Antioquia, Colombia, 7 agosto de 2022.- A pocas horas de la posesión del nuevo gobierno es necesario recordar los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos que lucharon por el cambio en Antioquia, pero a los que se les negó la posibilidad de este. Su búsqueda de una sociedad en paz y su voluntad de transformar territorios impactados una y otra vez por la violencia solo pudo ser detenida a costa de su propia vida. Su pérdida dejó huérfanos, viudas y ausencias para esas familias y comunidades que acompañaron su vocación y convicción de un futuro diferente. Son más de 150 voces silenciadas y cuerpos ausentados; no queremos que sean más, no queremos perder a uno más.
Es así como Corpades y el portal de Análisis Urbano ofrecen un mapa interactivo y una base de datos de los líderes y lideresas asesinados/as en Antioquia entre agosto de 2016 y agosto de 2022, resultados del trabajo de su equipo de investigación. Sin dejar de ser conscientes de las complejidades y condiciones que hay detrás de cada cifra, con ambas herramientas se busca que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en general conozcan las principales causas y particularidades que han llevado a pérdida de liderazgos en el departamento. Esta información estadística y geográfica podrá ser usada de manera libre y abierta, teniendo en cuenta que puede ser levemente modificada por diversos motivos en el futuro.
¿Qué nos dicen 6 años de líderes y lideresas asesinados/as?
La base de datos construida por el equipo de Corpades y Análisis Urbano tiene en cuenta tanto variables sociales y territoriales en sus registros, lo que permitió la ubicación geográfica a nivel veredal y barrial del más del 97% de los hechos. Como resultado se obtuvo que el 88.24% de las personas asesinadas en función de su liderazgo fueron víctimas en municipios con alertas de la Defensoría del Pueblo y en zonas focalizadas por esta entidad.
En el mapa interactivo se puede acceder visualmente a esta información en la opción «Nivel del riesgo (municipios)«
Los datos señalan además que entre mayor nivel de riesgo mayor es la probabilidad de que un líder o lideresa se vea vulnerado en su función. En efecto, como se evidencia en el gráfico, el 44% de los casos sucedieron en municipios categorizados con un riesgo extremo y el 38% en municipios con uno alto. En Antioquia, cuatro de los municipios se ubican en la subregión del Bajo Cauca (Tarazá, Cáceres, Caucasia y El Bagre), dos en el Valle de Aburrá (Medellín y Bello) y el resto en otras subregiones (Murindó, Santa Bárbara y Argelia).
En ese sentido, es importante que el nuevo gobierno acate y considere seriamente las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en sus diferentes alertas durante los últimos años; en pocas palabras, que las convierta en acciones de alta prioridad, a la vez que avanza con las reformas necesarias para el desmonte de las estructuras herederas del paramilitarismo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, no solo de Antioquia, sino del país. Con esto se allanaría el camino para superar las condiciones estructurales de inseguridad que conllevan a la afectación social y política de los liderazgos en los territorios.
Esta consideración se corresponde con el hecho de que el 76% (117) de los homicidios de líderes sociales tuvieron así mismo lugar en municipio ZOMAC, esto es, en municipios que agrupan las zonas del país y del departamento más afectadas por el conflicto armado social y político. El asesinato de líderes y lideresas en estas zonas es señal de que los factores y elementos estructurales del conflicto aún tienen efectos sobre dichos territorios y sus comunidades.
A través de la opción «Variable territorial», en el mapa interactivo, se puede contrastar geográficamente esta información y cruzar con alguno de los niveles de riesgo.
Al repetir este ejercicio con los municipios PDET se llega una conclusión similar, lo que es natural considerando que parte de los municipios con ZOMAC son también municipios PDET. De acuerdo con los datos recolectados por Análisis Urbano 9 lideresas, 82 líderes y 2 liderazgos de población diversa fueron asesinados en municipios PDET, lo que se corresponde con el 60% de los casos, ubicados principalmente en municipios de las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca y Urabá de Antioquia. De hecho, es posible concluir con los datos que estas subregiones son las más críticas para los liderazgos en la región, a las que se les debe sumar los municipios de Ituango, Dabeiba y Medellín; de manera que se les debe prestar mayor atención en una política pública con efectos reales para líderes y lideresas y sus condiciones de seguridad, lo que incluye a sus comunidades.
Por otra parte, una consideración particular debe tener los municipios PNIS, que en Antioquia son a su vez municipios PDET, ZOMAC, con alertas de la Defensoría del PUEBLO y con Zonas Futuro; siendo estas últimas un intento fallido del ya finalizado gobierno Duque por consolidar militarmente la zona. En estos 5 municipios (ver en el mapa interactivo), se concentra el 31% de los líderes y las lideres asesinados/das en Antioquia en los últimos seis años, prácticamente desde la firma de los acuerdos de paz. En su momento se argumentó que estos asesinatos se debían en su mayoría a problemas relacionados con el narcotráfico, pero la información recolectada por Análisis urbano y los testimonios de organizaciones desmintieron totalmente y hace mucho dicha afirmación.
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el tipo de liderazgo más afectado en los municipios PNIS de Antioquia fue el comunal con un 63% (30 casos de 48). Personas que pertenecían y lideraban procesos desde sus Juntas de Acción Comunal no solo fueron asesinadas; también padecieron amenazas, hostigamientos, desplazamientos individuales y colectivos, asesinatos de seres queridos y de personas de sus núcleos familiares, por lo que estamos hablando de una afectación a las comunidades de estos municipios sin precedentes, en pleno esfuerzo por construir paz desde los territorios.
Por tal motivo, es indispensable que el gobierno prepondere por las acciones necesarias para el restablecimiento de las funciones y dinámicas comunitarias de estas organizaciones en los territorios, en especial en estos 5 municipios del departamento impactados por la economía de la coca, la violencia y pobreza. En algunos casos se hará necesario que también se recuperen ciertas Juntas de Acción Comunal, cooptadas por estructuras criminales, y se les asigne la tarea de puente político entre el territorio, las comunidades y el Estado. Este 63% de líderes comunales asesinados en los municipios PNIS es una afectación directa a casi tres cuartas partes del tejido comunitario en esos territorios, a los que debemos sumar los liderazgos campesinos y comunitarios que se perdieron en estos 6 años.
Son muchos los elementos que se pueden analizar a partir de la aplicación y de la base de datos. Sin embargo, estos serán tratados en otra entrega y quedarán por ahora en manos de las personas que accedan al mapa y la información en este contenida. Ofrecemos disculpas por solo ocuparnos de un breve análisis a partir de las variables territoriales del mapa. Esperamos nos entiendan.
A.U.
