronavirus en Florencia, cuatro de ellos se presentaron en el penal al que llegó el trasladado desde el Meta.
Las denuncias también fueron realizadas por la representante Adriana Magaly Matiz (Partido Conservador) y el representante Luis Alberto Albán (FARC). La primera aseguró que a Picaleña, centro penitenciario en Ibagué, llegaron cerca de 106 reclusos trasladados, entre los que estaba un contagiado con coronavirus que venía desde Villavicencio. Esta también señaló que hasta el momento solo se habían realizado 53 pruebas e hizo énfasis en que el coronavirus podría encontrar el terreno abonado ante los problemas de salubridad que hay en el centro penitenciario del Tolima.
El representante Albán, por el partido FARC, también hizo mención del “error” que cometieron en la cárcel la Picaleña. Sin embargo, este enfocó su intervención en cuestionar al Ministerio de Justicia y al Inpec por la retoma de La Modelo el 21 de marzo, que dejó 23 reclusos muertos. Asimismo, señaló que el decreto de excarcelación humanitaria era insuficiente frente al reto del coronavirus. Este cerró su intervención pidiendo al director del Inpec y a la ministra Margarita Cabello que renunciaran.
Precisamente la cabeza del Ministerio de Justicia fue la primera en hablar por parte del gobierno durante la sesión. “La crisis de salud nos cogió por sorpresa”, de esta manera justificó Cabello la falta de preparación que habría tenido el Inpec para enfrentar la pandemia. De igual manera, aseguró que esta crisis había desnudado una crisis carcelaria que viene desde hace 100 años: “Nos toca solucionar los temas estructurales y no coyunturales del Inpec y del Uspec”.
La ministra Cabello destacó como favorable que el coronavirus solo ha llegado a 5 penales del país, mientras que en los otros 127 que tiene bajo su cargo el Inpec no se ha presentado ni un solo caso. La exmagistrada aseguró que han venido tomando las medidas adecuadas frente al coronavirus pues se hizo en un primer momento el tamizaje y se cerró las visitas a los centros penitenciarios.
Sobre los traslados desde la prisión de Villavicencio, Cabello dijo en el debate que se había tenido todas las medidas de seguridad y que incluso se había dejado en aislamiento a los recién llegados, solo que se ha venido descubriendo que 14 días de cuarentena no son suficientes para detectar si se está enfermo por coronavirus.
Por último, la ministra de Justicia defendió el decreto de excarcelación humanitaria, criticado por el limitado número de presos que pueden ser beneficiados con la medida. “No se hizo con la posibilidad de solucionar la medida de hacinamiento, sino para que en conjunto se pudiera solucionar el problema de la salud de los privados de la libertad. El decreto es un elemento más para solucionar estos problemas”, concluyó Cabello.
La ministra fue secundada por el viceministro de política criminal, Javier Augusto Sarmiento, que aseguró que las exclusiones del decreto se hicieron teniendo en cuenta la gravedad del delito y la necesidad de mantener el orden público. De todos modos, destacó que con el decreto de excarcelación cerca de 10.000 personas podrán salir de prisión en los próximos días para cumplir penas en casa de manera temporal. Por esta misma línea celebró que hasta el momento a 207 personas se les han otorgado los beneficios y reveló que se están analizando otras medidas para favorecer a los que están en las prisiones.
Lizeth Cervantes, directora del USPEC, también defendió su gestión frente al coronavirus y se unió a aquellos que reconocieron que el coronavirus los había tomado por sorpresa. “No hemos parado ni un día para que los presos tengan sus servicios de alimentación y de comida”, dijo Cervantes. La funcionaria también dio un parte de los materiales que se han entregado hasta el momento en prisión para hacer frente a la pandemia: «Se han entregado 39.000 litros jabón, 17.000 litros de alcohol, 220 trajes de protección; se han instalado 27 carpas de atención primaria; y se han contratado a 960 profesionales de la salud a nivel nacional».
Cervantes también destacó que 1.477 pruebas han sido realizadas por orden de la USPEC y que se tiene pronosticado que diariamente se estén realizando 100 pruebas para tener controlado el contagio en los penales del país. De igual manera, la directora de la USPEC resaltó que se está adaptado pabellones para el aislamiento y se está haciendo la compra de equipos antimotines, para enfrentar nuevos desórdenes en los penales.
Las intervenciones de los miembros del gobierno fueron interrumpidas por un espacio informal de tres minutos para que hablara el dragoneante Horacio Bustamante Reyes, cabeza de uno de los sindicatos del Inpec. Este aseguró que tenía los soportes necesarios para probar que directivos firmaron varias de las órdenes de traslado sin tener en cuenta los protocolos sanitarios. Por eso, pidió al director de la entidad que tomara cartas en el asunto y relevara al personal que autorizó los traslados.
El último en intervenir por parte del gobierno fue el general Norberto Mujica, director del Inpec. Este aseguró que desde Instituto Nacional Penitenciario se veía al COVID-19 como una oportunidad y una forma en la que la sociedad en general podía observar la crisis de décadas del sistema carcelario del país.
El general Mujica se negó a manifestarse sobre lo ocurrido el 21 y 22 de abril en los penales del país, pues la Fiscalía se estaba encargando en estos momentos de las investigaciones pertinentes al caso. Por otro lado, frente al caso de los trasladados contagiados con COVID-19, este aseguró que se habían cumplido con todos los protocolos, que no son los mismos que hay hoy en día.
El director del Inpec reconoció que a Picaleña hubo un traslado masivo, pero en ese momento no se habían reportado ningún caso de coronavirus. “Los protocolos que se exigían era el de tamizaje y se le practicó a todos los trasladado. Los protocolos demostraban que el positivo (que venía de la cárcel de Villavicencio) estaba sano para el momento de los traslados”, agregó.
Asimismo, el general aseguró que nuevos motines ocurridos el 22 y 28 de marzo en Villavicencio fueron los que obligaron a hacer nuevos traslados: “Los líderes de las revueltas fueron llevados a la Picota (3), Guaduas (2), Heliconias (2) y Yopal (1)”. Fueron algunos de estos reclusos los que estaban contagiados con el COVID-19 y llevaron este virus a los otros centros carcelarios del país.
El director del Inpec reiteró que en las primeras pruebas ninguno de los trasladados presentaba síntomas de coronavirus, por lo que se hizo su ingreso sin ningún problema. Este también destacó que la mayoría de contagiados eran asintomáticos, por lo que en cárceles como La Picota se estaban haciendo pruebas por coronavirus ante la simple sospecha.
“Hemos aprendido de toda la experiencia que hemos tenido en Villavicencio” reiteró el general Mujica, que también destacó que se tenían “cinco establecimientos con coronavirus, pero son 127 establecimientos donde no hay ningún infectado”, concluyó.
Tomado de El Espectador
