Medellín, Colombia, marzo 25 de 2022- El investigador de la Sijín de la Policía Nacional, Jhon Javer Ortega Gómez, al parecer, por un contrato de inversión le entregó a una comerciante 78 millones de pesos para la comercialización de oro. En el documento se pactó un plazo de 6 meses y se fijó un pago de intereses mensuales equivalente al 5 %.
No obstante, con la complicidad de Ana Lucía Gómez Tuhirán, esposa del investigador Ortega Gómez y quien se hizo pasar por funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, y el particular Juan David Gómez Ramos, la comerciante habría sido retenida por dos horas y media en su oficina para, al parecer, presionar la devolución inmediata del dinero invertido.
En ese sitio las tres personas se habrían apoderado de 14 millones de pesos en efectivo, suma que según la falsa funcionaria quedaría en cadena de custodia hasta que pagara la totalidad de la millonaria inversión.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, con el apoyo de la Dijín y el CTI, el 4 de agosto de 2021, mientras el patrullero custodiaba a la víctima, para que no usara el celular; Gómez Tuhirán habría constreñido a la víctima para que realizara el traspaso de una camioneta avaluada en más de 90 millones de pesos. Todo esto a cambio de no hacer efectiva una supuesta orden de captura que por el delito de estafa, supuestamente, se había emitido contra la comerciante.
De acuerdo con el ente investigador, un día después de la retención ilegal, la víctima fue citada a una notaría de Medellín para autenticar el traspaso del automotor y modificar el mencionado contrato, por un pagaré de pago inmediato.
Según los datos recopilados, Ana Lucía Gómez habría simulado ser fiscal en otras oportunidades; además de afirmar tener relaciones cercanas con altos oficiales de la Policía en Medellín y en la capital de la República. También estaría realizando otras actividades ilícitas en compañía del patrullero de la Policía.
Estas tres personas fueron capturadas el pasado 16 de marzo y puestas a disposición de la Fiscalía. Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados como presuntos responsables de secuestro extorsivo, concierto para delinquir agravado, hurto calificado, simulación de investidura o cargo y falsedad en documento público y privado y abuso de la función pública.
