Antioquia, Colombia, 1 septiembre de 2022.- El pasado 7 de agosto, la comandancia central de las AGC ordenó a todas sus estructuras “un cese al fuego unilateral”, que podría abrirles espacio en una eventual negociación o sometimiento con el Gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, las estructuras paramilitares “Pacificadores de Córdoba y Bajo Cauca”, “Jorge Iván Arboleda Garcés”, “Edwin Román”, “Julio César Vargas”, “Francisco Morelos Peñata”, “Héroes del Caribe”, “Luis Alfonso Echavarría”, “Luis Fernando Gutiérrez” y “Erlin Pino Duarte”, de las AGC, que controlan los territorios del Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Occidente y Sur de Bolívar, siguen en pie de guerra contra la población.
En cuanto a la situación de las zonas rurales de Remedios y Segovia, donde se padece el recrudecimiento y la vulneración de los derechos humanos contra la población, es clara la omisión sistemática del Ejército Nacional, Policía Nacional, las administraciones municipales, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, que no han ejercido acciones concretas para proteger a la población civil.
En la zona, se han presentado fuertes enfrentamientos armados y homicidios en los que la misma comunidad ha tenido que servir de labores humanitarias para el traslado de cadáveres, porque ninguna autoridad del Estado colombiano se atreve, al menos, a cumplir con la función de levantamiento de cadáveres.
A las comunidades les ha quedado claro el mensaje de sangre y fuego contra los civiles luego del secuestro y posterior asesinato del líder social Elmer Lenin Guerra, ocurrido el 18 de agosto pasado.
Este crimen, cometido con sevicia y cobardía fue perpetrado por integrantes paramilitares de la estructura “Jorge Iván Arboleda Garcés” de las AGC. Para asesinar al gran líder social, humilde, lleno de ganas de la vida y de la defensa de los derechos humanos de su comunidad, los paramilitares recurrieron a la cobarde tortura de un hombre de paz. La misma comunidad tuvo que realizar el levantamiento del cuerpo sin vida de Lenin.
Pese a las recurrentes denuncias sobre el control ilegal, las AGC mantienen sus retenes ilegales en los sectores del El Diamante, El Aporriado, Las Negritas, El Palmar y La Y, todas las zonas de ingreso a las áreas rurales de los municipios de Remedios o Segovia, lo que les permite tener un control total del ingreso y la salida de la población.
Como si se tratara de un cuento de horror, estos paramilitares mantienen una base de datos fotográfica. En cada ocasión que tienen sospecha de alguna persona, recurren a ésta para tratar de reconocer a posibles personas que ya tienen identificadas como objetivos militares para asesinarlas.
Algunos pobladores se atreven a decir que la única manera en que este grupo ha logrado su avance armado es con la posible connivencia de la fuerza pública, porque la Policía y el Ejército conocen la gravedad de la situación, los sitios donde han instalado retenes ilegales desde hace más de un año y, aun así, pareciera una acción coordinada.
Habitantes de la zona, consultados por el Portal de Noticias Análisis Urbano, denuncian que “…el Ejército anda revuelto con los paramilitares…”, por varias zonas rurales. Hecho que debe ser materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
Por lo menos, esta información coincide con lo publicado por nuestro portal en el artículo “¡Alerta! AGC rodean zonas mineras de Remedios y Segovia”, que da cuenta de un plan elaborado por varias estructuras de las AGC para hacerse con el control territorial de la zona estratégica minera de Remedios y Segovia. Para llevar a cabo esta estrategia, están rodeando con gran cantidad de hombres armados enviados desde El Bagre, Zaragoza, Serranía de San Lucas, Sur de Bolívar y zonas urbanas, para buscar enfrentarse y desplazar el poder armado que tienen las Disidencias de las Farc y el ELN en esta zona.
Los actos armados contra la población y contra líderes sociales ocurridos recientemente en el Nordeste del departamento de Antioquia, más el pie de guerra demostrado por estas estructuras de las AGC, ponen sobre la mesa la pregunta. ¿En caso de abrirse una eventual mesa de negociación con el Gobierno Nacional, estas estructuras de AGC se anexaran a su línea de mando?
Lo que está pasando en esta subregión del Nordeste es muy grave. Primero porque no hubo atención a un caso de urgencia manifiesta para prevenir casos de violencia hacia la población. Lo segundo porque ninguna autoridad ha atendido con un compromiso real la Alerta de la Defensoría del Pueblo 052-18. Tercero, porque en los consejos de seguridad se ha tratado de desvirtuar los testimonios de la población sobre el alto nivel de riesgo y cuarto, porque aún está instalado un complejo paramilitar que cada día avanza rápidamente.
¿Está el Ministro de Defensa consciente de la complicada situación que concurre en este territorio?
Lo que deja de constancia la misma comunidad es que mientras persista toda esta escalada y copamiento de las AGC con la permisividad de la fuerza pública, sus territorios estarán bajo el yugo implacable de la violencia, y en ella, la responsabilidad por omisión del Estado.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en que cualquier situación que ocurra será responsabilidad del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y del Estado colombiano, por no atender un riesgo ya consumado por la peligrosa negligencia gubernamental.
A.U.
