Colombia, septeimbre 2 de 2022.- El país que recibe el actual presidente de la República, Gustavo Petro, no ha superado los altos índices de violencia armada y los impactos colectivos en contra la población.
Haciendo uso de los informes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios –Ocha-, se da cuenta del impacto humanitario duramente el 2022 en donde ocurrieron por lo menos 220 reportes por confinamiento, desplazamiento forzado y desastres naturales que afectaron cerca de 456.400 personas.
En estos territorios las estrategias de control de los diferentes grupos armados imponen códigos de conducta, restringen la movilidad y las actividades comerciales, la pesca, la caza de animales, intimidan a las niñas y las mujeres de la población.
Cifras de desplazados en Colombia 2012 a Julio 2022 (en miles)
Las cifras OCHA sobre el desplazamiento forzado en Colombia durante el 2022, arroja unos datos preocupantes en los que encuentra 42.800 desplazados masivos, 15.100 familias desplazadas en eventos masivos, 49.100 personas desplazadas en eventos masivos que retornaron y 59.800 personas que permanecen desplazadas.
En el mes de julio los desplazamiento forzado se concentraron contra las comunidades campesinas, indígenas (Emberá) y afrodescendientes en los departamentos de Chocó, Nariño, Putumayo y Córdoba.
Según OCHA, al comparar los primero 7 meses de los años 2021 y 2022 se observa un aumento del 25% en casos de desplazamiento forzado. Una situación que preocupa sobre manera es que 59.800 personas desplazadas durante este 2021 no han logrado retornar a sus lugares de origen por la falta de garantías reales para sus retornos por la permanencia de grupos armados ilegales en territorios sus territorios.
El 68% de las personas víctimas de desplazamiento forzado en 2022, pertenecen a comunidades étnicas y departamentos como Nariño, Valle del Cauca y Chocó.
Los niños, niñas y adolescentes son permanentemente amenazados con ser reclutados, de estos, cerca de 6.400 fueron desplazados en eventos masivos que vulneran sus derechos humanos fundamentales, además, son expuestos a todo tipo de riesgos por posibles casos de violencia basada en género y sexual, deserción escolar, y necesidades básicas de alimentación, salud, aloja- miento y agua, saneamiento e higiene.
El reporte OCHA focaliza una doble y triple revictimización por desplazamiento, confinamiento y desastres naturales en los municipios de Bagadó, Medio Atrato y Quibdó (Chocó).
Confinamiento y de las restricciones a la movilidad
Este año han aumentado en un 74% los casos de confinamiento. Mucho más grave aún es que desde el 2021 hasta la fecha cerca de 74.100 personas continúan en situación de confinamiento por tener restringida su movilidad y el acceso de bienes y/o servicios básicos. La razón es el control de actores armados ilegales.
Solo en el mes de julio, se registraron dos desplazamientos masivos que ocurrieron paralelamente a los eventos de confinamiento en Chocó (3 confinamientos), Córdoba (1), Putumayo (1) y Arauca (1) donde las principales víctimas fueron población indígena de las etnias Emberá, Siona, Wounaan y Murui Muina. Otros eventos de restricción de movilidad se reportaron en Antioquia, Arauca y Meta.
En el departamento del Chocó se registró el confinamiento de 1.060 personas de seis comunidades indígenas en el municipio de Bahía Solano por la incursión de grupos armados.
En el municipio de Bajo Baudó, 596 personas de tres comunidades indígenas fueron confinadas tras la desaparición de cuatro miembros de las comunidades y enfrentamientos constantes entre actores armados ilegales.
Fue también conocido el confinamiento de más de 3.526 personas de la zona del Alto Andágueda (Bagadó) por combates y amenazas por grupos ilegales que determinaron el desplazamiento de 282.
En el departamento de Córdoba, las restricciones de movilidad generadas por grupos armados ilegales a la comunidad de Mogaratatadó, del municipio de Tierralta, desencadenó en el desplazamiento de 143 personas de la zona la Esmeralda, luego fueron confinadas estas comunidades en Mogaratatadó.
El reporte OCHA también identifica que en el municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), cerca de 407 personas fueron confinadas por el alto riesgo presentado en forma de actores armados y la instalación de minas antipersonales que resultó en graves restricciones a las actividades de pescadores y campesinos.
En el municipio de Tame (Arauca), aproximadamente 967 personas constituidas por población afrodescendiente, refugiada y migrante, permanecen confinadas.
Cerca de 53.900 lograron superar la crisis por confinamiento, pero siguen expuestas al dominio e injerencia de grupos armados ilegales. El 71% de las víctimas de confinamiento en 2022, hacen parte de las comunidades étnicas y un 77% de los casos ocurrieron en el departamento del Chocó.
Las principales causas que llevan a las comunidades al confinamiento son las acciones violentas de los actores armados, sus jornadas de censo y carnetización ilegales, los toques de queda, paros armados, las amenazas colectivas, los enfrentamientos entre actores armados, la instalación de Minas Antipersonales (MAP) y Municiones Sin Explotar (MSE), incursiones armadas y ataques a civiles.
Los departamentos más afectados por minas antipersonales son Antioquia (14 víctimas reportadas), Nariño (13), Cauca (12), Chocó (10), Norte de Santander (10) y Santander (8).
El conflicto armado sigue abriéndose paso en el país y las comunidades que siguen siendo víctimas están esperando que el “Cese al Fuego Multilateral” sea asumido por todos los actores armados y que esto sirva de alivio y esperanza a la difícil crisis que han padecido en los últimos años.
A.U.
