Por estos hechos investigan a los dos policías capturados en El Diamante, de la comuna 7 Robledo

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La Fiscalía General de la Nación reveló en un boletín la presunta conducta que llevó al CTI y al Gaula del Ejército a capturar a dos agentes de la Policía Nacional en un barrio del noroccidente de Medellín este martes 9 de octubre por el delito de concusión, una suerte de extorsión pero con un sujeto activo calificado: un servidor público.

El pasado sábado 6 de octubre, según la denuncia instaurada, la víctima se encontraba en un lote de su propiedad ubicado en la carrera 84 con calle 77D, barrio El Diamante, de la comuna 7, Robledo, y en el que pensaba realizar una obra.

Allí fue abordado por dos uniformados de la Estación de Policía del barrio Castilla, quienes le pidieron la licencia de construcción. Ante la carencia del documento público referido, ambos policiales le manifestaron que si quería adelantar la edificación tendría que pagarles 1 millón de pesos en efectivo, de lo contrario, capturarían a los trabajadores que vieran en el lote para obstruir el trabajo.

Ante la insistencia de los agentes, el hombre les dijo que tenía que hablar con una hermana que era la dueña del lugar y les manifestó que solo tenían $500.000, pero los uniformados no aceptaron la propuesta monetaria.

Luego de varias negociaciones y bajo la asesoría de miembros del Gaula Militar, la entrega del dinero se coordinó para el martes 9 de octubre en el mencionado lote, lugar en el que se hicieron presentes los patrulleros de la Policía Nacional Jorge Andrés Gómez Pulgarín y Darwin Vladimir Sánchez González, con sus respectivos uniformes y armas de dotación, para, al parecer, recibir el dinero exigido.

Los uniformados fueron capturados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Medellín, con su componente Gaula militar, cuando ultimaban la entrega del millón de pesos que habría sido acordado.

Al momento de la captura, el patrullero Sánchez Gónzález se negó a entregar el arma oficial y tuvo que ser obligado por los investigadores a hacerlo. Además, se abstuvo de entregar su teléfono celular aduciendo que no lo tenía en su poder, pero cuando le hicieron una llamada los funcionarios detectaron el aparato en uno de sus bolsillos.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados y apelaron ante la segunda instancia la legalización de captura y la medida restrictiva de la libertad solicitada por la Fiscalía e impuesta por el Juzgado 35 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías.

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