En un comunicado en el que se dirige a Iván Duque Márquez, presidente de Colombia; a Fernando Carrillo Flórez, procurador General de la Nación; a María Paulina Riveros, vicefiscal General de la Nación; a Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, entre otros, las Plataformas de Derechos Humanos y Paz manifestaron su preocupación por el aumento en las agresiones de todo tipo contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
Recuerdan a los receptores de la misiva que “el Gobierno colombiano y las instituciones del Estado”, están obligados a adoptar “medidas necesarias para prevenir y castigar las acciones de los grupos denominados sucesores o herederos del paramilitarismo”.
Asimismo, los integrantes de las Plataformas expresan su temor por “la persistencia de estos grupos y su interacción con diversas formas de violencia que afectan a la sociedad en general y ponen en peligro el éxito de los acuerdos logrados con las Farc”.
“La impunidad sigue favoreciendo a los perpetradores de las agresiones”, señalan en el escrito, en el que consideran importante la labor de la Fiscalía, pero se les hace insuficiente.
Invitan, las Plataformas de DD. HH., al defensor Carlos Negret para que asuma la secretaría técnica de las mesas territoriales de garantías.
Este es el comunicado que las Plataformas de DD. HH. y la Paz entregaron al procurador Carrillo y al presidente Duque este jueves 23 de agosto en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño:
Les expreso el saludo de las plataformas de DDHH y paz que hacemos parte del proceso Nacional de Garantías y nuestra gratitud señor Procurador por invitarnos a esta segunda mesa por la protección a la vida; permítanos doctor Carrillo aprovechar esta oportunidad para poner de presente un escenario que con el gobierno colombiano, y con el apoyo de la comunidad internacional, hemos construido en estos últimos años las organizaciones sociales y de derechos humanos, el Proceso Nacional de Garantías; un escenario de interlocución al más alto nivel con especial énfasis en 14 regiones del país expresado en las Mesas Territoriales de Garantías, mesas que tienen como su principal objetivo garantizar nuestra labor de defensa de los DDHH.
El Proceso tuvo su origen en la ausencia de garantías que se advirtieron durante las discusiones que adelantábamos con el gobierno de turno para lograr la adopción del Plan Nacional de Derechos Humanos. La prevención, la protección y la investigación son los ejes que impulsan el proceso.
Como logros importantes de ese proceso se destacan: la creación de la Unidad Nacional de Protección; el programa de garantías para defensoras y lideresas, la creación de la comisión intersectorial y el plan de acción 2018; la expedición de normas de vital importancia para la prevención y protección individual y colectiva y la concertación de un protocolo para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social.
Pese a los avances hoy debemos manifestar nuestra preocupación por el aumento que se viene registrando en agresiones de todo tipo contra defensores, defensoras, líderes y lideresas; las cifras del Ministerio Publico hablan de 347 asesinatos desde enero de 2016, por su parte el Programa Somos Defensores reporta que entre enero y junio de 2018 se presentaron 397 agresiones, 272 de las cuales son amenazas y 77 asesinatos, cifras que denotan un incremento del 34% en homicidios en comparación con el año anterior. Líderes comunales, comunitarios, campesinos e indígenas están entre las principales víctimas.
Hoy queremos insistir que es una obligación del gobierno colombiano y de las instituciones del Estado la adopción de medidas necesarias para prevenir y castigar las acciones de los grupos denominados sucesores o herederos del paramilitarismo. Expresamos nuestro temor por la persistencia de estos grupos y su interacción con diversas formas de violencia que afectan a la sociedad en general y ponen en peligro el éxito de los acuerdos logrados con las Farc.
En ese sentido queremos dejar expresada nuestra preocupación por los escasos avances que se registran en el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en especial el relativo a la adopción de un plan de acción y de una política de erradicación de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.
La impunidad sigue favoreciendo a los perpetradores de las agresiones, creemos importante pero insuficiente lo hecho hasta hoy por la Fiscalía en materia de investigación, judicialización y acusación de los responsables de los sistemáticos homicidios cometidos contra líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos. En los casos ocurridos entre 2009 a 2017 el índice de impunidad es del 91.4%; a la fecha solo hay 48 sentencias condenatorias, el 362 casos siguen en indagación.
Pese a que el país ha dado importantes pasos para lograr una sociedad en la que se excluya la violencia de la política, hoy enfrentamos nuevos ciclos de violencia, por ello es necesario avanzar en una acción conjunta en materia de garantías que permita adoptar una política pública de garantías con énfasis en la prevención y para nosotros el escenario natural de esta concertación es la Mesa Nacional de Garantías.
Insistimos en la necesidad de desarrollar la lucha frontal contra la impunidad, la Fiscalía General de la Nación está obligada a avanzar positivamente en la investigación, judicialización y acusación de los responsables de los sistemáticos y reiterados homicidios cometidos contra líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos, integrantes de las Farc y sus familias.
Pedimos de usted señor Presidente asumir el compromiso de cumplir e implementar los acuerdos que en materia de garantías se han pactado en la Mesa Nacional de Garantías. Celebramos su decisión de reversar el nombramiento de la doctora Ortiz en la Dirección de la UNP y hacemos votos porque acierte en la selección de los funcionarios que esta por nombrar en las entidades que tienen que ver con el respeto y garantía de los derechos humanos.
Le pedimos comprometerse hoy a convocar la primera sesión de su gobierno con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; fijar fecha para reunir a la Mesa Nacional de Garantías y comprometerse decididamente en la concertación y adopción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
Lo invitamos, doctor Negret, a asumir la secretaría técnica de las mesas territoriales de garantías.
Doctor Carrillo lo instamos a hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Estado y del gobierno en la Mesa Nacional de Garantías, a velar por la aplicación efectiva y ejemplarizante de la Directiva 002.
La reconciliación nacional, la participación de la sociedad, el fin del conflicto armado, la erradicación de la violencia de la política y la construcción de la paz estable y duradera será posible si cesan los asesinatos contra nuestros líderes y lideresas y se garantiza nuestra labor de defensa de los derechos humanos.
Que la paz no nos cuesta la vida. Gracias.
Comunicado público
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