Miami (EE.UU.), 9 de junio de 2025.- Organizaciones civiles denunciaron este lunes que un acuerdo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos con las cárceles del condado de Miami-Dade, donde hay más de 430 migrantes detenidos, permitiría «desaparecerlos» y agravaría las condiciones que afrontan.
El condado, el más poblado de Florida, aplazó para el 26 de junio un voto programado para este lunes que permitiría al ICE pagar 50 dólares para aprehender a un migrante por 48 horas en una prisión local, además de otorgarle «acceso razonable a todos los detenidos» y «discreción» sobre qué información compartir.
«Primero, y sobre todo, es un mayor involucramiento con el ICE en un momento en el que hemos visto al Gobierno federal de EE.UU. escalar la violencia, desaparecer a nuestros vecinos y cooptar nuestros recursos locales para avanzar en esa agenda», expresó a EFE la abogada Alana Greer, directora del Community Justice Project.
Las estadísticas muestran un promedio diario de más de 430 migrantes detenidos bajo la autoridad del condado de Miami-Dade en la última semana, casi una décima parte del total de 4.657 recluidos por diferentes cuestiones, según las cifras del Departamento de Correcciones y Rehabilitación.
Además, las asociaciones denuncian que el acuerdo, respaldado por la alcaldesa Daniella Levine Cava, permitiría al ICE bloquear al condado para publicar información sobre los detenidos, lo que significa que «desaparecerían del sistema», explicó Thomas Kennedy, consultor de la Florida Immigrant Coalition (FLIC) .
«Esto básicamente sistematizaría una cultura de antitransparencia», advirtió el analista a EFE.
El impulsor de la medida, el comisionado Roberto J. González, aseveró este lunes que Miami-Dade ha cooperado con las detenciones del ICE desde 2019 y que este convenio solo garantiza que el condado reciba un reembolso «por lo que ya hace: cumplir con la ley».
Mientras que el jefe de seguridad pública de la alcaldesa, James Reyes, aseguró a la prensa local que no habrá cambios en la forma en la que los familiares pueden buscar a sus parientes detenidos.
Las condiciones de los migrantes bajo escrutinio
El acuerdo con el ICE se debate mientras crecen las denuncias sobre las condiciones de hacinamiento de los migrantes detenidos en Florida, como en el Centro de Detención de Krome, donde más de un centenar de extranjeros encerrados formaron con sus cuerpos una señal de auxilio de ‘SOS’ visible desde el aire la semana pasada.
En ese recinto han muerto cuatro migrantes desde enero y hay una saturación del 200 %, indicó el analista de la FLIC.
Las agrupaciones ciudadanas también han alertado a la prensa local de las condiciones del Centro de Detención Federal (FDC, en inglés) del centro de Miami, donde estiman que hay entre cerca de 350 y más de 400 migrantes detenidos en hacinamiento.
Por ello, la directora del Community Justice Project defendió la importancia de luchar por la transparencia de estos arrestos en «recintos que están horríficamente sobrepoblados y son extremadamente peligrosos para las personas».
«Así que cualquier escalada, embrollo (con ICE) y refuerzo de este sistema que está poniendo la vida de nuestros vecinos en riesgo es inmoral y es algo frente a lo que vamos a luchar», expresó Greer.
Florida insiste en detener migrantes
En tanto, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtió este lunes de la posible destitución del alguacil Gregory Tony del condado de Broward, el segundo más poblado del estado, por declarar que no arrestaría a «migrantes ilegales» en su región, donde más de un tercio de los habitantes son inmigrantes.
Uthmeier enunció que las sanciones por no obedecer la ley de Florida que exige cooperar con la política migratoria federal incluyen declararlo en desacato y destituirlo, por órdenes del gobernador, el republicano Ron DeSantis.
Florida, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante, ha sido líder en aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, pues DeSantis ha aprobado leyes estatales que prohíben las ciudades santuario e imponen multas de hasta 5.000 dólares y suspenden a funcionarios que incumplan estas disposiciones.
Pedro Pablo Cortés
EFE