La Fiscalía General de la Nación pidió al Juez Primero Penal Mixto de la isla de San Andrés que dictara medida de aseguramiento contra cinco funcionarios y un contratista de la gobernación de San Andrés, por su presunta responsabilidad en la apropiación de dineros públicos de contratos de la gobernación que sumarían once mil millones de pesos.
Durante la audiencia, y en medio de lágrimas, el juez Jair Torres Díaz expresó que “no hay derecho a robarse el dinero de nuestro pueblo, lo digo como isleño, no como juez”.
La decisión de medida de aseguramiento en centro carcelario se dictó en contra de:
*Ain Zulema Conolly, jefe Oficina Jurídica de San Andrés.
*Alejandro Lozano Bowie, secretario de Infraestructura de San Andrés.
*Luis Albeiro Urrego, supervisor de contrato.
*Elizabeth O´Neill, supervisora de los contratos adjudicados irregularmente.
*Mauricio Jose Rodriguez Cotua, contratista.
*Sergio Fabian Lever Whittaker, contratista.
*En el caso de los exfuncionarios, el juez ordenó detención domiciliaria para: Juan Diego Alvis Cotes, Tatiana Pérez García (exsecretaria de planeación) y Edelmira Archbold Hawkins (exsecretaria de educación).
Los hoy detenidos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y concierto para delinquir.
La Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de ciento veinte mil millones de pesos ($120.000’000.000) que habrían sido entregados a los mismos constructores que, a cambio de coimas, se quedaron con las obras de valorización en Armenia.
