El abogado Miguel Ángel Del Río, apoderado del exfiscal Fabio Augusto Martínez -recluido en La Picota por “chuzadas“- enfrentará un proceso disciplinario por orden del Tribunal Superior de Bogotá, dado que, según el despacho judicial, habría realizado constantes maniobras dilatorias y habría pedido aplazar el proceso en reiteradas oportunidades.
Del Río es conocido por haber revelado los audios en los cuales José Ñeñe Hernández, presunto testaferro del narcotraficante Marquitos Figueroa, habla con una asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente y exsenador Uribe, Claudia Caya Daza, sobre lo que hoy está bajo investigación como posibles delitos electorales antes de la segunda vuelta que ganó en 2018 Iván Duque. Producto de este material, el expresidente Uribe también tiene una indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia.
En diálogo con El Espectador, el abogado aseguró que “el propósito de la Fiscalía era ocultarlos (los audios)”, dado que miembros de la institución conocían el informe de policía judicial, del 26 de mayo de 2018, acerca de la conversación entre Daza y Hernández. “En los informes judiciales se les advertía a los dos fiscales que han pasado por este caso, sobre la existencia de los presuntos fraudes electorales y ninguno compulsó copias para que se abriera otra investigación”, aseguró Del Río en su momento.
De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, el proceso disciplinario en la Judicatura no sería el único expediente que Del Río podría enfrentar. El pasado 30 de septiembre, por el mismo caso de Fabio Augusto Martínez, la Fiscalía le solicitó a un juez de control de garantías que se le compulsen copias penales debido a que, en dichas maniobras de aplazamiento, el abogado habría entregado documentación falsa.
Se trataría de una solicitud de aplazamiento presentada ante un juez de control de garantías, en la cual Del Río avisó que tenía otra diligencia programada y que por eso no podía comparecer en una audiencia de prórroga de la medida de aseguramiento para el exfiscal Fabio Augusto Martínez. Sin embargo, la Fiscalía probaría que la diligencia advertida por Del Río se suspendió horas antes de la audiencia de prórroga.
“(Que) se proceda a la compulsa de copias penales y la compulsa de copias disciplinarias ante el Consejo Seccional de la Judicatura, y ello sin perjuicio de los poderes correccionales que usted, al interior de esta audiencia como presidente de la misma pueda lograr”, le dijo el fiscal del caso al Tribunal Superior de Bogotá, dado que el abogado Del Río no participó en la audiencia de prórroga de medida de aseguramiento.
El Tribunal, entonces, luego de escuchar otros antecedentes conexos con las presuntas faltas de Miguel Ángel Del Río, ordenó la remisión de copias disciplinarias ante los organismos que solicitó el fiscal, dada “la posible falta por la dilación y la inasistencia injustificada”. Además, de acuerdo con el mismo magistrado, el trámite se ha intentado hacer desde hace más de un año.
“Me parece que estamos en presencia de maniobras dilatorias y esas maniobras deben dar lugar a una investigación disciplinaria al margen de la justificación, o no, de la ausencia el día de hoy. En nuestro parecer es grave que el defensor haya hecho que una sala del tribunal esté hoy perdiendo tiempo, que un fiscal esté perdiendo tiempo. Es una falta total de respeto”, consideró un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que pidió un máximo de tres días para que el abogado explicara su ausencia.
Miguel Ángel Del Río le dijo a este diario que el expediente del exfiscal Martínez Lugo llegó a sus manos hace muy poco tiempo. Comenta que recién el pasado 18 de septiembre le hicieron entrega de los elementos materiales de prueba, para afrontar una audiencia que estaba programada seis días después. “Yo le hice una solicitud por escrito al Tribunal advirtiéndole, con acta en mano, que yo tenía a partir del 18 el descubrimiento de esos elementos, y por tanto era imposible el 24 presentarme en una diligencia judicial”, aseguró el abogado.
Además, con el objetivo de esclarecer la situación, el abogado Miguel Ángel Del Río radicó ese mismo día -24 de septiembre pasado- una carta ante el magistrado Álvaro Valdivieso, miembro del Tribunal Superior de Bogotá. El apoderado del exfiscal Martínez afirmó que no recibió el enlace a la conexión y que la dilación no es práctica propia de su carrera profesional. “En este defensor sólo encontrará un contendor respetuoso y un sujeto procesal leal y frentero”, puntualizó.
