Una investigación realizada por Cuestión Pública y Dejusticia, reveló que el bombardeo efectuado en San Vicente del Caguán, Caquetá, por el Ejército Nacional el pasado 29 de agosto, el cual acabó con la vida de al menos 8 menores de edad, fue ejecutado, pese a que, los altos mandos militares, el entonces Ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el presidente Iván Duque, tenían el pleno conocimiento de que en el lugar había presencia de menores.
El informe de inteligencia No. 937 del 24 de agosto de 2019, emitido cinco días antes de la denominada Operación Atai, reveló que el Ejército tenía conocimiento de que el esquema de seguridad de alias “Gildardo Cucho” —objetivo principal del operativo— estaba conformado por menores de edad, los cuales habían sido reclutados de manera forzada.
Pese a ello, el presidente Iván Duque autorizó previamente el bombardeo y una vez efectuado, calificó el operativo como una «labor estratégica, meticulosa, impecable».
#Sincelejo Producto de operación que autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales contra cuadrilla de narcoterroristas residuales de Farc, cayó alias ‘Gildardo Cucho’. Este criminal pretendía ser parte de la banda de 'Iván Márquez', que ayer amenazó y desafió al país. pic.twitter.com/q3CvTGY2CB
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 30, 2019
Las consecuencias de dicho operativo son una responsabilidad que el entonces Ministro de Defensa, Guillermo Botero, también se negó a reconocer antes de dejar su cargo; señalando que su Ministerio no había recibido ningún requerimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación frente al caso.
Tampoco lo hicieron altos mandos como el comandante de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro y el comandante del Ejército Nacional, Nicacio Martínez; quienes aseguraron que «no se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte del esquema de seguridad de Gildardo Cucho» y que «de haberse sabido, la decisión hubiese sido otra».
El bombardeo a menores habría sido una operación precipitada
Diana Salinas, investigadora de Cuestión Pública, señaló que por esos días, Iván Márquez había anunciado su regreso a las hostilidades dentro de las disidencias de FARC y el Gobierno, según Salinas, necesitaba «un golpe de opinión muy fuerte» para contrarrestar dicho anuncio.
Adicionalmente, recordó que en ese momento también se habían hecho públicas las denuncias del New York Times, sobre una política dentro del Ejército colombiano similar a la implementada durante la época de los llamados falsos positivos. Entre algunas de las directrices militares, se pedía doblar los resultados de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate; y disminuir los márgenes de certeza sobre el objetivo antes de ejecutar los operativos.
La investigadora sugirió que podía existir una relación directa entre estos dos hechos y la decisión de desplegar la Operación Atai, que produjo la muerte de los menores en el bombardeo.
Tomado de Contagio Radio
