Redacción Análisis Urbano
Hoy, domingo 31 de mayo, los habitantes de las comunas y los corregimientos de Medellín asistieron a la jornada de elección de delegados barriales del programa Planeación Local y Presupuesto Participativo. Pareciera esta ser la fiesta de la democracia participativa y no representativa; según la administración municipal, 5.834 ciudadanos se inscribieron buscando ser elegidos, de estos, 1.698 estarán en el proceso que priorizará las problemáticas y las alternativas de solución en las que se va a invertir la no despreciable cifra de 171 mil millones de pesos del presupuesto municipal en el año 2016, mediante encuentros en cada territorio, denominados Consejos Comunales. Allí se definirán propuestas y/o proyectos, lo mismo que los montos de presupuesto que han de asignarle a cada uno.
Estas iniciativas comunitarias son las que se han venido planeando desde hace varios años y que buscan darle desarrollo a los barrios en diferentes áreas como: salud, desarrollo económico, educación, ambiente, infraestructura vial, equipamientos, convivencia, vivienda, recreación, deporte, cultura y participación ciudadana.
Este programa tiene antecedentes desde los años 90 —cuando se denominaba POAI— y con el tiempo, las diferentes alcaldías han cambiado sus metodologías y nombres, pero con la misma esencia: participación de las comunidades en la priorización de recursos públicos que corresponden al 5% del presupuesto anual de la municipalidad.
Se afirma que los participantes representan los intereses colectivos del barrio o la vereda, ya que pertenecen a las organizaciones sociales, solidarias y comunitarias, grupos poblacionales, ente otros. Si esto es cierto, todo será transparente y democrático en la ciudad más innovadora del mundo.
Son muchos los logros obtenidos por las comunidades. Se cuentan entre ellos las becas para estudiantes con escasos recursos económicos, la construcción de cables aéreos, la dotación de acueductos y la recuperación de fuentes de agua.
Sin embargo, el programa no ha sido ajeno a la dinámica de violencia y criminalidad de la ciudad desde el mismo momento en que se instwpó con el nombre de Presupuesto Participativo, en 2004. Esta metodología, que se inspiró en la experiencia de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, se impulsó en el mandato del entonces alcalde Sergio Fajardo Valderrama; en ese periodo de falsa paz, la estructura paramafiosa de la Oficina, en cabeza de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, orientó a los supuestos líderes desmovilizados —muchos de los cuales eran luchadores por la paz en el día y asesinos consagrados en las noches—, de los bloques urbanos del Bloque Cacique Nutibara y Bloque Héroes de Granada, para que iniciaran el proceso de la toma de la vida comunitaria y, por ende, de sus organizaciones. Para tal fin crearon más de 300 corporaciones, fundaciones y asociaciones, la mayoría bajo la batuta de la Corporación Democracia, el brazo político de la Oficina, para que se insertaran en el trabajo social.
Fue una época de prebendas, amenazas, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos de líderes y líderesas, ese era el pan de cada día para las organizaciones sociales y comunitarias.
La estrategia les dio resultado a los paramilitares. Desde 2004 se priorizó a los criminales que fungían como legales para que usufrutuaran el presupuesto y suplantaran a las organizaciones sociales, en la actualidad se les sigue tolerando su participación porque supuestamente tienen tranquilas las zonas.
Cabe recordar que desde hace once años se vienen presentando denuncias sobre la participación directa o en cuerpo ajeno de la criminalidad urbana, ningún mandatario a la fecha ha dado la cara para desvirtuar las mismas.
Análisis Urbano se ha dado a la tarea de analizar lo que rodea a Presupuesto Participativo y hace la denuncia lanzando la siguiente pregunta: ¿Qué papel cumplen las estructuras paramafiosas de Los Urabeños y la Oficina del Valle del Aburrá y sus 350 bandas en este ejercicio democrático llamado?
