Bogotá, 18 sep – Human Rights Watch (HRW) pidió este lunes a las autoridades colombianas que el caso contra los soldados involucrados en una operación realizada en marzo de 2022 en el departamento del Putumayo, donde murieron 11 personas, la mayoría civiles, sea investigado por la Justicia ordinaria y no la por la militar.
«Las autoridades colombianas deberían transferir el caso a la Justicia penal ordinaria y garantizar justicia para los habitantes de Alto Remanso», afirmó la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.
Esto porque en junio pasado se conoció que la Fiscalía iba a imputar y pedir prisión contra 25 militares, ante lo cual los abogados de los uniformados pidieron transferir el expediente a la justicia penal militar, lo que originó el conflicto de competencia ante la Corte Constitucional, que decidirá quien investiga.
Según un documento conocido por EFE, estos militares iban a ser acusados de los delitos de «homicidio en persona protegida» y «homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa», en referencia a las personas que resultaron heridas en la operación.
«Los fiscales también deberían investigar los aparentes intentos por encubrir estas muertes y el Gobierno debería poner en marcha la prometida reforma al sector seguridad para evitar abusos similares en el futuro», añadió Goebertus.
Operación contra las disidencias
La operación militar se desarrolló, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, cuando los militares incursionaron.
Sin embargo, organizaciones sociales dijeron en esa ocasión que en realidad se trató de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.
Líderes comunitarios denunciaron que incluso el Ejército le puso botas a los cadáveres para hacerlos pasar como presuntos integrantes de las disidencias de las FARC.
Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias «Bruno», parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por alias «Iván Márquez».
«La Fiscalía debería investigar si algún miembro del Ejército o funcionario intentó desviar de manera deliberada la investigación sobre estas muertes», precisó Goebertus.
Igualmente, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch señaló que «las autoridades también deberían ampliar la capacidad de los investigadores y las entidades forenses en las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia».
«Su ausencia facilita abusos por parte de los grupos armados y ha obstaculizado la rendición de cuentas por las muertes en Alto Remanso», aseveró.EFE.
