En cumplimiento de la estrategia investigativa y operativa definida para atacar todas las formas ilícitas que afectan la convivencia y la seguridad, y deterioran el medio ambiente en la región del Bajo Cauca Antioqueño y el sur de Córdoba, la Fiscalía General de la Nación lideró una nueva ofensiva contra la criminalidad organizada en esta zona del país.

Durante la última semana fueron intervenidos judicialmente municipios como Caucasia, Cáceres, Zaragoza, El Bagre, Nechí y Tarazá (Antioquia); Montería, Montelíbano, Lorica, Ciénaga de Oro, Pueblo Nuevo y Tierralta (Córdoba). En estos puntos cayeron importantes eslabones armados y financieros del Eln, Los Caparrapos, el Clan del Golfo y estructuras disidentes de las desmovilizadas Farc.

En la fase de investigación y judicialización de las diligencias previstas participaron 12 fiscales adscritos a la Seccional Antioquia y a las direcciones de Crimen Organizado, Derechos Humanos, Extinción de Dominio y Justicia Transicional. Cada uno de los procedimientos estuvo respaldado y avalado por un grupo de 7 jueces penales ambulantes de Valledupar, Villavicencio, Sucre, Medellín, Pasto y Popayán; 10 procuradores y 10 defensores públicos.

La parte operativa estuvo a cargo de por lo menos mil integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía, que llegaron a complejos narcotraficantes de producción de cocaína, entables de minería ilegal y otros lugares en los que, además de las capturas, se obtuvo importante información y evidencia judicial que servirá para ubicar a los cabecillas principales de los grupos criminales del Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba.

Capturas
En siete días de acciones sostenidas, 111 personas fueron capturadas (59 en Bajo Cauca y 52 en Córdoba). 32 de las detenciones son producto de órdenes judiciales obtenidas por la Fiscalía ante jueces de control de garantías y 79 corresponden a flagrancias.

38 de los capturados fueron imputados por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego; 23 por homicidio, 22 por concierto para delinquir agravado, 15 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 5 por explotación ilícita de yacimiento minero; y 8 más por delitos como secuestro, terrorismo y reclutamiento forzado.

Vale la pena destacar que la estructura criminal más golpeada en esta ofensiva fue el Clan del Golfo, a la que le fueron detenidos 36 de sus presuntos integrantes; seguida por Los Caparrapos con 29 capturados. Estas dos organizaciones ilegales perdieron a 10 de sus cabecillas financieros y armados.

Aquí sobresalen:
* Nicolás Gabriel Pantoja López, alias Caremalo, presunto jefe urbano de Los Caparrapos en Tarazá (Antioquia), señalado de varios homicidios y quien suma 6 órdenes de captura en su contra.
* Hermes Ordóñez Beltrán, alias Antonio o Político, segundo cabecilla de Los Caparrapos en el Bajo Cauca Antioqueño y presunto coordinador de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico en Cáceres, Caucasia y Tarazá, y de administrar los dineros recibidos por extorsiones a los ganaderos, comerciantes y mineros.
Este hombre, desmovilizado del bloque mineros de las extintas AUC, fue capturado en el corregimiento La Caucana, en Tarazá (Antioquia), luego de intentar oponerse a un procedimiento judicial en su contra que lideraban funcionarios de policía judicial de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. En medio del enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional, que respaldaban el procedimiento, quedó herido y fue trasladado a un centro asistencial.
* Luis Gustavo Leiva Doria, presunto responsable del homicidio del dirigente político Erney Castrillón Gutiérrez, ocurrido el 30 de enero de 2019, en el corregimiento Mejor Esquina, en Buenavista (Córdoba).

Golpe a las finanzas criminales
La ofensiva judicial en el Bajo Cauca Antioqueño y el sur de Córdoba permitió llegar a las principales fuentes de obtención de recursos de los grupos armados organizados. En ese sentido, se intervinieron 52 minas ilegales, en las que fueron destruidas 11 dragas y 10 retroexcavadoras.

Con esta actividad las organizaciones criminales perdieron maquinaria avaluada en 10 mil millones de pesos y se evita el grave daño ambiental ocasionado por el descontrolado vertimiento de mercurio y otras sustancias químicas a los ríos y quebradas de la región.

De igual manera, la acción investigativa y operativa permitió ubicar y destruir 22 complejos narcotraficantes utilizados para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en Cáceres, Nechí, Tarazá y Valdivia (Antioquia). En la misma jurisdicción fueron erradicadas 344 hectáreas de coca.

Bolsillos de Cristal
Como parte de su lucha contra la corrupción, un fiscal de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a 14 bienes del exalcalde de Tarazá (Antioquia) Jorge Eliécer Pérez Pérez y otro grupo de personas que figuraban en el papel como propietarios.

De acuerdo con los elementos de prueba, los inmuebles afectados, avaluados en 2.459 millones de pesos, harían parte del patrimonio del exmandatario quien fue condenado por hechos de corrupción ocurridos en 2000, y que comprometieron contratos por algo más de 869 millones de pesos.
Las diligencias de ocupación se cumplieron en Tarazá, Medellín y Copacabana.

Hostigado grupo de Justicia Transicional
En desarrollo de la gran ofensiva, equipos de la Dirección de Justicia Transicional realizaron inspecciones de campo en El Bagre (Antioquia), con el propósito de identificar varios bienes que pertenecerían a cabecillas de las estructuras paramilitares que delinquieron en la región y que han sido relacionados en diferentes diligencia judiciales.

En su retirada del área y luego de terminar parte de la labor, los investigadores fueron atacados con ráfagas de fusil por guerrilleros que pertenecerían al denominado frente de guerra Darío de Jesús Ramírez Castro del ELN. El hostigamiento fue contrarrestado por tropas del Ejército Nacional que acompañaban las diligencias.

Gracias a la oportuna reacción, los integrantes del equipo de Justicia Transicional y del mismo Ejército Nacional salieron ilesos de la confrontación, y se desplazaron a un sitio seguro para continuar con las diligencias judiciales.

Antecedentes
En atención a la estrategia judicial en el Bajo Cauca Antioqueño y el Sur de Córdoba, en noviembre de 2018, se cumplió el primer mega-operativo en esta zona del país.

En esa oportunidad fueron capturadas 67 personas, entre ellas el alcalde de El Bagre (Antioquia), Ángel Mesa Castro (vinculado a una investigación por supuestas irregularidades en la celebración de un contrato para la prestación del servicio de alumbrado público); exfuncionarios de la Personería de Nechí, integrantes del denominado Clan del Golfo, Los Caparrapos y de otras estructuras criminales.

Asimismo, el personal de policía judicial y los grupos operativos intervinieron complejos de extracción ilegal de oro, y destruyeron 3 retroexcavadoras y 13 motobombas. En la intervención de minas ilegales fueron capturadas 29 personas, a quienes la Fiscalía imputó por explotación ilícita de yacimiento minero y daños a los recursos naturales.

Entre los diversos resultados se destacó el esclarecimiento del homicidio del líder social y tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Camelia Baja, Juan Esteban López Mazo, y la incautación de tierras para reparar a víctimas de los grupos paramilitares, cuyo valor comercial supera los $20.000’000.000 (veinte mil millones de pesos).