Cabe recordar que en pleno proceso de desmovilización de las AUC, a través de organizaciones “fantasmas”, integrante de este grupo ilegal cooptaron el escenario de discusión y las buenas intenciones ciudadanas quedaron relegadas a un segundo plano en medio de amenazas a delegados honestos, fortalecimiento de estructuras armadas y su economía ilegal a través de la contratación pública; además de homicidios de líderes que no permitían el avance ilegal de las mafias en lo público mediante su permanente denuncia. Tal es el caso de Juan David Quintana, asesinado el pasado 27 de mayo. El clientelismo politiquero en la contratación, la lista de delegados adscritos a estructuras armadas, la extorción a contratistas que prestan servicios a entidades como Secretaría del Medio Ambiente, Infraestructura, Instituto de Recreación y Deporte, Inder,, entre otros factores son los que tienen que enfrentar las comunidades en la ejecución del programa Planeación Local y Presupuesto Participativo. No existe una estrategia que permita un seguimiento real por parte de las comunidades a la ejecución de estos recursos en sus territorios y mucho menos una voluntad política por parte de la alcaldía para revisar metodológica y estratégicamente el programa.
Según denuncias públicas del concejal Jesús Aníbal Echeverry, cerca de un 40% de los recursos asignados a este programa se quedan en las arcas de la criminalidad, Corpades ha calculado que cerca del 70% de las organizaciones pertenecientes a las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 y 15, y a los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista, están cooptadas por la fuerza o por complicidad directa con la delincuencia neoparamilitar de la ciudad. Pero lo más preocupante de esto es que las entidades del Estado, como la Alcaldía de Medellín, responsable directa del programa, solamente se limitan a rendir declaraciones ante los medios de comunicación meramente justificativas y no adoptan una posición firme frente a esta problemática.
Es de anotar que la denuncia que afirma que un porcentaje del Presupuesto Participativo de Medellín queda en manos de la criminalidad no es cosa nueva.
El Presupuesto Participativo tiene dueños criminales
Dos formas utilizan las estructuras paramafiosas para tener el control del dinero de este programa de participación comunitaria: pagadiarios y “vacunas”. En la primera ofrecen prestar el dinero necesario para ejecutar los proyectos, ya que las organizaciones contratantes no tienen los recursos para iniciar el trabajo con el que se han comprometido en la ejecución de los recursos asignados. En la segunda, la “vacuna”, piden el 20% por la ejecución del proyecto. Hay otra forma de controlar igual de criminal el presupuesto y se hace desde los amigos de la alcaldía. Ellos define a quién y cómo se entrega el presupuesto. Situación aún más evidente en un año electoral, cuando el clientelismo, la politiquería y la criminalidad harán su agosto. Sin duda, el programa es muy atractivo para legales e ilegales ya que les permite tener votos, poder, control y recursos económicos.
Hoy se eligen delegados, ¿quién nos podrá decir si todas las personas que participarán en el proceso son miembros de organizaciones sociales y comunitarias o si hay algunos que son testaferros del orden establecido: gobierno institucional y cogobierno criminal?
Se requiere con urgencia un alto en este proceso público para poder construir una herramienta de seguimiento a la inversión gubernamental en la ciudad con las comunidades y las fuerzas legítimamente constituidas, tanto administrativas como de justicia del Estado, en un dialogo franco y desligado de las mafias infiltradas en la administración pública; de lo contrario el desangre de los dineros públicos será evidente tras su destinación a fortalecer económica y políticamente las estructuras del bandidaje y la corrupción administrativa de la ciudad. Mientras tanto, la ciudadanía seguirá mirando con inocencia este programa, con la esperanza del desarrollo para sus barrios, comunas y corregimientos; pero que, en las condiciones actuales, no es más que un camino muy corto para morir asesinados bajo las balas accionadas por criminales al servicio de la mafia que actúan de la mano con las entidades públicas ya sea por acción o por omisión.
Paradójicamente la Alcaldía de Medellín en el mes de mayo está celebrando “El mes por la vida” y en el mes dos líderes han sido asesinados por evidenciar la corrupción en el programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo: Viviana Agudelo y Juan David Duque, en el caso del asesinato de Luis Fernando Wolff Isaza, al parecer fue motivado por las graves denuncias sobre malos manejos y desfalco de recursos públicos del Carlos E. Restrepo. Señor Alcalde cuantos y cuantas más han de morir para que su administración adopte una posición firme ante las mafias asesinas de la ciudad, ¿Será que el robo al presupuesto público no le interesa a su administración enfrentar?
Fuentes
Presupuesto Participativo de Medellín estaría en manos de delincuentes
Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín
Capturado el presunto asesino del líder comunitario John Alexander Pulgarín
El PP está al alcance del crimen
Medellín asolada por los ladrones
En Medellín la cosa está que arde
