Todo lo relacionado con los jueces que revisarán la condena al exministro Andrés Felipe Arias es incierto. Desde que la Sala Penal admitió el estudio del recurso de impugnación en cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional, quedaron por fuera tres magistrados. Patricia Salazar, Eugenio Fernández Carlier y Eyder Patiño habían firmado hace seis años la sentencia condenatoria a 17 años de prisión contra el exfuncionario, por lo que su voto ahora podría incurrir en una falta por prejuzgamiento.
En consecuencia, la balota se tuvo que sortear entre los seis magistrados de la Sala Penal restantes. La ponencia le correspondió al magistrado Gerson Chaverra, quien debía fallar acompañado de Luis Antonio Hernández y Jaime Humberto Moreno. Pero esta sala también se desbarató.
Esta semana, los tres manifestaron su impedimento para pronunciarse sobre el caso. Chaverra lo hizo porque como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá tuvo que hacer una legalización de búsqueda selectiva en base de datos dentro de uno de los procesos de Agro Ingreso Seguro. Según él, en ese pronunciamiento sacó conclusiones que pueden comprometer su independencia en el actual estudio.
Los otros dos impedimentos registrados fueron los de los magistrados Luis Hernández y Jaime Humberto Moreno. El primero como ponente y el segundo como integrante de la sala, decidieron dejar en firme la sentencia condenatoria a los hermanos Inés Margarita y José Francisco Vives Lacouture. En septiembre de 2019, la corte se negó a casar la decisión que los encontró responsables de recibir recursos del programa Agro Ingreso Seguro de forma irregular y les tasó una pena de 11 años y 8 meses de prisión.
El impedimento -conocido por Revista Semana- asegura que ambos suscribieron el fallo en casación SP3874 de 2019. «Desde luego que esa resolución implicó admitir que en el crimen contra el patrimonio del Estado concurrieron sujetos activos con la calidad de servidor público. En concreto, funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con disponibilidad jurídica y material sobre los recursos de la entidad», dice el documento.
Adicionalmente, Hernández y Moreno manifiestan que era posible deducir con la decisión de los Vives «que en la ejecución de la conducta punible investigada participaron servidores públicos y particulares». Y el sujeto activo calificado del peculado -según señala el impedimento- no es otro que el exministro de Agricultura que fue condenado.
¿Qué sigue?
Con esta manifestación, el caso de Arias pasó al despacho del magistrado Fabio Ospitia Garzón. El jurista deberá hacer sala con los magistrados Hugo Quintero y José Francisco Acuña. No obstante, de entrada se sabe que Acuña también firmó la sentencia de los Vives Lacouture, así que es posible que se adhiera al mismo impedimento.
Los magistrados Quintero y Ospitia están estudiando sus anteriores pronunciamientos para decidir si ameritan impedimentos. Por lo pronto, se prevé que se necesitará un conjuez para decidir sobre los impedimentos de cuatro magistrados (Acuña, Chaverra, Moreno y Hernández). Si prosperan los impedimentos de sus colegas, serán Ospitia, Quintero y un conjuez los encargados de revisar la condena a Arias.
Al tratarse de un recurso inédito de impugnación y que involucra una de las decisiones más importantes de la justicia, la que condenó al exministro a 17 años de prisión, era previsible que la Sala Penal casi totalmente daría un paso al costado.
De hecho, se sabía que la estrategia de defensa de Andrés Felipe Arias comenzaría por polemizar acerca de los magistrados de la actual Sala Penal. Pero todo parece indicar que no será necesario concentrarse en este punto pues la mayoría de la Sala Penal autónomamente está apartándose del debate, con el fin de que Arias tenga plenas garantías de un juez imparcial.
Tomado de Revista Semana
