Bogotá, 1 febrero de 2025.- La Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia presentó este sábado un plan que tiene como principal objetivo proteger las tierras de las comunidades desplazadas y permitir su regreso seguro al Catatumbo, región golpeada por la violencia guerrillera que deja entre 60 y 80 muertos, y más de 50.000 desplazados en las últimas semanas.
El ‘Plan Catatumbo’ consta de cinco componentes: formalización de tierras, apoyo en transformación de cultivos de uso ilícito, reconocimiento de territorios forestales, constitución de Zona de Reserva Campesina (ZRC) -que tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten- y las llamadas ‘Fincas para la paz’.
La ANT detalló hoy en un comunicado que la iniciativa se desarrollará al amparo de la conmoción interior decretada la semana pasada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que durará 90 días.
La medida se extenderá a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los once del Catatumbo afectados por los enfrentamientos; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar, que están recibiendo desplazados.
Desde el 16 de enero, los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, mientras que la cifra de desplazados es de más de 50.000 personas.
Detalles de la iniciativa
El ‘Plan Catatumbo’ contempla acelerar la formalización de 30.000 hectáreas. «Esto con el objetivo de hacer intervención en el ordenamiento social de la propiedad, medidas sobre la titularidad, tenencias y ocupación de tierras», precisó la ANT.
La entidad indicó que apoyará la transformación de economías ilícitas, formalizando 1.500 hectáreas, en las que hay cultivos de coca, a través de acuerdos de sustitución de cultivos.
«Esta región tiene alto grado de informalidad, garantizar seguridad jurídica es mitigar los efectos de la violencia y transformar la vocación productiva del territorio», dijo el director de la ANT, Felipe Harman, citado en un comunicado de su despacho.
El Plan también tiene un componente en el que ya venía avanzando la entidad con las organizaciones sociales. Se trata de la constitución de la Zona de Reserva Campesina. Son 59.000 hectáreas de las que se beneficiarán 61 caseríos de los municipios de Hacarí, Abrego, Bucarasica, y La Playa de Belén.
Otro componente aborda el reconocimiento y el adecuado aprovechamiento y conservación de áreas ecológicas. Serán 5.000 hectáreas para que los campesinos «actúen como guardianes de la conservación de las áreas de reserva forestales».
Y por último, con ‘Fincas para la paz’, se busca adquirir 3.500 hectáreas por medio de ofertas voluntarias, las cuales serán entregadas a las asociaciones campesinas y organizaciones sociales para que desarrollen sistemas productivos y funcionen como albergues humanitarios.
EFE