Las peticiones para que el fiscal Francisco Barbosa se separe del proceso conocido como la “Ñeñepolítica” por un supuesto conflicto de interés de su parte, derivado de su pública amistad con el presidente Iván Duque Márquez, se están acumulando. Por tercera ocasión, Dejusticia y Transparencia por Colombia hicieron nuevamente la solicitud al considerar que se necesita un fiscal ad hoc que de garantía de independencia a las investigaciones en curso.
Como se sabe, la Fiscalía adelanta una pesquisa luego que se conociera una conversación que sostiene el ganadero José Guillermo Hernández, más conocido como el Ñeñe Hernández, sobre “dineros bajo la mesa” que habrían beneficiado campaña del presidente Iván Duque. En este caso se investiga supuestas irregularidades y compra de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018 en la que el integrante del Centro Democrático resultó vencedor.
En esta ocasión, Dejusticia y Transparencia por Colombia hicieron llegar esta petición a la Corte Suprema de Justicia para que contemple la posibilidad de designar, de oficio, un fiscal ad hoc para este caso. En el alto tribunal cursa una recusación que presentó el abogado Miguel Ángel del Río en contra de Barbosa y en esa alta corte, como reveló este diario, ya toma fuerza esa posibilidad entre los magistrados para evitar que con este episodio se reviva la situación que se presentó con Néstor Humberto Martínez con el caso Odebrecht en donde, al final, se debió designar a un fiscal ad hoc.
La petición de Dejusticia esta vez tuvo en cuenta la ronda de declaraciones a medios que hizo el fiscal Barbosa los pasados 24 y 27 de mayo, contando de manera detallada el avance de los procesos penales relacionados con la Ñeñepolítica. Aunque es claro que el fiscal no investiga por competencias al presidente de la República, las organizaciones aseguran que sí hay un conflicto de interés porque Barbosa tiene la facultad para “atraer a su despacho la investigación o acusación de forma discrecional; nombrar o remover fiscales que participen en una investigación determinada, y asignar al vicefiscal o a otro fiscal investigaciones o acusaciones”.
Además, explicaron las organizaciones, en la etapa de investigación, la Fiscalía debe especificar a los potenciales responsables de un delito y, si esas personas resultan ser aforados, debe remitir sus hallazgos a las autoridades competentes. “Así, en caso de encontrar evidencia sobre delitos del presidente de la República, la Fiscalía debe remitir las evidencias al Congreso de la República, remisión que puede estar influenciada por el conflicto de interés del Fiscal General”, indicaron.
Para Dejusticia y Transparencia por Colombia, la reciente imputación de cargos a dos integrantes de policía judicial que hicieron las interceptaciones legales a José Guillermo Hernández “genera gran preocupación, pues deberían contar con un proceso donde se garantice la transparencia, la independencia y toda la imparcialidad posible”. Además, aseguran que el caso debe estar en manos de un “fiscal ad hoc que, frente a una responsabilidad tan alta, pueda actuar bajo los principios de absoluta independencia y total imparcialidad”.
Tomado de El Espectador
