San Salvador, 1 de junio.- Los constantes choques con los órganos Legislativo y Judicial son la marca distintiva del primer año del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, donde diversos sectores han señalado actitudes «autoritarias» que, a su juicio, socavan la joven democracia salvadoreña, incluso en medio de la pandemia del COVID-19.
Estas son algunas de las claves del primer año de Bukele al frente del Ejecutivo salvadoreño.
SOLDADOS EN EL CONGRESO
El ingreso de Bukele a la Asamblea Legislativa con soldados y policías armados el 9 de febrero pasado marcó el comienzo de fuertes confrontaciones, principalmente con este órgano, las cuales aún despierta temores entre analistas.
Los líderes opositores acusaron a Bukele de intentar dar un «golpe de Estado».
Para el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, esta acción es la «más obvia y más evidente» muestra «autoritaria del presidente».
Escobar dijo a Efe que entre las organizaciones sociales existe «el temor» de que se repitan este tipo de acciones al no tener un «freno adecuado» en los próximos 4 años.
«El presidente puede de nuevo, si no aprendió la lección de no utilizar la Fuerza Armada y la Policía, generar una crisis» en el marco de la necesidad fondos, apuntó Escobar.
En una inusual entrevista con el rapero puertorriqueño Residente, Bukele dijo que su ingreso al Congreso fue para presionar a los diputados para la financiación de sus planes de seguridad.
En la referida fecha, conocida con «9F», Bukele ingresó al recinto legislativo para sentarse en la silla del líder de este órgano y orar.
Tras varios minutos, salió para encontrarse con miles de sus seguidores, de los que varios gritaban «insurrección, insurrección», para pedirles «paciencia».
«Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón», dijo el jefe de Estado escoltado por soldados de élite.
EL COVID-19 Y LAS CONTINUAS CONFRONTACIONES
El recrudecimiento de las polémicas del Ejecutivo de Bukele con el Legislativo y Judicial, que han lastrado su imagen hacia el exterior, se ha dado en el marco de la pandemia del COVID-19.
El mandatario acusa a estos órganos de retirarle facultades para atender la crisis sanitaria, que ya sobrepasó la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes.
A mediados de abril, Bukele publicó en sus redes sociales que no acataría un fallo judicial en el que se le ordenó parar la detención y el confinamiento forzoso de quienes supuestamente se saltan la cuarentena domiciliar.
«No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera» y «así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir», manifestó en su momento el presidente.
En respuesta, los jueces del Supremo pidieron a los cuerpos de seguridad «desobedecer órdenes inconstitucionales o ilegales».
Las tensiones se volvieron a repetir cuando la Sala de lo Constitucional suspendió dos decretos ejecutivos en los que Bukele declaró emergencia nacional, tras prescindir del Congreso, para revisar su legalidad.
El 20 de mayo pasado, el presidente Bukele aseguró que «todas las medidas que ha tomado el Gobierno de El Salvador, a pesar de las campañas que dicen que son dictatoriales, son recomendadas por la OPS (Organización Panamericana de la Salud)».
CONFRONTACIÓN DE CARA A ELECCIONES
De acuerdo con Escobar este primer año de Bukele está marcado por «la confrontación con el resto de órganos y los excesos en el ejercicio del poder, que han implicado invadir competencias».
Aseguró que el mandatario busca «potenciar» la confrontación para obtener «réditos electorales» al colocar en «el imaginario que el enemigo del pueblo son los diputados» y combinarlo con su alta popularidad.
El Salvador realizará en 2021 elecciones legislativas, en las que se prevé que el partido formado por el movimiento Nuevas Ideas, fundado por Bukele, obtenga mayoría y supere a los partidos de oposición, que actualmente controlan el Parlamento.
Este partido fue la primera alternativa del mandatario para competir en las elecciones de 2019, pero su retraso en la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros problemas lo llevaron a usar como vehículo a la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
BAJA SENSIBLE EN HOMICIDIOS
De acuerdo con el Gobierno, la baja en los asesinatos es uno de los principales logros de este primer año de gestión, al pasar de 4.635 homicidios en los primeros 12 meses del Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) a 1.547, una diferencia a la baja del 66,6 %. De hecho, las cifras oficiales sitúan esta cifra por debajo de los registros de los últimos 4 mandatarios.
El difunto Francisco Flores registró 2.315 muertes violentas en su primer año, Elías Antonio Saca tuvo 3.130 y Mauricio Funes 4.397.
La actual Administración atribuye esta sensible disminución al desarrollo de un plan de control territorial que concentra a más 7.000 miembros de la Policía y del Ejército en 22 localidades para tratar de cortar la fuentes de financiación de las pandillas.
No obstante, diversos analistas señalan que la disminución de las muertes violentas se viene registrando desde el año 2016, luego de que el país tuviera en 2015 el año más violento de su historia reciente con 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Para Celia Medrano, directora regional de programas de la organización Cristosal, esta es «una tendencia marcada desde el 2016» y «no podemos atribuir la disminución del registro de homicidios exclusivamente a políticas de seguridad pública implementadas por el actual Gobierno».
MÚSCULO DE LAS PANDILLAS
En el marco de la pandemia del COVID-19 la baja en los asesinatos se acentuó, situación que para Medrano «es natural» en el contexto de una emergencia.
Sin embargo, la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), la más numerosa del país y con alcance internacional, protagonizó una escalada en las muertes violentas a finales de abril.
Datos de la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionados a Efe indican que entre el 24 y el 30 de abril pasados se registraron al menos 90 asesinatos, lo que supone una media diaria de aproximadamente 13 homicidios, lejos de los índices de un dígito registrados en meses anteriores.
Para controlar el alza, el mandatario ordenó sellar las celdas de unos 16.000 pandilleros, para evitar la salida de órdenes de asesinatos de las prisiones, y habilitó a sus cuerpos de seguridad a usar la «fuerza letal».
De acuerdo con Medrado, la escalada de asesinatos «desmiente la efectividad de la disminución de las acciones de grupos de pandillas y crimen organizado» atribuidos al gubernamental plan de «control territorial».
La llegada de Bukele al Gobierno supuso la ruptura del bipartidismo que la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que expulsó a Bukele en 2017, que mantuvieron durante tres décadas.
Hugo Sánchez
EFE
