Plan de Acción Oportuna no es garantía para los líderes sociales y defensores de DD. HH.

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Exige el Comité el respeto a los acuerdos y compromisos de Estado, que se adelante el proceso para el establecimiento de la mesa territorial de garantías en el Valle del Cauca y se avance decididamente en la construcción de una política nacional de garantías de protección a la labor de defensa de los derechos humanos, con una participación amplia del movimiento social y de derechos humanos, reconociendo los avances de los distintos procesos legítimos de interlocución y construcción de garantías.
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Las organizaciones sociales y el movimiento de derechos humanos han adelantado desde hace varios años una lucha por las garantías necesarias para la defensa de los Derechos Humanos.

Así lo dio a conocer este jueves 14 de febrero el Comité de impulso del proceso territorial de garantías para la labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos del Valle del Cauca.

En esa lucha, las organizaciones se han enfrentado al negacionismo, la desprotección y los ataques por agentes estatales y paraestatales, lo que ha costado vidas valiosas para la comunidad.

Hace casi 10 años se dio inicio al Proceso Nacional de Garantías para la labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos, espacio de interlocución entre el Gobierno Nacional y el movimiento social y de derechos humanos que cuenta con el acompañamiento de la Comunidad Internacional.

En el Valle del Cauca, particularmente, han trabajado por el reconocimiento de la labor de los y las defensoras de derechos humanos, y por la instalación de la Mesa Territorial de Garantías en el departamento, estos esfuerzos han sido infructuosos, faltando siempre la voluntad política del gobierno nacional para concretar el escenario y generar la confianza necesaria para avanzar en el proceso.

El ataque selectivo contra los líderes sociales se acerca hoy a los 500 homicidios desde el año 2016, además de un sinnúmero de amenazas, atentados y hostigamientos por razón de la lucha por la paz, la vida y los derechos humanos. El suroccidente colombiano ha sido una de las regiones más golpeadas por esta masacre continua, y aunque el pueblo colombiano se la sigue jugando por la paz, el Gobierno Nacional además de desconocer la existencia del conflicto armado interno, paradójicamente apela al recurso de la guerra, dentro y fuera del país.

“Desconociendo el camino andado y los compromisos del Estado establecidos en el acuerdo final de paz, suplantando instancias legítimas como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Gobierno Nacional pretende negar su responsabilidad política con el movimiento social y con las comunidades imponiendo un Plan de Acción Oportuna (PAO) que suplanta el concepto de garantías por el de seguridad, que niega la responsabilidad del estado en la amenaza y estigmatización, que se centra en la acción militar, que deja por fuera a la sociedad civil y a la comunidad internacional”, enfatizó el Comité de impulso del proceso territorial de garantías en un comunicado.

El Comité aseguró que el PAO se subordina a la política de defensa y seguridad, la misma que antes de sacar a las comunidades de la guerra las quiere involucrar a través de la Red de Participación Cívica (mecanismos de cooperación y redes de informantes).

“Se propone militarizar los territorios a través de la figura de las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEII), y se propone garantizar la impunidad en los crímenes de Estado a través del fortalecimiento de la Justicia Penal Militar y la reescritura de la memoria histórica del conflicto. Por estas, entre otras razones consideramos que el PAO no cumple con las condiciones mínimas de generación de confianza, no garantiza la participación efectiva, no comparte un enfoque de derechos y genera más riesgos que protección a los defensores de derechos humanos”, agregó el Comité.

Exige el Comité el respeto a los acuerdos y compromisos de Estado, que se adelante el proceso para el establecimiento de la mesa territorial de garantías en el Valle del Cauca y se avance decididamente en la construcción de una política nacional de garantías de protección a la labor de defensa de los derechos humanos, con una participación amplia del movimiento social y de derechos humanos, reconociendo los avances de los distintos procesos legítimos de interlocución y construcción de garantías.

Finalmente, pide que se reconozcan los compromisos firmados en el Acuerdo Final de Paz, particularmente los referidos a las garantías plenas para el ejercicio de la política (punto 2.1.1), garantías para los movimientos y organizaciones sociales (punto 2.2.1), garantías para la movilización y la protesta pacífica (punto 2.2.2) y las garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización por razón de la acción política (punto 2.2.4).

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