En momentos en que más se necesita información de calidad, la prensa regional atraviesa uno de los peores episodios de su historia. Una crisis que no solo afecta a los medios, sino al periodismo y el derecho de la sociedad a estar bien informada.
Según el estudio ‘Cartografías de la información’, de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), solo un departamento tiene suficiente información local: San Andrés y Providencia. Con 19 medios de comunicación para 78.413 habitantes, los isleños saben lo que pasa en la ciudad y se enteran de políticas públicas y de actos de corrupción. Si los medios regionales desaparecieran, los departamentos quedarían huérfanos de un bien vital: la información. Solo se enterarían de lo que les dicen los medios nacionales acerca de Bogotá, del Congreso, del Gobierno nacional.
La prensa regional sufre desde hace varios años la crisis creciente de los medios. Empezó con las noticias en la web sin costo y siguió con el ascenso de las redes sociales, cuando los lectores empezaron a interactuar con lo digital y algunos crearon sus propios medios. Así también llegaron las fake news y los portales en los que abunda la opinión más que los hechos. Este fenómeno ha golpeado duramente a la prensa tradicional, que ahora está en medio de una crisis más acentuada gracias al coronavirus. En efecto, la pauta ha desaparecido en más de un 70 por ciento, y la venta en calle, casi del todo.
Ya La Opinión, de Cúcuta, cerró su edición impresa e informa ahora por sus portales y redes sociales. El Nuevo Día, de Ibagué, no ha podido pagar su nómina de marzo y si la situación sigue así, pronto dejará de circular. Sin embargo, la crisis puede acabar por completo con estos medios, lo que daría un duro golpe a la democracia, a la información regional y, claro, a varios sectores de la economía.
“Los últimos años no han sido fáciles para la industria; nosotros no somos la excepción. Han sido años complicados en los que internet ha disminuido los ingresos tradicionales por publicidad y circulación. La llegada del coronavirus nos puso en una situación muy compleja por las restricciones para circular en la calle y porque la incertidumbre de saber qué va a pasar obligó a muchos clientes a congelar sus contratos de pauta. Ese escenario complicó todo, y nosotros tomamos la decisión de dejar de imprimir por el tiempo que dure la cuarentena obligatoria. Seguimos operando por nuestros canales digitales”, dice Estefanía Colmenares, directora del diario La Opinión, que hasta el momento no ha hecho recortes.
Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información, ha entablado conversaciones con el Gobierno nacional en las últimas semanas para que haya una corresponsabilidad con el mantenimiento de la prensa regional. En una carta al presidente Iván Duque pidió un salvavidas para la prensa.
Según sus cuentas, requieren una asignación de pauta oficial consolidada por servicios de publicidad o contenido pautado, pues el Estado necesita que la información sobre el coronavirus sea veraz y basada en lo que dicen los científicos y la ley. Además, la Asociación pide estimular la inversión publicitaria descontable del impuesto de renta de los anunciantes y eliminar el IVA a la publicidad.
La Patria, de Manizales, el diario más importante del Eje Cafetero, ha decidido hacer préstamos para cubrir la nómina mientras pasa la crisis y no tener que despedir a ningún periodista. También bajaron su número de páginas, imprimen algunas a blanco y negro, y cambiaron el formato a tabloide. Fernando Ramírez, su director, dice: “Nosotros tomamos la decisión de seguir circulando, lo que no es fácil porque casi no se vende en la calle y solo hay suscripciones, pero la gente ha valorado mucho recibir el periódico. Ahora, la publicidad ha desaparecido casi por completo”.
Algo parecido viven en El Universal, donde la redacción tiene 52 periodistas y fotógrafos que continúan laborando desde sus casas y eventualmente salen a reportear a la calle. El gerente, Gerardo Araújo, cuenta que han hecho de todo para bajar los gastos: apagaron el aire acondicionado en las oficinas, bajaron el consumo de agua y energía, redujeron el número de páginas y eliminaron por completo los insertos; el periódico Q’hubo dejó de circular unos días. Incluso, algunos empleados han donado parte de su sueldo para que la empresa no se venga a pique. Pero El Universal parece navegar solo, pues en sus editoriales ya le han dicho al empresariado de la ciudad que ha sido indolente con el futuro de la región.
El Colombiano, el medio impreso regional más fuerte del país, con 106 años de historia y sin vínculos con ningún grupo empresarial, sigue dando la pelea. Casi todos sus empleados trabajan en casa y salen a reporterías específicas, así mantienen la cobertura de las noticias de Medellín y Antioquia. Además, sacaron adelante una campaña llamada Adopta un Voceador, en la que pagarán sueldos durante tres meses y entregarán mercados.
“Esta crisis, afortunadamente, tomó al periódico en un buen lugar para cumplir, para honrar nuestro compromiso con la sociedad, que es proveerlo de información veraz, dar claridad y serenidad en momentos de confusión. El precio financiero que estamos pagando es alto y va a dejar huella en la compañía. Nuestra esperanza es que la sociedad reconozca, cuando sea oportuno, el esfuerzo de los medios por seguir cumpliendo con la labor”, dice Martha Ortiz, directora de El Colombiano.
A su vez, Alejandro Galvis, director del diario bumangués Vanguardia, dice que después de 2014 los ingresos anuales pudieron caer de 45.000 millones a 25.000 millones de pesos, contando con que abrieron negocios como eventos de ciudad, impresiones para terceros y alianzas. Hoy todo eso está cerrado y no saben cuándo abrirán de nuevo. “Vanguardia tuvo 625 trabajadores y hoy estamos llegando a 280. Hemos tratado de preservar los cargos de la redacción, pero si hemos despedido gente de otras áreas y estamos ahorrando por otros lados”, explica Galvis.
La prensa regional es un bien de la nación, pues mantiene las dinámicas de la democracia y hace denuncias que demuestran cómo la corrupción carcome el dinero público. Es necesario salvarla como sociedad, pero no se trata de caridad sino de corresponsabilidad con un bien absolutamente necesario: la buena información.
Tomado de Revista Semana