Mientras la Unidad de Restitución de Tierras (URT) anuncia el regreso de campesinos a sus parcelas en San Alberto y El Copey (Cesar) y en Puerto Parra (Santander), en Antioquia anuncian la suspensión de sus actividades en cinco municipios: Ituango, Briceño, Amalfi, Segovia y Remedios. Esto, dicen, a causa del recrudecimiento del conflicto armado que, hasta ahora, se ha manifestado con la presencia de actores armados, amenazas y minas antipersonales.
El director de la URT, Andrés Castro, explicó a Blu Radio que “Hay problemas de narcotráfico, de minería ilegal, también tiene que ver con temas de minas antipersona, situaciones de distinta naturaleza que tenemos que evaluar, poder medir y lograr una definición”. Además, dijo que hay puntos específicos a los que el equipo de la Unidad no puede acceder por esos mismos problemas de seguridad.
A esto se le suma que ser reclamante de tierras se ha constituido como uno de los liderazgos más peligrosos en los últimos años. Tanto así que la Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas, ha dicho que son estos, además de los líderes se sustitución de cultivos, quienes están más en peligro en varias regiones. También están amenazados los liderazgos indígenas y comunitarios.
En total, dice el director de la URT, no han podido atender 7.000 solicitudes de reclamación de predios que fueron despojados en el marco de la guerra.
En contexto
La Unidad de Restitución de Tierras es una institución que creó la Ley 1478 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se encarga de recibir las reclamaciones de las personas que fueron despojadas de sus predios y que los quieren de vuelta. A agosto de 2019, la URT había recibido 122.709 solicitudes de restitución de tierras, 98.486 ya habían sido gestionadas y habían resuelto 10.4330 de esas solicitudes.
Tomado de El Espectador
