Para las plataformas y organizaciones defensoras de derechos humanos el Gobierno del presidente Iván Duque ha sido sordo a los llamados elevados desde los territorios en contra de su política de seguridad basada en un enfoque de militarización. Ante el empeño en mantenerla, una amplia confluencia de estas plataformas anunció que suspende por todas las vías su participación e interlocución con este Gobierno en lo que concierne a la formulación de la política pública de defensa de los derechos humanos.
Se trata de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos; la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; y la Cumbre Agraria, que desde mayo habían estado formulando de manera concertada con el Gobierno una política pública para la defensa de los derechos humanos. Uno de los principales objetivos apuntaba a frenar la violencia contra líderes sociales en el país, que no ha dado tregua en el gobierno Duque.
Asimismo, uno de los pilares en los que se basaba ese consenso era la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz referidos a esta materia, como las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales, incluido el desmonte del paramilitarismo.
“Sin embargo, hasta el momento no hemos constatado una voluntad política real por parte del Gobierno Nacional para avanzar en esta dirección, lo cual se evidencia en el agravamiento de la crisis humanitaria, la reactivación del conflicto armado y de dinámicas de violencia sociopolítica, y la expansión del paramilitarismo y de la criminalidad ligada al narcotráfico”, señala la declaración.
De esta manera, el proceso en el que se venía avanzando queda roto. El anuncio se da en medio de la renuncia del exministro de Defensa, Guillermo Botero, tras la revelación, en la moción de censura en el Congreso, de que en un bombardeo de la Fuerza Pública en San Vicente del Caguán, murieron ocho menores de edad. Pero para las plataformas que suscriben el comunicado, no es suficiente la renuncia de Botero y hablan de otros hechos que dan cuenta de la falta de voluntad del Gobierno Duque con la garantía de derechos humanos.
Entre esos hechos, por ejemplo, la decisión del presidente Duque de enviar 2.500 militares al Cauca, ante el agravamiento de la crisis humanitaria. De igual forma, la ejecución extrajudicial del indígena Flower Trompeta en Corinto o el caso de Dimar Torres en el Catatumbo. Hechos como esos son la base para que las plataformas, además de la renuncia de Botero que ya efectúo, exijan también la de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; y el comandante del Ejército, Nicacio Martínez.
Soraya Gutiérrez, vocera de las plataformas, explica la implicación de la decisión que anunciaron. “Si el Gobierno sacara algún tipo de documento jurídico sobre la política de derechos humanos, este no sería legitimo porque no hay concertación con los sectores involucrados”.
Para reanudar la interlocución con el Gobierno en esta materia, las plataformas le solicitan al mandatario, entre otras, detener la militarización de los territorios, particularmente el Cauca; remover de sus cargos a la ministra del Interior y al comandante del Ejército; convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, derivada del Acuerdo de Paz y que plantea avanzar en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares.
Tomado de El Espectador 2020
