CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA (8 MAR 2024) – En una actuación que demuestra la eficacia de la justicia colombiana en la lucha contra el crimen, un juez con funciones de control de garantías ha decidido acoger los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y ordenar la reclusión en cárcel a Diego Andrés Cárdenas Ferrer. Este individuo es señalado como el presunto responsable de un homicidio perpetrado el 11 de junio de 2023 en el barrio Pueblo Nuevo de Cúcuta, Norte de Santander, sumiendo en duelo a la comunidad local.
De acuerdo con la investigación, el procesado se desmontó de una motocicleta y, presuntamente, efectuó varios disparos contra la víctima, quien más tarde sucumbió a las heridas en un centro hospitalario. Este acto de violencia ha dejado una marca indeleble en el barrio, recordando la urgencia de combatir la criminalidad con determinación.
La detención de Cárdenas Ferrer, realizada el 5 de marzo por efectivos de la Policía Nacional, fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre un fiscal del Grupo de Vida, investigadores del CTI, y la Policía Nacional, quienes, mediante actividades de policía judicial tales como declaraciones y entrevistas, lograron identificar al presunto autor del crimen.
A Cárdenas Ferrer se le han imputado los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, cargos ante los cuales ha decidido no allanarse. Esta medida de aseguramiento no solo representa un paso adelante en la búsqueda de justicia para la víctima y sus seres queridos, sino que también envía un mensaje claro de que actos de esta naturaleza no quedarán impunes en la sociedad colombiana.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.