En un comunicado, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes/as Sociales y Defensores/as de Derechos Humanos y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- Capítulo Antioquia, manifiestan su “gran preocupación” frente a la difícil situación que vive hoy Medellín y que ya ellos habían advertido en “diversos informes, ruedas de prensa e interlocución con las autoridades locales”.
En la misiva, destacan que el recrudecimiento de la inseguridad en la capital antioqueña es una muestra del fracaso total de la política de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez.
Afirman en el escrito que “la institucionalidad nunca tuvo la intención de controlar el Corregimiento de Altavista, Corregimiento de San Antonio de Prado, la Comuna 7- Robledo, la Comuna 15- Guayabal, la Comuna 16- Belén y la Comuna 13 San Javier de Medellín”.
Agregan que el problema no se circunscribe a lo sucedido en la ciudad los días 25, 26 y 27 de abril de 2018, excesivamente violentos por demás, sino que la situación la vienen denunciando y advirtiendo sobre su aumento desde el año 2015. Resaltan que poco a poco se fueron incrementando acciones ilegales y delitos como el homicidio, enfrentamientos, retenes, toques de queda impuestos por grupos paramilitares en por lo menos doce barrios y paros armados urbanos. El más reciente ocurrió para las rutas integradas de Conducciones América y Floresta San Juan, situación que podría replicarse a otras comunas, como la 12 (barrios: La América, Floresta y Calasanz). Además, adicionan, se evidencia el interés de confrontación por el control de la estructura denominada los Pesebreros, llamada por las autoridades Odín Robledo (Organización delincuencial integrada al narcotráfico).
Lamentan y ponen de relieve que “estas situaciones demuestran el fracaso total de la cuestionada política de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez. Así lo pudo constatar el propio alcalde al ser recibido con ráfagas de fusil el día de ayer 26 de abril en el barrio Juan XXIII de la comuna 13. De igual manera, mientras se dirigía a la comuna 13, en la carrera 82 con calle 50, fue incinerado un bus de la empresa Coonatra que demostrarían todo el control que tienen estos grupos paramilitares en la ciudad”.
Para estas organizaciones, las repuestas de “militarización territorial y social de nuestras comunas y corregimientos”, demuestran ser “un total fracaso sino están acompañadas de políticas integrales para la población”.
Previenen sobre las acciones que hoy adelantan las autoridades en la comuna 13, encaminadas a reeditar lo ocurrido con “las intervenciones coordinadas entre paramilitares y Estado realizadas durante el año 2002 como la Operación Orión en la Comuna 13, que dejaron espacios favorables para las estructuras paramilitares, situación que se evidencia en el control que estas mantienen en toda la ciudad y el área metropolitana, incluso en comunas como la 10 (Centro, Candelaria) en la que los niveles de inversión en seguridad superan todos los precedentes pero que no tienen ningún efecto y no han permitido desmantelar las estructuras macrocriminales que ejercen control en la ciudad, por el contrario se benefician de las políticas públicas en materia de seguridad”.
Hacen énfasis en que la lectura de estos fenómenos debe sobrepasar el show mediático generado a partir de la captura de integrantes de bajo rango de estas estructuras, que han permanecido en el tiempo en estos territorios bajo la permisividad del Estado. “Hoy la realidad supera el discurso del Alcalde Federico Gutiérrez y por esto los análisis deben ser más profundos, los organismos de inteligencia del Estado no pueden seguir negando el grave conflicto urbano que hoy parece ser más evidente, no se le puede seguir escondiendo a la ciudadanía esta realidad. Los políticos no pueden seguir utilizando el miedo y la militarización para posibilitar el control social con fines electorales y deben recordar que la militarización ha dejado cientos de víctimas en estos territorios”.
Demandan de las entidades gubernamentales y del Estado la implementación urgente del Acuerdo Final de paz “en lo que tiene que ver con una creación de una política de desmantelamiento o sometimiento de estas estructuras paramilitares, basada en el punto 3.4 del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las Farc acerca de las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres. De igual manera, urge una reforma de las Fuerzas Armadas que posibilite que el ejército y la policía sean depurados y sus estructuras actúan en favor y protección de la paz”.
Finalmente, recalcan en el escrito que todas las voluntades deben estar acompañadas de políticas integrales y reales para lo no repetición de hechos violentos en Medellín. “Como organizaciones de la sociedad civil insistimos en respuestas efectivas y contundentes que prohíban crímenes de Estado contra la población como la connivencia de la Fuerza Pública con los criminales en los diferentes barrios. ¡Nos más militarización de los territorios! ¡Si a una Fuerza Pública para la Paz!”.
Comunicado Público
[scribd id=377840615 key=key-CQI0E4X4qABvUzni9SNZ mode=scroll]