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En el segundo semestre del año 2010, la Administración Municipal, llevó a cabo un proyecto conjunto con el Grupo de Investigación Estudios Biosociales del Cuerpo (Giebscuerpo), liderado por la docente y antropóloga forense Timisay Monsalve, el cual hace parte del Centro de investigaciones sociales y humanas, de la facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad de Antioquia. El proyecto consistía en hacer una búsqueda real de las personas desaparecidas de Medellín y se haría una prueba piloto en la Comuna 13 de la ciudad.
AnálisisUrbano pudo conocer que el equipo que llevó a cabo la investigación estaba conformado por personas profesionales y en formación reconocidos por su seriedad y rigurosidad investigativa, empezando por la misma Timisay Monsalve, el profesor Jaime Nieto y El periodista y columnista de Semana.com, Juan Diego Restrepo, quienes también hicieron su aporte en el proyecto.
Lo que causa inquietud es que una vez entregados los resultados de lo que fue la prueba piloto, éstos causaron molestias la Administración. La conclusión, en resumen, decía que el resultado obtenido era apenas la punta del iceberg del drama real acontecido en la zona y daba luces de que la desaparición forzada era una práctica de Estado.
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Lo cierto es que la publicación fue negada y el argumento básicamente fue que era un trabajo mediocre.
Una vez se supo que la investigación estaba finalizada, varias personas se acercaron a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la personería de Medellín, y se entrevistaron con quien entonces era el encargado del área de desaparición Forzada, Jaime Carrión, para solicitar los resultados; pero el funcionario en su momento dijo que esa no se podía hacer pública por que no era buena y estaba mal hecha, que era pésima la investigación.
Pésima o no, lo concreto es que a todos los investigadores se les pagó por su trabajo, y en los proyectos que conllevan una contratación estatal no se desembolsan dineros hasta no entregar todos los productos y firmar un “recibido a conformidad”.
AnalisisUrbano se pregunta qué pasó acá, por qué no podemos conocer una investigación que fue realizada con dineros públicos. Por qué la pagaron si no estaban conformes. Tampoco nos explicamos por qué los investigadores fueron obligados a firmar una cláusula de reserva desde el inicio de la investigación si se suponía que el fin de la misma era ser publicada.
Acá sólo dos escenarios son posibles: o los responsables de la Administración que debían validar los resultados no le leyeron, es decir, no hicieron el trabajo por el que les pagaban; o se censuró la investigación porque no está bien visto que la Universidad de Antioquia (que carga el peso de ser la voz de la academia) diga que la Desaparición forzada es una práctica estatal, especialmente cuando es el Estado quien paga para que se hable mal de él.
AnalisisUrbano, en su labor investigativa, intentará acceder a los resultados de la misma porque buena o mala, lo cierto es que algo no huele bien, además, es obligatorio que se dé a conocer porque fue un proyecto financiado con recursos públicos y no privados.
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