En un comunicado, los postulados a la Ley 975 del año 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, recluidos en el pabellón R-3 de Justicia y Paz, de la cárcel Nacional la Picota de Bogotá, manifestaron su inconformidad por lo que ellos denominan “atropellos y vulneración a nuestros derechos y acuerdos pactados en la negociación del Gobierno Nacional y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), con relación a algunos derechos adquiridos como desmovilizados de un grupo armado al margen de la ley”.
Los firmantes se refieren a la abolición paulatina de beneficios que ellos ya habían ganado y concertado previamente y de los que ahora fueron privados por la decisión del nuevo director.
“El nuevo director llegó a este penal con unas políticas de acabar con algunos pocos beneficios que el INPEC nos dio, entre ellos la salida a una granja que existe dentro del penal y en la que cultivamos pancoger y especies menores como gallinas ponedoras, pollos de engorde, conejos, cerdos y equinos, entre otros”, se puede leer en el escrito.
Los postulados aseguran desconocer por qué se dio la orden de cerrar la actividad en ese espacio. “El director ordenó acabar con ese espacio y hasta la fecha no conocemos los motivos ni las causas, el por qué y mucho menos nos han hecho llegar documento alguno, ley, decreto o resolución en la que se ordene la prohibición del acceso al trabajo en la granja”, afirman en el texto.
Además de la explicación, los internos solicitan que no les impidan trabajar en esa granja, puesto que “ella nos permite mantenernos ocupados. Así nuestro ocio lo utilizaremos en algo productivo. Y nos ayudamos a nosotros mismos, puesto que conseguimos lo necesario para cubrir nuestras necesidades, para ayudar en algo a nuestra familia e, inclusive, cubrir en algo la Indemnización que debemos a las víctimas”, concluye el comunicado.