Colombia, 26 octubre de 2024.- La Sociedad de Activos Especiales (SAE) de Colombia enfrenta una reclamación sin precedentes que podría generarle un impacto financiero de casi dos billones de pesos. En juego están más de 300 propiedades incautadas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, reclamadas por 46 personas que aseguran haberlas adquirido legítimamente. Entre los bienes solicitados se incluyen lujosos edificios en el norte de Bogotá, una finca con un valor que supera los 150.000 millones de pesos, y diversos inmuebles de alto perfil.
La situación ha llegado a tal punto que altos mandos de la Fiscalía y de la Dirección de Extinción de Dominio sostuvieron reuniones para abordar los reclamos. Según la Unidad Investigativa de El Tiempo, los demandantes podrían demostrar que los bienes fueron adquiridos con recursos legales, aunque la Fiscalía sostiene que los mismos guardan relación con el narcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff, capturado en Argentina en 2022.
Este caso tiene sus raíces en 2013, cuando inició el proceso de extinción de dominio sobre los bienes de Álvarez Meyendorff. Aunque en ese momento el valor estimado de los bienes alcanzaba los dos billones de pesos, no se ha emitido un fallo definitivo para su apropiación por el Estado, y parte de ellos ya están en proceso de venta conforme a la ley.
El capo colombiano, tras cumplir condena en Estados Unidos en 2017, regresó a Colombia para solicitar la revisión del expediente de extinción de dominio. Según su defensa, Álvarez Meyendorff adquirió los bienes antes de su vinculación con el narcotráfico y posteriormente los transfirió a terceros de forma legal. Además, alega que el proceso de extinción de dominio estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la falta de notificación a los afectados para ejercer su defensa, situación admitida por uno de los fiscales como un “error”.
En declaraciones al medio de comunicación colombiano, la defensa del capo acusó a la Fiscalía de extender injustificadamente los plazos de investigación, “reviviendo otro proceso de supuesto lavado de activos que ya había sido archivado por inexistencia de hechos.” En respuesta, la Fiscalía sostiene que los bienes están bajo extinción de dominio al ser presuntamente producto de actividades ilícitas, y aunque se consideran los reclamos de los demandantes, el proceso no garantiza su devolución.
“Todo sigue el trámite procesal necesario,” explicó un vocero de la Fiscalía. “Muchos de estos bienes fueron transferidos a través de figuras como hipotecas y fiducias para evitar su confiscación.” La Fiscalía y los representantes legales de Álvarez Meyendorff continuarán enfrentados en este litigio mientras se evalúan las pruebas de adquisición lícita por parte de los demandantes.
A.U.