Bogotá, 9 oct – La formulación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro ha llevado al mandatario colombiano a presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y a atacar a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que lleva el caso.
El CNE consideró el martes que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder «por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales», pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.
El mandatario, que asegura que se está llevando a cabo un golpe de Estado en su contra, ha centrado desde entonces sus esfuerzos en defender su posición de que el CNE se extralimitó en sus funciones, en que no ha cometido ningún delito y en afirmar que no puede ser juzgado por este organismo administrativo.
Por esa razón, el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, aseguró que el mismo martes el Gobierno recurrió a la CorteIDH, pues considera que la decisión tomada por el CNE viola el voto popular con el que Petro fue elegido presidente en 2022.
En opinión de Rojas, se trata de «una situación que puede ser muy grave para la democracia en Colombia», pues «se ha desconocido el fuero que como derecho le asiste al presidente».
«Este es un procedimiento que es muy peligroso para la democracia, yo lo llamo golpe a la democracia», afirmó el vicecanciller, que ha comparado la situación con el proceso de destitución que vivió Dilma Rousseff en Brasil en 2015.
Petro ya acudió a la CorteIDH cuando la Procuraduría (Ministerio Público) lo suspendió en 2013 cuando era alcalde de Bogotá, por supuestas irregularidades en el trámite de un contrato de recogida de basuras y entonces el tribunal internacional determinó que sus derechos políticos fueron afectados por esta decisión.
Críticas al CNE
El presidente del CNE, el excongresista César Lorduy, afirmó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que ese organismo investiga pero no tiene la competencia para decidir si el presidente debe o no dejar el cargo.
Sin embargo, Petro lo acusó de tenderle una trampa para despojarlo del cargo: «Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario».
«No se me acusará de ningún delito que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña», agregó hoy Petro, quien acusó al exfiscal general Nestor Humberto Martínez, «copartidario del señor Lorduy y de (el exvicepresidente) Germán Vargas Lleras» de ser el autor de «la estrategia» de «un golpe de Estado con pruebas falsas».
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, abogó por tender «espacios de diálogo para tramitar las diferencias» y señaló que la decisión del CNE es «un obstáculo en el camino», pues considera que se «equivocó» e invitó a ese organismo a «reflexionar» sobre lo que está sucediendo.
«El CNE no puede investigar al jefe del Estado, que tiene un fuero integral que se desconoció con esta decisión y es muy mal precedente, más allá del presidente Petro», añadió Cristo.
Apoyo y críticas
El mandatario recibió este miércoles el respaldo de las centrales obreras que convocaron para el próximo 23 de octubre una manifestación de apoyo al presidente.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, señaló: «lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es prevaricar, violar la Constitución y la ley, es decir, está dando un golpe de Estado y frente a ese golpe de Estado vamos a estar en la calle».
En su opinión, la decisión del CNE «pone al país por fuera de la institucionalidad, de los canales constitucionales y legales y esto en términos muy políticos y muy prácticos también es un golpe de Estado».
Sin embargo, hay voces más críticas como la del exvicepresidente Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical, que aseguró que no está ocurriendo un «golpe blando» contra el mandatario, sino que hay una «dictadura de Petro contra cualquier decisión judicial convocando a una movilización popular».
Entre tanto, el senador Humberto de la Calle, que fue jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, pidió a todas las partes «serenarse».
«El presidente opta por la agitación, llama al cuerpo diplomático, todo ello sin razón sólida mientras este país que venía exhibiendo con orgullo un régimen democrático, sufre hacia afuera. Según el presidente somos doscientos años de esclavistas, corruptos y ahora, golpistas», afirmó De la Calle en la red social X.
EFE