Caracas, 9 mar – Al menos 2.853 personas fueron asesinadas por los diferentes cuerpos armados del Estado venezolano durante el 2020, denunció este martes la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
El cuerpo señalado como responsable de más muertes es la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente a través del grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuya disolución ha pedido la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, según recoge un comunicado de Provea.
La PNB «fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55 % del total», destaca la ONG que acopia estos datos como parte de la iniciativa «Lupa por la Vida», un proyecto de investigación y divulgación del impacto de la violencia policial y militar, enfocado en las ejecuciones extrajudiciales.
El principal «centro de operaciones» del FAES «son las barriadas donde habitan los pobres en las ciudades y pueblos de Venezuela y algunas áreas rurales».
Por detrás, se ubica el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 593 casos, lo que supone el 17,52 %.
Por otra parte, los cuerpos policiales autónomos de los estados fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones (25,71 %), siempre según los datos de Provea.
Para la ONG, «llama la atención la letalidad de la Policía del estado Zulia, responsable de 262 asesinatos, Aragua con 104 y la del estado Carabobo con 101 muertes».
Por otra parte, el proyecto ha detectado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 359 casos durante 2020.
La «gran mayoría» son responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un cuerpo policial adscrito a la FANB.
Finalmente, observaron que las policías municipales fueron responsables de 134 presuntas ejecuciones.
VÍCTIMAS JÓVENES Y HUMILDES
Según los datos de Provea, «la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes».
En 2020, el noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia) fue el que registró más muertes con 667, seguido de Aragua con 297, Bolívar (269) y Lara (193).
«Este hecho, junto a la exclusión de este sector etario en el acceso a otros derechos como el de educación y trabajo entre otros, da cuenta de la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros Estados», apostilla la ONG.
Los datos muestran que ni el confinamiento para atajar la pandemia de covid-19 «frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares».
Según su investigación, los funcionarios policiales y militares «actúan con plena libertad, dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública».
También han observado que, «en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir de que se trata de ejecuciones extrajudiciales».
«De hecho, se constata el manejo de los falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, que no es otra cosa que un montaje de la escena del crimen en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las víctimas emplearon armas contra policías y militares», explican.
En realidad, según aclara Provea, «en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas».
Para la ONG una ejecución se produce en «todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima».
Son extrajudiciales puesto que «suceden en un país donde constitucionalmente no existe la pena de muerte, y el funcionario, violentando el debido proceso que implicaría el juicio justo, resuelve tomarse la justicia por sus manos y ejecutar a la persona».
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