Del Río asegura, también, que se trata de una confabulación para sacarlo del camino. Explica que el fiscal 12 delegado ante el Tribunal, quien solicitó la compulsa de copias penales y disciplinarias, tiene un proceso penal en su contra por el delito de soborno en actuación penal y compra de testigos. Dice que está afrontando una persecución entre quien pidió la compulsa y el también fiscal Daniel Hernández. “Y eso nace, a su vez, de mis diferencias con su mejor amigo Daniel Hernández, fiscal séptimo delegado ante el Tribunal».
El abogado señala que tiene denunciado al propio fiscal Daniel Hernández por fraude procesal, por supuestas irregularidades en la indagación de dos investigadores de policía judicial, que estarían siendo amedrentados por los audios de la Ñeñepolítica. “A mí me habían establecido que, a partir de ese momento, cuando entré al tema de la ñeñepolítica -presunto aporte de dineros de José Guillermo Hernández a la campaña presidencial de Iván Duque-, me iban a hacer un montaje judicial”, aseguró.
“Es una práctica absolutamente normal dentro de los abogados solicitar un aplazamiento. Lo que no es normal es que el fiscal del caso se vaya lanza en ristre con una persona, que acaba de llegar a un expediente, a solicitar una compulsa de copias penales y disciplinarias por un evento absolutamente natural que es la solicitud de un aplazamiento, con base en un descubrimiento probatorio”, aclaró, sobre su inasistencia a la sesión del pasado 24 de septiembre.
Al final, el abogado Del Río anunció que irá hasta las últimas consecuencias por la presunta conspiración contra él. «Esto va para imputación. Cuando una persona llega a un proceso, lo primero que tiene que hacer es revisar el expediente. Pero que salga el fiscal del caso a denunciarme penalmente cuando el proceso está demorado hace dos años, y no ha habido una sola compulsa para ninguno de los abogados de Martínez Lugo, si no las compulsas son para mí que llegué hace 15 días, demuestra una total animadversión”.
El proceso contra el exfiscal Fabio Augusto Martínez
En septiembre de 2019, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exfiscal Fabio Martínez Lugo por su presunta participación en una red de interceptaciones ilegales dentro de la misma institución. Fabio Augusto Martínez fue señalado de integrar una red de espionaje corporativo “bajo de las órdenes de otros”, como señaló en su momento la vicefiscal María Paulina Riveros. Desde mayo de 2019, entonces, el defendido de Miguel Ángel del Río está preso en la cárcel La Picota.
La Fiscalía, en su momento, llamó a juicio a Martínez por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones. El exfiscal habría “chuzado” al presidente de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz, al abogado Felipe Jaramillo y el vicepresidente del sindicato de aviadores (Acdac), Julián Pinzón Saavedra. El exfuncionario se ha declarado inocente.
Las investigaciones contra Martínez se desprenden, además, de un expediente más grande. El exfiscal fue salpicado cuando se descubrió que el general en retiro Humberto Guatibonza hacía parte de HG Consultoría S.A.S, una empresa de seguridad que, presuntamente, actuaba como una organización criminal que ofrecía servicios de interceptaciones de comunicaciones telefónicas. En marzo de 2019, Guatibonza salió libre por vencimiento de términos.
El exfiscal Martínez intentó entrar a la JEP a principios de 2020, argumentando que se trataban de acciones dentro del marco del conflicto armado. Además, indicó “que conoce información pormenorizada sobre cómo la Fiscalía actúa bajo órdenes del Fiscal General -entonces Néstor Humberto Martínez- para la interceptación telefónica de todos aquellos casos que resulten relevantes para la esfera nacional”. La petición fue negada por funcionarios de la justicia transicional.
Sobre el futuro de Martínez Lugo, su apoderado Miguel Ángel Del Río denunció falta de garantías por parte del ente investigador. “Tiene muchísima información importante, pero nosotros no confiamos en la Fiscalía para entregar esa información. Ojalá las autoridades entiendan eso, cambien a los fiscales que están manejando el tema. Es una información de altísima sensibilidad nacional. El exfiscal tiene conocimientos de las chuzadas de los últimos 10 o 12 años en el país”, finalizó.
Así las cosas, la situación del exfiscal Fabio Augusto Martínez parece tornarse más complicada a partir de ahora. No solo su abogado, Miguel Ángel del Río, enfrentará un proceso disciplinario, sino también la Fiscalía le formulará nuevos cargos el próximo 6 de noviembre en horas de la mañana. Junto a Martínez, también será procesado Luis Camilo Gómez Góngora, excoordinador de la Sala de Interceptaciones de la Fiscalía.
Tomado de El Espectador
